La libertad de expresión protege el derecho a manifestar opiniones, incluidas aquellas que son provocadoras, ofensivas o profundamente equivocadas. Pero protege, exactamente con la misma fuerza, el derecho de periodistas, investigadores, verificadores y ciudadanos comunes a examinar esas afirmaciones, aportar pruebas y señalar públicamente: esto es falso.
La concepción europea sobre este asunto nunca se ha basado en la idea de que “quien habla puede decir cualquier cosa y los demás deben callarse”
La libertad de expresión protege el derecho a manifestar opiniones, incluidas aquellas que son provocadoras, ofensivas o profundamente equivocadas. Pero protege, exactamente con la misma fuerza, el derecho de periodistas, investigadores, verificadores y ciudadanos comunes a examinar esas afirmaciones, aportar pruebas y señalar públicamente: esto es falso.
Cuando un político (o cualquier ciudadano anónimo) miente, señalar la mentira no es censura. Añadir contexto no es censura. Publicar las pruebas que la desmienten no es censura. Todo ello constituye, en sí mismo, un ejercicio de libertad de expresión, y uno indispensable en cualquier democracia que funcione.
Lo mismo pasa cuando hablamos de teorías alternativas a las que están fundamentadas en la evidencia científica, como que las vacunas funcionan o que la tierra es redonda. Tú tienes la libertad de decir que la tierra es plana en redes sociales (y nadie debería expulsarte de la plataforma por ello) pero ese derecho no te protege de que cualquier persona pueda decirte y mostrarte la evidencia de que la tierra es redonda.
La libertad de expresión protege al individuo, pero también al colectivo. Por eso las redes sociales no están exentas de cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que los usuarios comparten en ellas.
Esta semana hemos sabido que el Gobierno de Estados Unidos está intentando impulsar una declaración supuestamente centrada en la “libertad de expresión” durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo que hay detrás es debilitar la regulación tecnológica en todo el mundo, pero especialmente en la Unión Europea, en una nueva acción promovida en beneficio de algunas de las empresas más poderosas del planeta: las plataformas digitales.
El intento de la administración Trump y sus aliados de presentar la regulación tecnológica europea como un ataque a la libertad de expresión se basa en una definición deliberadamente pobre de ese derecho: la idea de que consiste únicamente en poder decir lo que uno quiera, cuando quiera, sin que nadie lo cuestione ni le imponga consecuencias.
Eso no es libertad de expresión. Es pretender tener carta blanca frente a la crítica, la rendición de cuentas, la contradicción y, en ocasiones, la ley.
La concepción europea de la libertad de expresión nunca ha consistido simplemente en que “quien habla puede decir cualquier cosa y los demás deben callarse”. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege tanto la libertad de comunicar informaciones e ideas como la libertad de recibirlas. También reconoce expresamente que el ejercicio de estas libertades conlleva “deberes y responsabilidades”. Se entiende el derecho de libertad de expresión como parte de un entorno informativo democrático en el que deben existir las medidas necesarias para garantizar “la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos” entre otros.
Estas disposiciones expresan un principio democrático importante: la ciudadanía no es simplemente una audiencia ante la que los actores poderosos tienen un derecho ilimitado a hablar. También busca que la ciudadanía pueda recibir información que le permita participar de manera significativa en la vida pública. En algunos sistemas constitucionales este es un derecho explícito.
Esto adquiere especial importancia cuando pasamos de la expresión individual al poder de las plataformas.
Una persona puede tener derecho a publicar una mentira. Eso no significa que una empresa privada con responsabilidades públicas tenga la obligación (ni el derecho) de recomendar esa mentira a millones de personas, introducirla en los muros de los usuarios, colocarla en los primeros puestos de los resultados de búsqueda o monetizar la interacción que genera.
Publicar y amplificar no son lo mismo.
Las plataformas sociales no son canales neutrales por los que el discurso circula en condiciones de igualdad. Sus sistemas de recomendación seleccionan, priorizan y amplifican continuamente unos mensajes por encima de otros. Son decisiones comerciales y editoriales: en el mejor de los casos, optimizadas para maximizar la atención y la interacción; en el peor, para promover ideas concretas e impulsar determinadas agendas. Los contenidos que provocan miedo, indignación o ira, los que buscan tocarte la patata, suelen funcionar especialmente bien, y las plataformas pueden beneficiarse de su circulación con independencia de que sean ciertos o no.
La pregunta relevante aquí no es sólo: “¿Debería permitirse legalmente que esta persona diga esto?”, sino también: ¿Por qué los sistemas de la plataforma mostraron ese contenido a diez millones de personas? ¿Sabía la plataforma que su diseño recompensaba falsedades perjudiciales? ¿Qué hizo después de recibir pruebas de manipulación coordinada, suplantación de identidad o engaño sistemático? ¿Quién se beneficia de esa amplificación y quién asume sus costes sociales?
Responsabilizar a las plataformas de esos sistemas no equivale a responsabilizar jurídicamente a una persona por expresar una opinión. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea está construida sobre esa distinción que ya se debatió extensamente en un grupo de alto nivel que sentó las bases para esa ley en 2018 y del que yo misma formé parte. Exige a las plataformas de mayor tamaño que evalúen y mitiguen los riesgos sistémicos (incluidos aquellos que afectan a los derechos fundamentales, el debate cívico, los procesos electorales y la difusión de desinformación) y que ofrezcan mayor transparencia sobre sus sistemas de recomendación. No establece una prohibición general en Europa a decir cosas falsas.
Por eso es torticero presentar toda exigencia de responsabilidad a las plataformas como “censura”. Esa idea borra la enorme diferencia entre suprimir la opinión de una persona y examinar la decisión de una empresa de diseñar, acelerar y rentabilizar su difusión.
También concede a las plataformas un privilegio extraordinario. Según esta visión, las plataformas pueden diseñar sistemas que determinan lo que ven miles de millones de personas, amplificar información manifiestamente falsa, ocultar sus procesos de toma de decisiones y monetizar las consecuencias, pero cualquier intento de exigirles transparencia o responsabilidad se convierte en un supuesto ataque a la libertad de expresión de sus usuarios. Es un discurso radicalmente engañoso.
Eso no es una defensa de la libertad de expresión. Es una defensa del poder empresarial sin control.
La libertad de expresión exige más expresión, no menos: más investigación, más pruebas, más contexto y más capacidad para cuestionar las afirmaciones de quienes ostentan el poder. El fact-checking no impide que los políticos, las figuras públicas o los ciudadanos anónimos hablen. Garantiza que no disfruten de un derecho exclusivo a la hora de definir la realidad.
Un debate público saludable no es aquel en el que cualquiera puede decir cualquier cosa y las mentiras circulan sin resistencia. Es aquel en el que las afirmaciones pueden cuestionarse, las pruebas pueden examinarse y la ciudadanía tiene herramientas para distinguir entre la información basada en hechos y la manipulación.
Tienes derecho a expresar tu opinión. Puede que incluso tengas derecho a decir algo falso. Pero no tienes derecho a que te crean. No tienes derecho a estar protegido frente a la verificación, frente a que te lleven la contraria. Y desde luego no tienes un derecho fundamental a que el algoritmo de una empresa tecnológica introduzca tu mentira en los perfiles de millones de personas o a que te pague por ello.
La libertad de expresión protege el debate público. No debe convertirse en un escudo frente a la rendición de cuentas para quienes intentan corromperlo.
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