Advierte de que el Gobierno puede sacar adelante «medidas de alta visibilidad social y efecto directo sobre organización y costes» Leer Advierte de que el Gobierno puede sacar adelante «medidas de alta visibilidad social y efecto directo sobre organización y costes» Leer
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«Nota de inteligencia. Transición electoral, agenda laboral y contexto general». Es el encabezado de un documento que está circulando estos días en el ámbito empresarial y que analiza el escenario político tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones. El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, alerta de la última ventana del Gobierno para aprobar reformas en materia económica antes del 29-N y contempla ya la repetición electoral en primavera de 2027.
La nota está fechada a 6 de octubre de 2026. Un día después de que el presidente anunciara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Los empresarios, que en privado venían reclamando el adelanto electoral y que ansían un cambio de signo político en La Moncloa, activaron la maquinaria para analizar los márgenes de actuación del Ejecutivo durante la transición electoral, con el foco en la «ventana normativa temporal» que permite la convalidación de medidas tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones.
El análisis identifica varias materias de índole laboral susceptibles de acelerarse, como la subida del salario mínimo interprofesional o el registro horario. Y no iban desencaminados los empresarios, ya que apenas unas horas después la vicepresidenta Yolanda Díaz activó el procedimiento para la actualización del SMI y fuentes de su equipo confirman que están trabajando para sacar adelante el nuevo control de la jornada en las próximas semanas. La «nota de inteligencia» advierte de que son «medidas de alta visibilidad social y efecto directo sobre organización y costes».
En la «agenda susceptible de aceleración» el documento incluye la transposición de las directivas europeas sobre transparencia retributiva y plataformas digitales; el anteproyecto de Ley de prevención de riesgos laborales o el Estatuto del Becario, atascado desde hace años. Incluso, entre las materias que el Gobierno podría aprobar en la antesala del 29-N figura la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales, la reforma estrella de Díaz que tumbaron PP, Vox y Junts en el Congreso y que requeriría de una modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante una norma con rango de Ley que debería convalidar la Diputación Permanente.
Y aquí aparece una de las principales advertencias para las empresas sobre lo que puede ocurrir antes del 29-N: «La disolución no paraliza la agenda laboral», señala la nota. Así, explica que, hasta las elecciones, el Gobierno continúa plenamente operativo y, además de los reales decretos, puede recurrir al real decreto-ley para modificar legislación laboral siempre que justifique la extraordinaria y urgente necesidad. Y en este punto señala que la aritmética de la actual Diputación Permanente ofrece al Ejecutivo una «ventaja» singular: PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos pueden reunir 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Es decir, Sánchez podría prescindir del partido de Carles Puigdemont, aunque necesitaría conservar el respaldo del PNV.
El documento que se está moviendo entre socios de la CEOE va incluso más allá de las elecciones y dibuja los distintos escenarios que pueden abrirse tras las urnas. Frente a una investidura rápida que permitiría formar Gobierno entre finales de diciembre y enero, contempla una negociación prolongada durante febrero y marzo y llega a plantear ya un escenario de bloqueo que desemboque en una repetición electoral en la primavera de 2027. «Una primera votación fallida en enero, sin acuerdo posterior, llevaría a la disolución en marzo y a nuevas elecciones 47 días después de la convocatoria», proyecta el análisis.
La «nota de inteligencia» dedica sus dos últimos apartados a analizar cómo pueden influir las elecciones internacionales y la evolución de las causas judiciales en la continuidad de Pedro Sánchez y en la formación del próximo Gobierno. Su principal hipótesis es que un entorno internacional favorable a la izquierda podría facilitar una nueva mayoría progresista, pero un agravamiento de los problemas judiciales podría frustrarla.
Sobre el contexto internacional, el texto analiza incluso la posibilidad de una «contraofensiva de la izquierda» alrededor de Sánchez, alentada por los resultados electorales de Brasil y Estados Unidos y por la evolución política de Francia. Sin embargo, advierte de que ese eventual impulso internacional no garantiza una mayoría parlamentaria ni la continuidad del presidente.
El análisis incorpora también la evolución de las causas judiciales como un factor capaz de condicionar la investidura. En particular, advierte de que un agravamiento de los procedimientos podría elevar las exigencias de los socios parlamentarios o llegar a hacer políticamente inviable la continuidad del liderazgo de Sánchez, incluso en un contexto internacional favorable.
Lo que no incluye ni como riesgo ni como advertencia es la convocatoria de huelga general que fue anunciada por CCOO y UGT un día antes de que se redactara el documento de análisis. Fuentes empresariales indican que, en estos momentos, la huelga por la vivienda «no es una preocupación». Incluso en algunos ámbitos de la patronal empieza a considerarse que la protesta del 11 de noviembre será en realidad «una pseudo huelga», con apenas «paros parciales en algunos sectores». Y apoyan su argumento en la división sindical en torno a esta movilización, con organizaciones con una gran representatividad a nivel nacional rechazando una huelga que consideran que tiene un trasfondo político y no responde a reivindicaciones estrictamente laborales.
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