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La Fiscalía Antidroga ha dado instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para que reporten cualquier actuación violenta por parte de tripulantes de narcolanchas. El objetivo es añadir a la acusación por tráfico de drogas el delito de piratería, que el Código Penal castiga con 10 a 15 años de prisión.
El punto de partida de la decisión consta en el arranque de la instrucción remitida el lunes por la fiscal jefe de Antidroga, Rosana Morán, a Policía y Guardia Civil: «Los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando EAV [embarcaciones de alta velocidad] u otras embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas actividades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados».
El delito que se pretende aplicar es el 616 ter del Código Penal, que castiga con 10 a 15 años de prisión al que «con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas».
Antidroga considera que esa literalidad admite acusar en casos de maniobras violentas de las narcolanchas, al estimar que lo que pretende proteger el precepto «es principalmente la seguridad de la navegación marítima».
Se apoya para ello en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba una absolución por piratería dictada en una sentencia de la Audiencia Nacional revocada en apelación. La decisión del Alto Tribunal «permite vislumbrar la aplicación de este tipo penal a determinadas conductas en las que se dan acometimientos, actos de violencia, ataques con narcolanchas u otro tipo de embarcaciones utilizadas especialmente para el transporte de droga contra los miembros y fuerzas de seguridad del Estado o a funcionarios de vigilancia aduanera».
Antidroga ordena a las Fuerzas de Seguridad que en sus atestados «se haga expresa y detallada constancia de cualquier acto de violencia, intimación, ataque o acometimiento directo o indirecto cometidos por los conductores y ocupantes de estas embarcaciones contra embarcaciones oficiales o contra las personas que las ocupan».
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