«Los indicios recabados le otorgan participación en los […] relacionados tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la Sepi, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno» Leer «Los indicios recabados le otorgan participación en los […] relacionados tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la Sepi, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno» Leer
Un nuevo oficio de la UCO remitido a la Audiencia Nacional implica a Juanma Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, tanto en las operaciones destinadas a obtener mordidas en la Sepi como en las dirigidas a desactivar las causas penales que perjudicaban al PSOE y al presidente del Gobierno.
«Los indicios recabados le otorgan participación en los […] relacionados tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la Sepi, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno», indica el escrito, cuyo objetivo es solicitar al juez Santiago Pedraz autorización para analizar el contenido del teléfono que incautó a Serrano y a otros investigados.
La Guardia Civil resalta la estrecha relación de Serrano con la fontanera del PSOE Leire Díez. «Cabe destacar que las comunicaciones entre Serrano y Leire no eran puntuales, sino que se mantenían con asiduidad, existiendo entre ambos un gran número de mensajes».
El oficio recoge mensajes intervenidos que reflejan la participación de Serrano en la operación puesta en marcha con motivo de la decisión de Sánchez de tomarse unos días de reflexión para decidir si seguía como presidente tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. «Leire y Serrano comentaron en relación con el Presidente que había que ‘ayudarle’, y que ‘se [tenía] que dejar'», dice la UCO respecto a un cruce de mensajes entre ambos. «Estando tú ahí estoy tranquila», le escribe Leire Díez a Serrano.
Los mensajes que expone la UCO en su oficio son los hallados en el terminal de la fontanera. Ahora le pide al juez que le permita examinar a fondo el teléfono de Serrano. «Existen indicios de la participación de Serrano […] en un conjunto de actuaciones dirigidas a desestabilizar causas judiciales potencialmente perjudiciales para el PSOE o el Gobierno», insiste la UCO.
Tras cuatro años como jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, con la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno Serrano fue nombrado presidente de Correos, puesto en el que permaneció hasta 2023. Eso explica su relación con los inicialmente investigados por las mordidas dentro de la Sepi: su ex presidente Vicente Fernández, la fontanera y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. Tirando del hilo de la Sepi se detectaron las operaciones para desactivar las causas contra el PSOE y el presidente del Gobierno, que el juez Pedraz investiga en una pieza separada.
La UCO expone que Serrano participó en la colocación de la fontanera en Correos, primero como responsable de Administración Local y luego como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, dependiendo directamente de él: «No te preocupes que lo tuyo sale», le escribe Vicente Fernández en respuesta a una consulta de Leire Díez sobre si había abordado su contratación con Serrano.
Colocar a Leire en un cargo en Correos era una cuestión «estratégica» para los investigados, según extrae la UCO del cruce de mensajes entre ella, Vicente Fernández y Antxon Alonso en el chat que mantenían, denominado Hirurok (nosotros tres, en euskera).
«Aparentemente, Juanma Serrano habría participado activamente en el nombramiento de Leire en Correos. Desde los momentos iniciales, cuando Vicente habla con él para ‘ponerlo en marcha’, hasta poco antes de que se produzca su nombramiento oficial, cuando habría mantenido contactos directos con Leire, como se ha visto anteriormente». Esta maniobra podría ser delictiva y la UCO ve «necesario profundizar en las relaciones o instrucciones» dadas entonces al respecto. Por ejemplo, para que la propia Leire Díez «tuviese capacidad de modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendía ocupar en el seno de Correos» o para que se considerara que ninguna de las cinco candidaturas internas que se presentaron al puesto se consideraran válidas.
El informe rapasa otras actuaciones sospechosas en Correos en las que sitúa a Serrano. Una de ellas es la adjudicación supuestamente amañada de contratos al despacho de abogados SdP Estudio Legal, que según Leire Díez tenía como objetivo «proteger» a Serrano. Como «contraprestación» por los contratos, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández habría recibido 214.000 euros.
Añade la UCO que, en el periodo en que Leire y Serrano coincidieron en Correos, ambos cruzaron mensajes «acerca de múltiples gestiones que no guardarían relación con la Dirección de Filatelia o siquiera Correos» y que en realidad guardan «similitud con las gestiones realizadas por el grupo Hirurok».
«En términos generales», concluye la Guardia Civil, «las nuevas evidencias recabadas desde diciembre de 2025 permitirían situar a Correos como otra de las empresas que habrían sido objeto del ejercicio de influencia por el grupo Hirurok, coincidiendo estos hechos con la Presidencia de Serrano».
El grueso del oficio se centra en la actividad de Serrano, pero también pide autorización al juez para el análisis del contenido de los teléfonos intervenidos a otras cuatro personas a las que sitúa en la trama para desactivar las causas perjudiciales para Gobierno y PSOE.
Entre ellas está Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del partido. Supuestamente, falseó notas de encargo profesional, bajo las directrices de Santos Cerdán, para sufragar gastos de abogados dedicados a esa operación.
Le siguen dos trabajadoras del área de secretaría y administración del PSOE, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso. Habrían colaborado en «tareas de apoyo logístico y administrativo», como la gestión y coordinación de viajes para Leire Díez y otros investigados.
El quinto es el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Este ex miembro de la UCO aportó a otros investigados información útil sobre la estructura y miembros de la unidad. A cambio, buscaba protección en una causa por fraude de hidrocarburos en la que está imputado.
«Con respecto a estas cinco personas existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas», concluye la UCO, que considera «esencial el contar con la información» que albergan los teléfonos que se les intervinieron. El juez ha pedido un informe a la Fiscalía Anticorrupción antes de resolver sobre la autorización para su análisis.
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