Son las tres de la tarde y el asfalto de Madrid quema. El aire se siente tan pesado que las ondas de calor, esas que se ven al mirar un punto vacío, podrían cortarse con un cuchillo. Carlos Correa no mira el móvil ni los pedidos: busca sombra. Un parque, un centro comercial, cualquier resquicio de aire fresco se ha convertido en un refugio contra el infierno de la intemperie. “O me quedo esperando donde corre la brisa, donde hay un poco de sombra, o no llego al final del turno”.
Miles de repartidores se enfrentan a jornadas con temperaturas extremas con un dilema: si paran por el calor, el algoritmo les penaliza. “No solo pierdo horas laborales, sino que la aplicación me va a sancionar”
Son las tres de la tarde y el asfalto de Madrid quema. El aire se siente tan pesado que las ondas de calor, esas que se ven al mirar un punto vacío, podrían cortarse con un cuchillo. Carlos Correa no mira el móvil ni los pedidos: busca sombra. Un parque, un centro comercial, cualquier resquicio de aire fresco se ha convertido en un refugio contra el infierno de la intemperie. “O me quedo esperando donde corre la brisa, donde hay un poco de sombra, o no llego al final del turno”.
El venezolano de 41 años es un aficionado al ciclismo que, al mudarse a Madrid hace ocho años, descubrió en la entrega de comida a domicilio una forma de ganarse la vida de la mano de una de sus mayores pasiones. Lo que no imaginó es que el verano español lo pondría, cada jornada, a un golpe de calor de distancia de la tragedia. “Cada año es peor que el anterior y, lo peor es que no podemos parar. O te desconectas, te sancionan y pierdes plata, o te expones a quedarte tirado en medio de la carretera, a ver si alguien te va a rescatar”, expone. Con la mochila de Glovo a la espalda, sube a su bicicleta a completar un turno de seis horas. Es el primer domingo de julio y, entre las 12.00 y las 18.00, los termómetros no bajan de 35 grados centígrados.
Correa es uno de los miles de repartidores —riders por su traducción al inglés— que trabajan a pesar de las inclemencias del tiempo. Los sindicatos laborales estiman que en España hay alrededor de 30.000 recorriendo las calles. Aunque gran parte de ellos están debidamente contratados por sus empresas de reparto, muchos se sieten desprotegidos ante las olas de calor y los récords de temperaturas que se superan cada verano. Basta entrar a cualquier grupo de repartidores en redes sociales para comprobarlo: “Al final del turno ya tenía dolor de cabeza, estaba agotado y notaba el cuerpo muy castigado por el calor. Esto no es solo cansancio del trabajo”, denuncia un trabajador anónimo.
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruíz Martínez, lamenta que los empleados de plataformas digitales sean “los grandes olvidados” en la prevención de riesgos laborales. “El algoritmo está causando mella en la salud y el salario de los riders, (…) hay gente que se arriesga incluso a la muerte”, enfatiza. Fernando García Pallas, delegado sindical de UGT para Glovo y Uber, señala además una desigualdad dentro del propio sector: solo los trabajadores contratados en Glovo Groceries, la filial de reparto de comida de supermercados, cuentan con un protocolo que les permite frenar la actividad en episodios de altas temperaturas. Quienes reparten alimentos de restaurantes no han conseguido ese mismo beneficio, logrado a base de negociaciones con la patronal. La diferencia se traduce, en la práctica, en golpes de calor, parones en la jornada y pérdidas económicas.
Una normativa que no aplica a las apps
Sobre el papel, España sí cuenta con una legislación pensada para estos casos. El Real Decreto 486/1997, modificado en 2023, especifica que se tomarán medidas preventivas, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en que ocurran fenómenos meteorológicos adversos, siempre que no se pueda garantizar la debida protección del trabajador. Es decir que, si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o el órgano correspondiente de cada comunidad emite avisos por altas temperaturas, se debe reducir o modificar el horario de la jornada.
El problema llega en el momento de aplicar la norma. Esta ley fue pensada para relaciones laborales tradicionales, no para un sistema en el que la mediación entre el trabajador y la empresa corre a cargo de un algoritmo. La app permite pedir una pausa por calor extremo como un tipo de incidencia. Pero, en lugar de hablar con alguien de recursos humanos, el repartidor termina en un chat con un servicio de atención ajeno a su realidad. “No sabemos si estamos hablando con una persona o con un robot y, si es una persona, me queda claro que la atención al repartidor no está ni cerca de donde se reporta la incidencia. Las veces que lo he querido usar, me dicen que no tiene reportes de calor extremo. Tengo que mandar capturas para que vean que estamos a 38 grados y me estoy asando”, acusa Correa.
Tampoco los permisos climáticos que se estipularon en el Estatuto de los Trabajadores en 2024 resultan una opción, y la razón es la misma: “En lo que se hace efectiva mi petición, es posible que no se me autorice por el desfase de los servidores, y no solo perdí horas laborales, sino que la aplicación me va a sancionar y voy a recibir menos pedidos en los próximos días”. Para él, la normativa que debería protegerlo es una burla.
UGT presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo durante la primera ola de calor que azotó la Península en junio, dirigida contra Glovoapp Spain Platform por la falta de medidas efectivas frente a los riesgos derivados de las temperaturas extremas. El sindicato argumenta que la actividad de reparto se ejecuta de manera continuada en la vía pública sin el cuidado necesario para quienes la realizan. La denuncia fue recibida por la Inspección, que ahora debe valorar el expediente para decidir si abre una investigación. Un trámite que, según este departamento, puede tardar hasta nueve meses en resolverse.
Europa, cada vez más caliente y desprotegida
Lo que ocurre en España no es un caso aislado, es la fotografía de un fenómeno que ya desborda cualquier marco legal existente. A finales de junio, Europa atravesó uno de los episodios de calor extremo más severos de su historia. Una ola llevó los termómetros hasta los 44 grados en España y Francia, mientras Alemania y Bélgica rozaron los 40, y dejó un saldo de más de 9.000 muertes relacionadas con las altas temperaturas.
En el caso español, los datos de la Aemet confirman que esta tendencia va en aumento, y cada vez los episodios extremos llegan antes. Entre 1975 y 2000 tan solo hubo dos olas de calor en junio; entre 2000 y 2025 se registraron diez, cinco veces más, y cada vez más intensas y prolongadas. El año pasado, uno de cada tres días del verano tuvo una sensación térmica equiparable a una ola de calor.
La dimensión del problema se aprecia mejor a escala continental. Un estudio del Instituto Sindical Europeo estima que en Europa hay 130 millones de trabajadores expuestos a estrés térmico, un riesgo para la salud que puede resultar fatal. Marouane Laabbas el Guennouni, uno de los investigadores detrás del informe, reprocha que no exista todavía una directiva europea que vele por la integridad de estos trabajadores, y sostiene que las normas existentes tienen una capacidad de protección limitada que “va muy por detrás de la realidad”. Según explica, las normativas laborales de cada país van añadiendo parches frente a los efectos del cambio climático, sin una solución de fondo que atienda las especificaciones de cada profesión en riesgo de estrés térmico.
Su investigación identifica más de 30 sectores laborales vulnerables a la exposición al calor en el lugar de trabajo —entre ellos la agricultura, la gestión de residuos, el transporte, el turismo y los propios repartidores—, todos sin protección específica ni un marco jurídico claro al que adherirse. Laabbas propone consolidar una normativa europea que fije límites de exposición a las temperaturas extremas, establezca niveles de acción progresivos con medidas acordes a cada escenario, ofrezca alternativas claras de aclimatamiento y garantice una dotación estricta de equipos de protección individual.
José Ramón Nava, presidente del comité de empresa para Glovo de CC OO, apunta que, debido a la individualización del trabajo, es imposible conocer el alcance real de las afectaciones que han sufrido los riders en las últimas semanas. El riesgo mayor lo percibe en migrantes que no manejan el idioma e ignoran los derechos de los que son beneficiarios. “Sabemos que habrá quienes no frenen para nada, por desconocimiento o miedo de perder su única fuente de ingresos, aunque casi estén atentando contra su propia vida”, lamenta.
Correa cree que solo un desenlace trágico —la muerte por un golpe de calor— podría cambiar el trato y las normativas. No sería la primera vez que ocurre algo así: en 2019, la muerte de un repartidor de 22 años en Barcelona aceleró la exigencia de legislar frente a la precariedad y el modelo de falsos autónomos en que trabajaban los riders en España. De ahí nació la Ley Rider (Real Decreto-ley 9/2021), que obliga a las plataformas a contratar como asalariados a sus repartidores.
Para el investigador en Estudios Críticos Urbanos de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Fernández-Trujillo, una de las soluciones a esta precariedad pasa por la lucha sindical. “Los sindicatos son los únicos que tienen la capacidad de interpelar, son reconocidos por las empresas y pueden negociar de manera colectiva. Aquí es donde debe comenzar la batalla”, sugiere. En las calles, mientras tanto, continúan los recorridos, las entregas y las temperaturas extremas.
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