Vaya por delante que excepciones españolas hay muchas. Algunas de ellas son necesarias y otras me atrevería a calificarlas de ilusionantes. Son embargo, si yo siguiera las normas gramaticales del presidente Trump, escribiría en mayúsculas —LA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA— a una singularidad de nuestra política que pone en manos de la justicia la que quizá es la decisión más crítica que puede tener que tomar cualquier Gobierno de cualquier época y en cualquier nación: ¿estamos bajo un ataque exterior?
No logro imaginar al presidente Roosevelt después de Pearl Harbour entregando a regañadientes los informes clasificados sobre el ataque para que un juez valorara lo ocurrido y demostrara o no la responsabilidad del Imperio japonés. En el lado contrario, tampoco logro entender que el presidente Sánchez asegure que se planteará tomar medidas contra el Gobierno de Marruecos… si se prueba que está detrás del asalto a Ceuta. Le faltó poco para proclamar lo que habría sido un curioso hito en la diplomacia internacional: que el reino Alauí, como el presidente Zapatero, tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que un juez lo declare culpable.
Ya sé que las guerras híbridas son por naturaleza más difíciles de valorar que el ataque a Pearl Harbour. Sin embargo, esa dificultad tendría que ser un acicate para el Gobierno a la hora de asumir la responsabilidad de determinar lo que ocurre. El canciller Merz, un hombre prudente a quien no se puede acusar de tirarse a la piscina con facilidad, no esperó a encontrar las huellas dactilares de Vladimir Putin para acusar al Kremlin del fallido ataque de un dron en Leipzig. Al contrario, tomó medidas inmediatas en el ámbito diplomático —cierre del consulado ruso en Bonn y restricciones adicionales a las actividades culturales conjuntas— que el inefable Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores del país que bombardea cada noche Ucrania sin complejo alguno, calificó sorprendentemente como «una declaración de guerra».
«En el fondo, ¿qué le importa a nuestro presidente que España se convierta en coto de caza de los sicarios de todo el mundo?»
¿Y España? España es diferente. En febrero de 2024, Maxim Kuzminov, un desertor del Ejército ruso, fue asesinado en Alicante por orden del Kremlin. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido —incluso se celebraba el hecho en la prensa de Moscú— pero, en lugar de elevar una protesta por las vías diplomáticas por la obvia violación de nuestra soberanía —nadie tiene derecho a mandar asesinar a nadie en nuestro territorio— el Gobierno prefirió esquivar la responsabilidad y poner el caso en manos de la justicia. Ante la obstrucción de las autoridades rusas, desde luego previsible porque nadie tira piedras contra su propio tejado, el incidente terminó con el sobreseimiento provisional por «falta de autor conocido».
Aquello fue, si se quiere, un problema menor. En el fondo, ¿qué le importa a nuestro presidente que España se convierta en coto de caza de los sicarios de todo el mundo? Pero lo de Ceuta es diferente. El Gobierno tiene la obligación de defenderla… pero en la práctica renuncia a hacerlo cuando, por las razones que sean, no se atreve a identificar al agresor.
En los últimos días, hemos visto infinidad de evidencias adicionales que materializan la huella del Gobierno de Rabat en el asalto de los días 30 y 31 de julio. Evidencias que van desde la actividad de agentes marroquíes perfectamente identificados en el control de las masas de inmigrantes hasta la presencia simultánea de buques de la Marina Real —Armada es, por derechos históricos, solo la nuestra— en aguas de Ceuta.
Un buque de la Marina Real arrojó al agua a inmigrantes marroquíes en las proximidades de una de sus embarcaciones
El Gobierno calla ante estas noticias, esperando quizá que los largos tiempos de la justicia nos hagan olvidar esta locura. Sin embargo, la gota que desborda el vaso es, en mi opinión, la respuesta las autoridades españolas a las declaraciones de algunos marinos de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), que denunciaron que un buque de la Marina Real arrojó al agua a inmigrantes marroquíes en las proximidades de una de sus embarcaciones —la Salvamar Atria— para que ellos, obligados por los convenios internacionales de protección de la vida humana en la mar, los recogieran y los trasladaran a Ceuta. Ese es, a menudo, el modus operandi de las mafias de la inmigración… y ahora, al parecer, también de la Marina Real de Marruecos.
¿Qué dice nuestro Gobierno de esa prueba definitiva de la implicación de un buque de guerra marroquí —la máxima expresión de la soberanía— en el asalto a Ceuta? El ministro Óscar López, preguntado sobre el asunto, evitó pronunciarse. Los portavoces oficiales del Gobierno tampoco han hecho declaraciones. Si se les presiona, los ministerios implicados responden con un “no nos consta” que, siendo la SASEMAR una agencia del ministerio de Transportes, solo merece que se les busquen las cosquillas planteándoles un nuevo interrogante: pero, ¿les habéis preguntado?
«Hemos visto infinidad de evidencias adicionales que materializan la huella del Gobierno de Rabat en el asalto de los días 30 y 31 de julio»
Vaya por delante que excepciones españolas hay muchas. Algunas de ellas son necesarias y otras me atrevería a calificarlas de ilusionantes. Son embargo, si yo siguiera las normas gramaticales del presidente Trump, escribiría en mayúsculas —LA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA— a una singularidad de nuestra política que pone en manos de la justicia la que quizá es la decisión más crítica que puede tener que tomar cualquier Gobierno de cualquier época y en cualquier nación: ¿estamos bajo un ataque exterior?
No logro imaginar al presidente Roosevelt después de Pearl Harbour entregando a regañadientes los informes clasificados sobre el ataque para que un juez valorara lo ocurrido y demostrara o no la responsabilidad del Imperio japonés. En el lado contrario, tampoco logro entender que el presidente Sánchez asegure que se planteará tomar medidas contra el Gobierno de Marruecos… si se prueba que está detrás del asalto a Ceuta. Le faltó poco para proclamar lo que habría sido un curioso hito en la diplomacia internacional: que el reino Alauí, como el presidente Zapatero, tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que un juez lo declare culpable.
Ya sé que las guerras híbridas son por naturaleza más difíciles de valorar que el ataque a Pearl Harbour. Sin embargo, esa dificultad tendría que ser un acicate para el Gobierno a la hora de asumir la responsabilidad de determinar lo que ocurre. El canciller Merz, un hombre prudente a quien no se puede acusar de tirarse a la piscina con facilidad, no esperó a encontrar las huellas dactilares de Vladimir Putin para acusar al Kremlin del fallido ataque de un dron en Leipzig. Al contrario, tomó medidas inmediatas en el ámbito diplomático —cierre del consulado ruso en Bonn y restricciones adicionales a las actividades culturales conjuntas— que el inefable Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores del país que bombardea cada noche Ucrania sin complejo alguno, calificó sorprendentemente como «una declaración de guerra».
«En el fondo, ¿qué le importa a nuestro presidente que España se convierta en coto de caza de los sicarios de todo el mundo?»
¿Y España? España es diferente. En febrero de 2024, Maxim Kuzminov, un desertor del Ejército ruso, fue asesinado en Alicante por orden del Kremlin. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido —incluso se celebraba el hecho en la prensa de Moscú— pero, en lugar de elevar una protesta por las vías diplomáticas por la obvia violación de nuestra soberanía —nadie tiene derecho a mandar asesinar a nadie en nuestro territorio— el Gobierno prefirió esquivar la responsabilidad y poner el caso en manos de la justicia. Ante la obstrucción de las autoridades rusas, desde luego previsible porque nadie tira piedras contra su propio tejado, el incidente terminó con el sobreseimiento provisional por «falta de autor conocido».
Aquello fue, si se quiere, un problema menor. En el fondo, ¿qué le importa a nuestro presidente que España se convierta en coto de caza de los sicarios de todo el mundo? Pero lo de Ceuta es diferente. El Gobierno tiene la obligación de defenderla… pero en la práctica renuncia a hacerlo cuando, por las razones que sean, no se atreve a identificar al agresor.
En los últimos días, hemos visto infinidad de evidencias adicionales que materializan la huella del Gobierno de Rabat en el asalto de los días 30 y 31 de julio. Evidencias que van desde la actividad de agentes marroquíes perfectamente identificados en el control de las masas de inmigrantes hasta la presencia simultánea de buques de la Marina Real —Armada es, por derechos históricos, solo la nuestra— en aguas de Ceuta.
Un buque de la Marina Real arrojó al agua a inmigrantes marroquíes en las proximidades de una de sus embarcaciones
El Gobierno calla ante estas noticias, esperando quizá que los largos tiempos de la justicia nos hagan olvidar esta locura. Sin embargo, la gota que desborda el vaso es, en mi opinión, la respuesta las autoridades españolas a las declaraciones de algunos marinos de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), que denunciaron que un buque de la Marina Real arrojó al agua a inmigrantes marroquíes en las proximidades de una de sus embarcaciones —la Salvamar Atria— para que ellos, obligados por los convenios internacionales de protección de la vida humana en la mar, los recogieran y los trasladaran a Ceuta. Ese es, a menudo, el modus operandi de las mafias de la inmigración… y ahora, al parecer, también de la Marina Real de Marruecos.
¿Qué dice nuestro Gobierno de esa prueba definitiva de la implicación de un buque de guerra marroquí —la máxima expresión de la soberanía— en el asalto a Ceuta? El ministro Óscar López, preguntado sobre el asunto, evitó pronunciarse. Los portavoces oficiales del Gobierno tampoco han hecho declaraciones. Si se les presiona, los ministerios implicados responden con un “no nos consta” que, siendo la SASEMAR una agencia del ministerio de Transportes, solo merece que se les busquen las cosquillas planteándoles un nuevo interrogante: pero, ¿les habéis preguntado?
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