Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, habría colaborado según la UCO en el amaño de un contrato público en Avilés a cambio de 575.000 euros para una de las empresas pantalla de la trama Leer Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, habría colaborado según la UCO en el amaño de un contrato público en Avilés a cambio de 575.000 euros para una de las empresas pantalla de la trama Leer
La actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, nombrada en 2021 por María Jesús Montero por tratarse de un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ayudó a la trama de Leire Díez y el ex presidente de SEPI Vicente Fernández a conseguir un contrato millonario en Asturias para la empresa Erri Berri, según ha desenterrado la Guardia Civil, que ha aportado estos datos al juez Santiago Pedraz.
«Conchita ha cumplido», escribía el 21 de enero de 2022 Fernández a Leire Díez y a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar. Ordiz, al habla presuntamente con Fernández, había colaborado para que la empresa vasca Erri Berri lograra un contrato público de 2,8 millones para la demolición de unas baterías de coque en Avilés (Asturias).
A cambio, por facilitar la consecución del contrato, la trama de Leire Díez, actualmente investigada en la Audiencia Nacional, se habría llevado 575.800 euros por medio de una de sus firmas tapadera, Mediaciones Martínez SL.
El papel de Ordiz habría sido clave, desgrana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que Erri Berri ganara el contrato. Otra constructora, Lezama, había recurrido, y Vicente Fernández le decía a Leire el 10 de enero de 2022: «La presidenta [en referencia a Ordiz] ha dicho que el próximo jueves 20 habrá resuelto el recurso de Lezama [la otra firma], rechazándolo, notificando la desestimación el viernes 21». Así sucedió, con lo que Fernández pudo afirmar, tal como interceptaron los agentes: «Conchita ha cumplido».
Antes de eso, Fernández le decía a Antxon y Leire, en referencia al recurso: «Estoy influyendo para que lo inadmitan por fuera de plazo y porque el contrato ya estaba formalizado». Ordiz era vieja conocida para Fernández: había sido directora jurídica de la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que agrupa a las empresas públicas españolas y satélites, y donde el grupo comandado por Cerdán intentó colocar, presuntamente para conseguir torcer contratos y cobrar comisiones, a Leire Díez.
El 29 de diciembre de 2021, el ex presidente de SEPI respondía a las peticiones de Antxon Alonso y de Leire Díez con la siguiente frase, que para la UCO evidencia los manejos del grupo: «No debo presionar más de lo que estoy haciendo. Ya sería contraproducente. Pero que Félix [el dueño de Erri Berri] se quede tranquilo».
La investigación de UCO sobre el presunto amaño del contrato de Avilés destapa, basándose en las comunicaciones del grupo por medio de la aplicación Threema, el modus operandi del grupo criminal encabezado por Leire y Santos Cerdán, a lo largo de un «año de trabajo» para lograr su objetivo, como el propio Fernández escribió en el chat.
El contrato perseguía la demolición de unas baterías de coque en Avilés para la construcción de un parque empresarial a las afueras de la localidad asturiana, proyectado por Sepides, el brazo activo de la SEPI. En un primer momento, el contrato se adjudicó a una unión de dos empresas, Lezama y Los Álamos, en abril de 2021.
Es Leire, entonces, quien lanza apenas 10 días después la idea en ‘Hirurok’, o ‘Nosotros tres’ en euskera: «Deberíamos decirle a Félix [Azcona, administrador de Erri Berri] la manera de anular el concurso. Que al menos eso nos lo deba, aunque no se pueda cuantificar». El truco para anularlo: explicarle a Azcona que, «como posible causa de impugnación de la licitación», podían vindicar «la suscripción del informe de valoración de las ofertas y de la adjudicación del contrato por la misma persona».
El 19 de mayo Erri Berri ya ha impugando y usado el argumento. El 19 de agosto la Administración da la razón a la empresa: «Bien! Así aumenta nuestra credibilidad. Y nos deberán algo», dice Leire. Pocos días después se publica una nueva licitación. Para empezar, Erri Berri comienza siendo la oferta peor puntuada, pero de pronto disminuye drásticamente su oferta económica, has incurrir prácticamente en baja temeraria, lo que le impediría llevarse el contrato.
Nada que Vicente Fernández no pueda arreglar. El 26 de octubre, el ex presidente de SEPI le dice a Antxon Alonso que «se ha conseguido que se la admitan, aunque estuviera incursa en temeridad». Se lo dice cuando, certifica la Guardia Civil, la oferta ni siquiera estaba aún aceptada.
Cuando se le piden varias recalificaciones, Erri Berri pide ayuda al grupo, en el que Vicente Fernández escribe: «Si es necesario, que lo contrasten también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho».
Tras esto, Lezama, otra de las firmas licitadoras, interpone un recurso. De nuevo Fernández al rescate, el 17 de diciembre de 2021: «He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos [a la sazón, Ordiz] para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama».
Fernández habla incluso con el sucesor de Ordiz en la dirección jurídica de Sepides y presidente de la mesa de adjudicación, Albert Aragón, que le garantiza que el recurso no va a salir adelante, con frases como «otra causa de inadmisión que me voy a montar», y «nos los vamos a follar». Finalmente, el 20 de enero de 2022, Erri Berri se lleva el contrato.
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