De junio a diciembre de 2024 se detectaron errores que afectaron «al 1% de los casos», lo que se traduce, aproximadamente, en 47 mujeres Leer De junio a diciembre de 2024 se detectaron errores que afectaron «al 1% de los casos», lo que se traduce, aproximadamente, en 47 mujeres Leer
La publicación de un supuesto fallo en la transición del volcado de datos del sistema Cometa -encargado del seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato- explica, a toro pasado, tantas perplejidades y malestares de los abogados y víctimas en los juicios por quebrantamiento de órdenes de alejamiento. En 2024, durante meses, quienes debían defender o acusar se encontraban con un vacío de pruebas inexplicable. El abogado andaluz José Antonio Sires lo recuerda bien: «había víctimas que ya no confiaban en la Justicia» y que, al ver llegar las absoluciones o los sobreseimientos, confiaban «aún menos». «Recuerdo un caso donde ella extranjera, volvió a su país; otra, cambió de localidad y entró en un centro de mujeres», añade.
En esos procesos, tan delicados y decisivos, basta la falta de un registro técnico –que puede pedir y presentar la propia Fiscalía— para que todo se derrumbe y quede reducido a un duelo de versiones, la palabra del uno contra la palabra de la otra, que raramente coinciden. Ante la falta de estas pruebas en el juicio y con dos versiones contradictorias, como explican abogados que se han encontrado en esta tesitura, se dicta una sentencia absolutoria o un sobreseimiento de los casos.
Los «incidentes técnicos», ocurridos por un fallo en el cambio de la adjudicación del servicio cambió de empresa -de Telefónica, que subcontrataba con Securitas Direct, a la UTE (unión temporal de empresas) entre Vodafone y Securitas-, solo han afectado al «1% de los casos» como declaró ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo en el programa de La 2 de TVE,Café de Ideas.
En el caso de que este fallo solo haya afectado a ese engañoso y nada tranquilizador 1% y tomando las cifras registradas por el Ministerio de Igualdad de pulseras activas entre junio y diciembre de 2024 (periodo en el que, supuestamente, se experimentaron los fallos), la estimación aproximada de la magnitud de mujeres desamparadas o bajo la desprotección del Estado sería de 47. A día de hoy, y según los últimos datos ministeriales datados a 31 de marzo del presente año, en todo el territorio nacional hay 4.517 dispositivos activos, un 6,1% menos respecto a marzo de 2024.
En lo que se refiere al funcionamiento de estas pulseras, el agresor no es el única que la lleva consigo, sino que se instala del mismo modo en la víctima, para que, en caso de que éste se acerque a ella más de lo que la ley lo permite – 500 metros– ésta emita una señal y de esta manera pueda resguardarse o en caso de ser necesario llamar a la policía.
Este es un dato importante, ya que remontándose al primer año de la implementación de estos dispositivos – en 2008 – una mujer perdió la vida en Pontevedra a manos de su pareja a pesar de que llevaba un dispositivo de localización para confirmar que no violaba la orden de alejamiento.
El condenado estaba aprovechando un permiso carcelario y salió a la calle; llegó hasta el entorno de la vivienda en la que vivía su expareja. Sin embargo, la pulsera no activó la alarma que debería haber alertado a las autoridades. Minutos después, la violencia de género se cobró una víctima más en España y la mujer fue asesinada.
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