EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
La organización Bishop Accountability reúne acusaciones contra sacerdotes y otros miembros del clero. La visita del pontífice peruano reaviva las demandas de las víctimas por justicia y cambios dentro de la institución
A pocos días de que el papa León XIV inicie su gira por América Latina, una lista de 77 miembros del clero católico peruano acusados públicamente de abusar sexualmente de menores vuelve a colocar sobre la mesa una de las heridas más profundas que la Iglesia todavía no ha podido curar. Sacerdotes, hermanos, seminaristas y laicos consagrados aparecen en una base de datos que reúne denuncias y señalamientos contra religiosos que han trabajado o trabajan en parroquias y escuelas peruanas. La relación expone una realidad que durante años ha permanecido marcada por el silencio, la falta de transparencia y las dificultades de las víctimas para obtener justicia.
La lista, disponible en la página web de Bishop Accountability —una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que documenta casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica—, fue presentada este jueves en una conferencia de prensa en Lima, en medio de los fuegos artificiales por el regreso del Papa a un país con el que mantiene una relación estrecha. Robert Prevost se nacionalizó peruano hace una década y vivió aquí durante 21 años, en tres etapas distintas. Prevost fue obispo de Chiclayo y a la par presidió la Comisión de la Protección del Menor de la Conferencia Episcopal Peruana, por lo que conoce de primera mano el emblemático caso del Sodalicio, un grupo ultraconservador peruano disuelto tras escándalos de abusos y corrupción económica, entre otros episodios que ensombrecen a una institución que debe velar por su comunidad de creyentes.
Para Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop, el problema no termina con identificar a los religiosos señalados. La responsabilidad también alcanza a las estructuras que debieron investigar las denuncias y proteger a los menores. “Algunas personas pueden ver nuestra base de datos como una simple colección de historias o de relatos nefastos acerca de hombres acusados de lastimar a niños, pero hay una historia mayor y es la jerarquía de la Iglesia, que es arrogante y minimiza su respuesta frente a estas acusaciones, haciendo un seguimiento superficial y lento”, dice Barrett. “La Iglesia peruana, de manera terca, está poniendo a los niños en riesgos al encubrir a los victimarios. Reprime a las víctimas al no validarlas e impide a las autoridades civiles identificar y acusar la complicidad de los líderes de la Iglesia”, añade.
En la lista recopilada por Bishop se encuentran nombres como el sacerdote Félix Pariona, acusado en 2017 de violar a una niña de 15 años, en la región de Ayacucho. En 2020 se ordenó un nuevo juicio en su contra luego de ser absuelto. También se citó el caso del padre Roosevelt Flores, de la diócesis de Huancavelica, quien fue acusado de violar a una joven de 16 años en 2021, y continuó ejerciendo el ministerio pastoral luego de pasar a la clandestinidad. El énfasis del informe no solo está en los victimarios sino también en los presuntos encubridores, como Salvador Piñeiro, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, o José Antonio Eguren, exobispo de Piura y Tumbes.
El reclamo llega después de años de denuncias que han puesto bajo cuestionamiento los mecanismos internos de la Iglesia. Uno de los casos más emblemáticos es el del Sodalicio de Vida Cristiana, organización ultraconservadora suprimida por el papa Francisco a inicios de 2025 tras las denuncias de abusos sistemáticos contra niños y adolescentes en nombre de la fe. José Enrique Escardó fue uno de los primeros denunciantes de esta organización y, hace algunas semanas, cuando todavía no se conocían los detalles de la gira latinoamericana de León XIV, impulsó una carta abierta al Vaticano para solicitar un encuentro entre el pontífice y las víctimas. La reunión no figuraba inicialmente entre las actividades previstas, pero la Santa Sede anunció posteriormente que se realizaría. Hasta ahora, sin embargo, no ha sido incorporada oficialmente a la agenda.
Para Escardó, el encuentro tendría poco sentido si no viene acompañado de decisiones concretas. “El Papa no ha movido un solo dedo con la intención de cambiar algo en el sistema. Solo ha dado declaraciones pastorales o reuniones arregladas con víctimas filtradas por la Conferencia Episcopal como en España. Las víctimas necesitan una reparación integral. No solo un dinerito. La Iglesia está equivocada. Lo más importante es la prevención”, dijo el presidente de la Red de Sobrevivientes del Perú. Pese a la gravedad de las denuncias y a la supresión de la organización, Escardó sostiene que el Estado no ha conseguido traducir las evidencias en sanciones contra los responsables. “El caso Sodalicio es el más vergonzoso de toda la historia judicial del país. No ha habido un solo caso donde se haya hecho algo a pesar de las evidencias. Los únicos en peligro judicial son los denunciantes y los periodistas que padecen una persecución por revelar los casos”.
En tanto, Reinaldo Nann, exobispo de Caravelí, en el sur del Perú, y quien renunció al ministerio sacerdotal, conoce la estructura de la Iglesia desde dentro. Esa experiencia ha sido también el punto de partida de su investigación sobre los abusos sexuales en la institución. A mediados de este año publicó ¿Cueva de abusadores o Iglesia segura?, un libro que constituye la principal base documental de la lista presentada este jueves por Bishop Accountability.
Bajo su mirada, la raíz del problema está en la concentración de poder y en la ausencia de controles efectivos sobre quienes ejercen autoridad religiosa. “Los laicos endiosan a sus curas sin cuestionarlos, y ese poder es el caldo de cultivo para los abusos”, dice Nann. Su crítica alcanza también al derecho canónico y a los procedimientos internos de la institución: “El Papa no quiere aceptar que los abusos dentro de la Iglesia Católica son sistémicos. Dice que es la culpa de unos malos elementos. Los obispos y los sacerdotes deben rendir cuentas de su actuar, pero no están obligados a hacerlo bajo las actuales leyes canónicas. No puede ser posible que el obispo sea el fiscal que los investiga y el juez que los juzga. Los tribunales eclesiásticos carecen de independencia”, sostiene.
Nann recordó que Robert Prevost presidió la Comisión de la Protección del Menor de la Conferencia Episcopal Peruana, de la que él también formó parte. Ambos participaron en la elaboración de nuevas directrices para que los obispos afrontaran las denuncias de abusos dentro de la Iglesia. En ese periodo, asegura, el actual pontífice mostró una disposición distinta a la de otros integrantes del episcopado. Fue el religioso “más abierto a escuchar a las víctimas que el resto de obispos, que eran mucho más miedosos”. Sin embargo, esa apertura no se tradujo en los cambios que esperaban los sobrevivientes. “El papa León es un hombre demasiado prudente, tiene todo el poder para realizar cambios, pero no lo hace suficientemente rápido en favor de las víctimas. Es una verdad”, cuestiona.
La Red de Sobrevivientes del Perú, Bishop Accountability y el exobispo Reinaldo Nann lanzaron tres pedidos específicos al Papa: que los obispos del Perú y los superiores religiosos publiquen los nombres de los acusados del clero de abusos sexuales en contra de niños como una medida de prevención; que se cree una Comisión de la Verdad para investigar estos casos; y que se implemente un decreto de ley universal en la ley canónica de tolerancia cero para los culpables.
La visita de León XIV coloca nuevamente a la Iglesia peruana frente a una deuda que sigue sin saldar. Barrett cerró la conferencia con una petición que resume las expectativas de los sobrevivientes: “Esperemos que el Papa haga algo por su querido Perú”. Los 77 nombres presentados este jueves son apenas una parte de esa historia.
Esta iniciativa está en la línea del trabajo de investigación de EL PAÍS, que el pasado mes de abril entregó en el Vaticano un informe de más de 100 páginas sobre abusos de menores en la Iglesia de América Latina con 21 testimonios que acusaban a un total de 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países, informa Iñigo Domínguez desde Roma. Colombia acaparaba más de la mitad de los casos, un total de 13, y el resto se situaba en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela. Eran algunos de los cientos de testimonios que han llegado al correo electrónico de atención a víctimas abierto por este diario en América en 2022 (abusosamerica@elpais.es).
El objetivo, al igual que con los seis informes que EL PAÍS ya ha elaborado en España con más de 800 testimonios, era que el Dicasterio de Doctrina de la Fe, el organismo vaticano que investiga la pederastia en la Iglesia católica, pudiera tener conocimiento de estas acusaciones e investigarlas. Según las propias reglas canónicas, es su obligación cuando recibe cualquier información. Este diario se ofrecía, además, para poner a las instituciones eclesiásticas en contacto con las víctimas. No obstante, siete meses después aún no ha recibido ninguna respuesta.
En la Iglesia católica latinoamericana aún está todo por hacer en cuanto a grandes investigaciones internas impulsadas por la Iglesia o los gobiernos, en contraste con el camino ya recorrido en Estados Unidos, Europa y Australia. Solo la Iglesia de Chile ha hecho algo parecido al Informe Ryan de Irlanda o el Informe MHG/Dressing de Alemania.
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
Sociedad en EL PAÍS
