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La «prioridad nacional», además de discriminatoria y socialmente desgraciada, comete simultáneamente tres errores de manual: confunde stocks con flujos, asume mercados de suma cero y destruye señales de precio. Explicar estos tecnicismos hace ver que cualquiera de los tres por separado bastaría para rechazar la política. Los tres juntos la convierten en un ejercicio de autolesión institucionalizada.
El error de suma cero tiene nombre técnico desde 1892. El economista David Schloss lo bautizó como la lump of labour fallacy: la falacia de creer que la cantidad de trabajo en una economía es fija, una tarta de tamaño inmutable que hay que repartir entre menos comensales. Un error refutado hace más de un siglo que, como ciertos personajes de Beckett, simplemente no sabe irse. Los inmigrantes no solo ocupan empleos: consumen, pagan impuestos, alquilan, compran. Generan demanda, y la demanda genera empleo. La Reserva Federal de St. Louis lo documenta desde 1948: a más trabajadores en una economía, más empleos totales, no menos.
El error de precio lo documentó Gary Becker: la discriminación por preferencias castiga al discriminador además de al discriminado. El empleador que descarta al mejor candidato por su apellido contrata a alguien peor y pierde productividad. La «prioridad nacional» lo institucionaliza a escala de país. No es proteccionismo: es destrucción de valor colectiva y voluntaria. Y hay evidencia experimental que lo mide. En 2004, Bertrand y Mullainathan publicaron en el American Economic Review un experimento: cinco mil currículums idénticos, solo cambiaba el nombre. Emily y Greg recibían un 50% más de llamadas que Lakisha y Jamal. Una meta-análisis en el Journal of Ethnic and Migration Studies replicó ese resultado en 738 experimentos en países de la OCDE entre 1990 y 2015: la discriminación étnica en la contratación no es una herencia del pasado. Es una constante del presente. La «prioridad nacional» no inventa ese sesgo. Lo eleva a política de Estado.
El error de incentivos es el más profundo y el que el debate político evita con más cuidado. La «prioridad nacional» no asume que el candidato nacional sea mejor. Asume que debe ganar independientemente de si lo es. Eso no protege al trabajador español: lo infantiliza. Le garantiza el resultado sin exigir mérito. Es el peor incentivo que puede recibir un mercado laboral, y tiene también nombre técnico: racismo. No como insulto, sino como categoría analítica. Clasificar candidatos por origen antes de leer su currículum es exactamente eso, con independencia de la retórica que lo envuelva.
La exclusión laboral, además, no hace desaparecer a las personas. Las desplaza. Un trabajador sin acceso al mercado formal busca sobrevivir fuera del sistema, alimentando economía sumergida que compite sin cotizar y sin derechos con los trabajadores nacionales menos cualificados. La «prioridad nacional» no protege al eslabón más débil de la cadena laboral. Compite con él desde la sombra, hundiéndole los salarios en negro.
España tiene una tasa de fecundidad de 1,16 hijos por mujer según el INE, frente al 2,1 que exige la reposición generacional. Sus consecuencias son aritméticas: menos cotizantes, más pensionistas. El trabajador inmigrante no compite con el sistema de bienestar español.
El coste real de la «prioridad nacional» no tiene fecha, pero sí responsables. Implica menor productividad agregada, déficit de cotizantes, presión sobre sanidad y pensiones. Un coste diferido que pagarán los jóvenes españoles de hoy, los mismos a quienes se vende la «prioridad» como promesa de protección. Esa es la arquitectura del engaño y falacia acomplejados: el daño llega tarde, cuando ya nadie recuerda quién firmó el eslogan.
Hay una palabra para convertir el sesgo en ley sabiendo lo que produce: irresponsabilidad.
Actualidad Económica // elmundo
