Este lunes el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Iglesia católica en España firmamos un histórico protocolo para activar un sistema de reparación a quienes siendo menores o personas con discapacidad sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y ya no pueden acudir a los tribunales de justicia. Este acuerdo ha culminado un proceso de negociación de dos años en el que el Gobierno ha apostado por el diálogo y el entendimiento, desde la firmeza en la defensa de las víctimas, para dar una respuesta eficaz a una realidad que había permanecido ignorada durante décadas.
¿Acaso debemos Gobierno e Iglesia limitar de antemano la cuantía que una persona pueda recibir como máximo por los abusos sufridos?
Este lunes el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Iglesia católica en España firmamos un histórico protocolo para activar un sistema de reparación a quienes siendo menores o personas con discapacidad sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y ya no pueden acudir a los tribunales de justicia. Este acuerdo ha culminado un proceso de negociación de dos años en el que el Gobierno ha apostado por el diálogo y el entendimiento, desde la firmeza en la defensa de las víctimas, para dar una respuesta eficaz a una realidad que había permanecido ignorada durante décadas.
La necesidad de hacer frente a esta situación comenzó a ver la luz gracias al trabajo periodístico de medios como EL PAÍS, al coraje de las asociaciones de víctimas, y al rigor del Defensor del Pueblo, que, a instancia del Parlamento, hizo público en octubre de 2023 un informe fundamental en el que apuntaba hacia la necesidad de configurar un sistema mixto de reconocimiento y reparación, donde el Estado tuviera un rol principal.
Tras conocer el informe, la Iglesia decidió poner en marcha unilateralmente un plan de reparación (el sistema PRIVA) que no contó con el respaldo de la inmensa mayoría de representantes de las víctimas, que entendieron que la Iglesia actuaba como juez y parte. En este tiempo, no ha sido fácil convencer a los responsables eclesiásticos españoles de que el PRIVA, por bien intencionado que fuera, y por más que cuente con expertos y excelentes profesionales, no era la respuesta que las victimas esperaban.
En este proceso ha sido necesario un esfuerzo por ambas partes, Estado e Iglesia: reuniones al máximo nivel, reuniones técnicas, docenas de intercambios de borradores, conversaciones con víctimas, contactos diplomáticos con la Santa Sede, y un largo etcétera que el lector y la lectora podrá imaginar. La complejidad y el trabajo que hay detrás de este acuerdo es tan grande como el reto al que nos enfrentábamos. Y en todo este tiempo, una única idea ha guiado la acción del Gobierno: dar la respuesta más eficaz posible a quienes, siendo menores o personas con discapacidad, padecieron abusos sexuales en su parroquia, su colegio religioso o cualquier otro espacio eclesiástico.
El sistema de reparación que pondremos en funcionamiento el próximo 15 de abril se sostiene en cuatro pilares. En primer lugar, cualquier víctima, haya sido previamente compensada o no por la Iglesia, podrá plantear su caso para que sea estudiado por el Defensor del Pueblo, que tendrá la última palabra si no se alcanza una solución de consenso. En segundo lugar, los representantes de las víctimas tendrán derecho a participar del sistema. En tercer lugar, la Iglesia se compromete a dar cumplimiento íntegro a las decisiones que tome el Defensor del Pueblo. Y por último, el Defensor del Pueblo adoptará sus decisiones a través de una Unidad de Victimas asistida por especialistas y profesionales independientes, que determinarán en cada caso cuál es la reparación más adecuada, de acuerdo con las herramientas que consideren necesario emplear.
Por ello, me ha sorprendido que el editorial de ayer [de este 31 de marzo] de EL PAÍS calificara como “decepcionante” que el protocolo acordado el lunes no contenga los baremos que pueda emplear el Defensor del Pueblo. No es esa la opinión de la práctica totalidad de las víctimas. ¿Acaso debemos Gobierno e Iglesia limitar de antemano la cuantía que una persona pueda recibir como máximo por los abusos sufridos? ¿Cuál sería una reparación justa de un caso extremo de abusos sexuales que hubiera dado lugar al suicidio de la víctima? ¿De verdad alguien piensa que unos baremos mínimos y máximos, pactados con la Iglesia, favorecen a las víctimas? Las partes de este acuerdo hemos concluido que no es lo deseable, y la Iglesia ha aceptado que abonará las cantidades que determine el Defensor del Pueblo, pese a no encontrarse limitadas de antemano.
El Gobierno cree firmemente en una política útil, que busca resolver los problemas de la ciudadanía, y atiende muy especialmente a quienes más necesitan del apoyo y la protección de los poderes públicos. Para lograr este acuerdo, todos hemos hecho un gran esfuerzo, pero su consecución solo ha sido posible gracias a las víctimas. A ellas quiero agradecer desde estas líneas su valentía, su coraje, su entereza, su paciencia y su ejemplo en este camino.
Sociedad en EL PAÍS
