En agosto de 2024 unos trabajadores del centro Cometa ―el que hace el seguimiento de los dispositivos antimaltratadores― grabaron un vídeo en el que se muestra cómo en solo 11 segundos un agresor podía desconectar la pulsera. En el clip se ve que el usuario tiene la posibilidad de gestionar permisos para vincularse a dispositivos cercanos. Es decir, para tener el móvil conectado, o no, al brazalete que llevan en la muñeca, sin que saltara ninguna señal. Sin pulsera y dispositivo vinculados, y sin alerta en el sistema, podía moverse por donde quisiera. En marzo de 2025, el acta de una reunión entre la plantilla de ese centro, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y adjudicatarias (Vodafone y Securitas) refleja que eso, siete meses después, seguía siendo posible.
Alrededor de medio centenar de incidencias
Desde el 17 de septiembre, este diario ha tenido constancia a través de múltiple documentación de alrededor de medio centenar de incidencias desde que comenzó el servicio con las últimas adjudicatarias, Vodafone y Securitas, y al menos durante un año y medio. Y no han afectado solo a los dispositivos, han sido múltiples y en diversas áreas. Desde fallos en el funcionamiento del centro, en la gestión de los recursos humanos, la plataforma con la que trabajan y los dispositivos.
Entre ellas hay errores en los posicionamientos, a veces de kilómetros; aparatos que emiten alertas sin motivo y otros que no saltan a pesar de que el agresor haya entrado en la zona de exclusión fijada; órdenes dadas por superiores a los técnicos que no pueden hacerse por protocolo como cerrar alertas sin seguir el procedimiento; falta de personal tanto en la sala de control como en el equipo de campo, el que se ocupa de instalar, desinstalar y mantener y revisar los dispositivos.
También carencia de material en momentos puntuales, o falta de formación tanto en el sistema con el que trabajan como con los dispositivos o en el ámbito en el que esto se enmarca, la violencia de género y la sexual.
Trabajadores de Cometa grabaron un vídeo que mostraba la facilidad para desconectar el dispositivo, problema que persistió durante al menos ocho meses antes de solucionarse
En agosto de 2024 unos trabajadores del centro Cometa ―el que hace el seguimiento de los dispositivos antimaltratadores― grabaron un vídeo en el que se muestra cómo en solo 11 segundos un agresor podía desconectar la pulsera. En el clip se ve que el usuario tiene la posibilidad de gestionar permisos para vincularse a dispositivos cercanos. Es decir, para tener el móvil conectado, o no, al brazalete que llevan en la muñeca, sin que saltara ninguna señal. Sin pulsera y dispositivo vinculados, y sin alerta en el sistema, podía moverse por donde quisiera. En marzo de 2025, el acta de una reunión entre la plantilla de ese centro, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y adjudicatarias (Vodafone y Securitas) refleja que eso, siete meses después, seguía siendo posible.
Los usuarios de esos aparatos empezaron a darse cuenta de que podían hacerlo a través de una notificación que les saltaba en el teléfono relacionada con los accesos que Cometa tenía a sus móviles. Con esa notificación, podían desvincularse en cuatro clics. Y en Cometa empezaron a recibir en julio de 2024 llamadas sobre esta cuestión de los propios usuarios. Desde hace meses, según personal cercano a Cometa, los usuarios ya no reciben esa notificación y no pueden desconectarse.
No saltaba en todos los dispositivos, y se desconoce en cuántos ocurría, pero la cuestión para la plantilla de ese organismo es que eso jamás debería haber sucedido y que una vez conocido el problema, se alargó demasiado. Tanto como, al menos, ocho meses, según la información a la que ha tenido acceso este periódico: de julio de 2024 a marzo de 2025. Vodafone, la empresa responsable de estos aparatos, no ha respondido sobre esta cuestión a las preguntas de este periódico.
En varios documentos de trabajo de Cometa se señala este problema. En un informe realizado por varios técnicos y enviado a las jefas del centro en el otoño de 2024 apuntaba esto como uno de los fallos que necesitaba ser solucionado cuanto antes, y que contravenía, además, las condiciones del contrato.
El punto 4.3 decía: “No se asegura la imposibilidad de fraude en el funcionamiento de los dispositivos”. Ahí, los técnicos incluyeron literalmente la condición del pliego que se conculcaba: “Inviolabilidad, de modo que el dispositivo o los dispositivos electrónicos esté/n dotado/s de los mecanismos de seguridad necesarios para prevenir, detectar y transmitir al centro de control datos de cualquier intento de defraudar o falsificar su funcionamiento”. Es la “c” del apartado Dispositivos electrónicos para la persona inculpada o condenada en el procedimiento judicial de las prescripciones técnicas,
E incluían “dos pruebas” de que ese punto c no se estaba cumpliendo: “1. Los usuarios con pérdida de cobertura pueden quitarse la pulsera y, al recuperar la cobertura, la señal de rotura nunca llega. 2. En julio [de 2024] llegó una notificación a los dispositivos de los usuarios que les permitía acceder a los permisos del teléfono y, desde ahí, desvincular la pulsera. No llegaba ninguna señal [que es la demostración del vídeo]”.
“Queremos aclarar que los cuerpos de seguridad nos han llamado numerosas veces por usuarios que no llevaban brazalete y que no tenían señal activa. Lo más seguro es que se deba a una de estas razones”, añadían.
En diciembre, en otra reunión con Delegación y adjudicatarias, volvieron a tratar el tema “del pobre funcionamiento de los dispositivos y la calidad del material, especialmente de las pulseras”, como refleja también el documento que recogió esa reunión: “Entendemos que el problema viene de lejos, puesto que son los propios usuarios del anterior servicio quienes más han insistido en las diferencias con la anterior medida. […] Es necesario asumir que, como consecuencia del cambio a peor, el efecto disuasorio de la medida queda tocado gravemente y que hay que trabajar en recomponer la autoridad perdida”.
“Vodafone [el responsable de estos dispositivos] explica en este sentido que efectivamente hay que reclamar garantías al fabricante, no solo para reponer el material averiado cuando procede, sino también para exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se detallan”, se lee también en ese documento.
Reconocimiento de los fallos
Este jueves, en una comparecencia en el Congreso, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, reconoció por primera vez y públicamente los fallos que durante una semana han estado saliendo a la luz, y pidió disculpas a las víctimas. No ahondó demasiado en ellos, y afirmó que esos errores “no tienen la envergadura que se le ha querido dar” y que “lo importante” ante las incidencias “es saber qué hay que hacer en cada momento”. Como novedad para la próxima licitación, adelantó que “los dispositivos no podrán ser manipulables”, algo que ya debería ser así según el pliego.
Ante la posibilidad de penalizar a las empresas por estos incumplimientos del contrato, Martínez Perza no lo descartó: “Estamos viendo, estamos auditando cada paso y estamos pidiendo explicaciones de determinadas cuestiones. Las penalidades están siempre ahí”.
Ana Redondo, la ministra, estuvo en una entrevista en la Cadena SER el pasado lunes y explicó lo que se había tratado en una reunión en mayo de este año con el CEO de Vodafone España. Afirmó que era “verdad” que “había habido un número importante de incidencias”, aunque lo constriñó a un momento concreto, el “de la migración”. Y aseguró que “afortunadamente se habían ido corrigiendo y que a pesar de los problemas de cambio de contrato, en este momento las soluciones se habían puesto sobre la mesa y la normalización del sistema Cometa estaba garantizada”.
Alrededor de medio centenar de incidencias
Desde el 17 de septiembre, este diario ha tenido constancia a través de múltiple documentación de alrededor de medio centenar de incidencias desde que comenzó el servicio con las últimas adjudicatarias, Vodafone y Securitas, y al menos durante un año y medio. Y no han afectado solo a los dispositivos, han sido múltiples y en diversas áreas. Desde fallos en el funcionamiento del centro, en la gestión de los recursos humanos, la plataforma con la que trabajan y los dispositivos.
Entre ellas hay errores en los posicionamientos, a veces de kilómetros; aparatos que emiten alertas sin motivo y otros que no saltan a pesar de que el agresor haya entrado en la zona de exclusión fijada; órdenes dadas por superiores a los técnicos que no pueden hacerse por protocolo como cerrar alertas sin seguir el procedimiento; falta de personal tanto en la sala de control como en el equipo de campo, el que se ocupa de instalar, desinstalar y mantener y revisar los dispositivos.
También carencia de material en momentos puntuales, o falta de formación tanto en el sistema con el que trabajan como con los dispositivos o en el ámbito en el que esto se enmarca, la violencia de género y la sexual.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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