Se cumplen tres años de que Junts y ERC obligaran a utilizar el catalán en el Congreso Leer Se cumplen tres años de que Junts y ERC obligaran a utilizar el catalán en el Congreso Leer
Audio generado con IA
Españoles necesitando de traducción simultánea para hablar entre sí. Por ahora esto tiene el precio de casi cuatro millones de euros en tres años, pero el Congreso de los pinganillos va camino de suponer un bocado de cerca de cinco millones de dinero público al final de la legislatura en 2027. Fue una de las exigencias que Junts y ERC impusieron al PSOE para poder arrancar la legislatura y que se consumó en la obligación de pagar un servicio de interpretación y traducción en la Cámara Baja para que se pudieran utilizar el catalán, euskera, gallego y valenciano en los debates parlamentarios, y no sólo el castellano, como sucedía hasta entonces por ser la lengua que hablan y entienden todos los ciudadanos.
De este peaje a Pedro Sánchez se cumplirán tres años el próximo lunes. Fue una de las condiciones que el independentismo catalán le arrancó al líder socialista para hacer a Francina Armengol nueva presidenta del Congreso el 17 de agosto de 2023 y para comenzar a construir el bloque que después propiciaría su investidura, con ley de amnistía mediante. Pero antes, la línea roja era el catalán. Sánchez forzó las funciones de un Gobierno en interinidad al reclamar por carta a la UE que el catalán, gallego y euskera fueran idiomas oficiales en Europa -algo que a día de hoy no ha sucedido aún-. Y en paralelo Armengol, el día de su elección como presidenta, anunció de manera unilateral y sin la reforma del Reglamento del Congreso que ya se podían utilizar las lenguas cooficiales.
Comenzaba así a pagarse la contrapartida a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a cambio de sus votos. Hoy la factura económica de contratar a traductores en el Congreso se estaría acercando a los cuatro millones de euros, según los cálculos que ha podido hacer EL MUNDO con los datos oficiales de 2023, 2024 y 2025 y una estimación sobre 2026.
Adecuar las salas con los equipos supuso un gasto de 1,6 millones
De agotar la legislatura en fecha, el coste final apuntará hacia los cinco millones a pesar de que entre el boicot de PP y Vox, la pereza, el hastío o el pragmatismo del impacto mediático que tiene el castellano, cada vez es más habitual ver como una gran mayoría de los diputados ni siquiera utiliza ya los pinganillos. Es cierto que siempre tienen la opción de mirar los subtítulos en la pantalla, pero muchas veces ni eso. Junts es inflexible con el uso del catalán, pero Gabriel Rufián prefiere el castellano. Igual que hacen el PNV o EH Bildu para lanzar sus mensajes más potentes, aunque hagan uso de los dos idiomas en sus intervenciones.
El Congreso llegó a prever un coste máximo de 12,5 millones de euros en traducción para toda la legislatura, según la licitación del contrato público, sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Y en esto ha tenido mucho que ver la poca producción legislativa que se está dando en el Congreso por los vaivenes de la mayoría en la que se sustenta el Gobierno de PSOE y Sumar. Hay menos días con Pleno -muchos jueves no hay sesión- y menos reuniones de comisión para rematar leyes.
Cada día el uso del auricular es más residual, hay más pragmatismo
Así que, por mucho que las empresas adjudicatarias de traducción se llevaran en enero de 2025 un contrato por 3.990.315 euros para 18 meses, éste les obliga a facturar por los minutos exactos de sus servicios en los plenos y las comisiones o por las palabras de los textos que traducen. Si hay menos, cobran menos.
Como resulta que están teniendo menos trabajo del previsto, en los 12 meses de 2025 cobraron 919.669 euros, según los datos del Portal de Transparencia publicados por Europa Press. Una estimación sobre la totalidad de los 18 meses -no hay datos oficiales de 2026- elevaría la cifra de los costes a unos 1,4 millones. Mucho menos de los adjudicado.
Sí hay datos completos de lo que costaron los intérpretes de las lenguas cooficiales al castellano en los años 2023 y 2024, puesto que el Congreso tuvo que hacer contratos menores y los precios están publicados en la web de la Cámara. Esto sucedió hasta que la licitación del servicio completo se adjudicó de manera oficial a cuatro empresas.
El coste anual de la traducción se eleva al millón de euros al año
En concreto, entre finales de 2023 y todo 2024 se realizaron 424 contratos menores por un importe de 674.418 euros, según ha podido cuantificar EL MUNDO. A esto se añade 17.870 euros en transcripciones.
Además, el coste más importante tuvo que ver con el suministro e instalación del sistema de conferencias de las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta y del equipamiento para posibilitar la interpretación simultánea remota y el subtitulado en cinco salas del Congreso. La empresa Telesonic se lo adjudicó por 1.633.500 euros. Esta partida se supone que es excepcional hasta una renovación.
La caída de las sesiones hace que el precio sea más bajo del previsto
Todos esos contratos se unen al dato oficial recogido por Europa Press sobre el servicio completo en 2025, ya con la adjudicación oficial, haciendo un total de 3.245.458 euros.
Falta por saber la cifra oficial de 2026. Si es como en 2025, para mayo o junio de 2027 la factura completa de la legislatura de los pinganillos se elevaría hasta los 4,6 millones. Todo, siempre, en función de la actividad. Éste es el precio que tendría que los diputados se escuchasen. Otra cosa es querer entenderse.
12,5 millones. Éste fue el cálculo que el Congreso estimó que podría tener el servicio de traducción durante toda la legislatura.
1,6 millones. Es la factura que se pagó entre los contratos menores de 2023 y 2024 (692.289 euros y 17.870 en transcripciones) y el primer año de adjudicación en 2025 (919.669 euros). Con la estimación de 2026 hay que sumar un millón más.
1.633.500 euros. Es el precio que se pagó por extender a cinco comisiones el uso de los pinganillos.
España // elmundo
