El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, un cambio legislativo que revoluciona la política farmacéutica tal y como ha funcionado en España durante las dos últimas décadas. La principal novedad es que los grupos de medicamentos idénticos, que ahora cuestan todos lo mismo en la farmacia si quieren ser financiados por la sanidad pública, podrán tener distintos precios y será el paciente el que podrá elegir cuál prefiere.
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley del medicamento. Los profesionales de enfermería y fisioterapia podrán emitir recetas en su ámbito de competencia
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, un cambio legislativo que revoluciona la política farmacéutica tal y como ha funcionado en España durante las dos últimas décadas. La principal novedad es que los grupos de medicamentos idénticos, que ahora cuestan todos lo mismo en la farmacia si quieren ser financiados por la sanidad pública, podrán tener distintos precios y será el paciente el que podrá elegir cuál prefiere.
El Ministerio de Sanidad pondrá un importe máximo financiado y las empresas fabricantes de genéricos podrán competir a la baja para intentar ganar cuota de mercado. Por el contrario, si las farmacéuticas que venden medicamentos de marca —como el Gelocatil con el paracetamol o el Nolotil con el midazolam— quieren poner precios un poco más altos, podrán hacerlo y será el paciente el que asuma la diferencia. Dentro de ese importe máximo financiado por la sanidad pública, los pacientes seguirán asumiendo el copago actual según su renta (o no pagarán nada si son pensionistas, salvo que elijan uno de marca con un precio más alto).
El objetivo que persigue Sanidad es dar un impulso a la penetración de los genéricos que a su vez ayude a rebajar la factura farmacéutica. Con el sistema actual de precios de referencia, los genéricos se venden en España en muchos casos con precios más altos que en países con mayor renta, como Suecia. El proyecto de ley ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros y ahora será remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, lo que dependerá de la posición que adopten el PP, Junts y otras fuerzas políticas.
La nueva norma también introduce novedades importantes para garantizar el abastecimiento y mitigar los recurrentes problemas de suministro de algunos fármacos. La más destacada es la introducción del concepto de “medicamento estratégico”, que se define como “aquel indispensable para el sistema de salud y cuya cadena de suministro es vulnerable”. Para evitar que las farmacias se queden sin existencias, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá adoptar “medidas económicas y regulatorias especiales que eviten desabastecimientos”. Entre las nuevas acciones previstas, se refuerza la obligación de fabricantes, distribuidores y farmacias de comunicar a Sanidad las existencias disponibles para poder tener un mayor control y previsión de potenciales carencias.
Sobre el nuevo modelo de financiación y precios de fármacos, la nueva ley prevé impulsar un nuevo sistema llamado de “precios dinámicos” que será complementario al actual de “precios de referencia”. Este último divide todos los medicamentos en grupos de fármacos iguales que tienen el mismo principio activo y forma de administración. Una vez al año, Sanidad revisa el precio al que se venden y lo revisa a la baja para consolidar el ahorro estructural del sistema.
Con los nuevos precios dinámicos, Sanidad pretende impulsar que los precios se ajusten de “forma progresiva y automática”, es decir, más rápidamente, según la cuota de mercado que vayan alcanzando los fármacos genéricos y biosimilares al expirar la patente de los medicamentos innovadores de marca. Cada medicamento podrá estar regulado por el sistema de precios de referencia o el de precios dinámicos, pero no por los dos a la vez.
Acelerar la llegada de fármacos
Otra novedad importante de la ley es que abre la puerta a acelerar la llegada a la sanidad pública de los nuevos medicamentos para los que no existen alternativas y que cubren una necesidad no cubierta. Actualmente hay que esperar a que Sanidad y las farmacéuticas alcancen un acuerdo sobre el precio. Con el cambio normativo, se abre una ventana de 180 días para que hospitales y centros de salud puedan empezar a administrar los fármacos innovadores antes de que se formalice el acuerdo.
En esta primera fase, el precio que pagará la sanidad pública será el solicitado por la farmacéutica, aunque con posterioridad esto será revisado y las compañías deberán “compensar o devolver las cantidades correspondientes” si el fármaco no obtiene los resultados esperados o el precio final acordado es más bajo.
Esta vía está pensada para medicamentos con unos resultados avalados con una evidencia científica robusta, aunque muy costosos, como el indicado para la enfermedad rara llamada piel de mariposa. Según fuentes de Sanidad, en cambio, esta fórmula no sería aplicable para fármacos cuya eficacia aún está sujeta a una gran incertidumbre, como las nuevas terapias frente al alzhéimer, que la semana pasada provocaron un sonoro encontronazo entre las administraciones públicas y la farmacéutica Eli Lilly.
La Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios también reconoce formalmente la capacidad para recetar medicamentos a nuevos profesionales, como el personal de enfermería y los fisioterapeutas, siempre dentro de sus ámbitos de competencia. Estos grupos se suman así a los odontólogos y podólogos, además de los médicos. En el plazo de un año se actualizará el marco reglamentario para garantizar la efectividad de esta medida. Este proceso, según Sanidad, “incluye la elaboración y publicación de protocolos interdisciplinares diseñados para facilitar la coordinación operativa entre médicos, enfermeros y fisioterapeutas, asegurando en todo momento una atención integral y coherente al paciente”.
Por último, la futura norma regula nuevas fórmulas para “facilitar el acceso a los medicamentos cuando existan situaciones sanitarias excepcionales o cuando la situación clínica, de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad del paciente dificulte el desplazamiento”. En la práctica, esto permitirá al paciente recibir los medicamentos que necesita en su domicilio sin tener que acudir físicamente a la farmacia comunitaria o al servicio de farmacia hospitalaria.
Sanidad insiste en que esto no supone que se vaya a implantar la “venta a distancia de los medicamentos”, sino que lo que se pretende es “acercar la dispensación al paciente cuando concurran circunstancias justificadas que lo motiven y siempre que se mantenga el control profesional farmacéutico” en todo el proceso.
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