Una buena manera de medir la calidad de un país es medir su capacidad para proteger a sus habitantes. España, en las últimas décadas, ha articulado un complejo sistema de protección social con esa finalidad: hospitales, escuelas, infraestructuras, protección civil… Pero ahora ha aparecido un nuevo riesgo, aunque ya no tan nuevo, y muy grave. Se llama cambio climático.
España necesita cooperación y patriotismo cívico para hacer frente a la emergencia climática
Una buena manera de medir la calidad de un país es medir su capacidad para proteger a sus habitantes. España, en las últimas décadas, ha articulado un complejo sistema de protección social con esa finalidad: hospitales, escuelas, infraestructuras, protección civil… Pero ahora ha aparecido un nuevo riesgo, aunque ya no tan nuevo, y muy grave. Se llama cambio climático.
El científico Svante Arrhenius advirtió en 1896: si se duplican las emisiones de CO₂ la temperatura aumentará entre 5 y 6 grados. Los científicos de Exxon Mobil ya concluyeron a finales de los años 70 que las emisiones de combustibles fósiles implicaban un grave calentamiento global. El 8 de noviembre de 1989, Margaret Thatcher en la Asamblea General de Naciones Unidas señaló el riesgo del cambio climático. Hace ya tiempo que sabemos, pero hemos hecho como que no sabemos.
Sin embargo, como advirtió Ortega y Gasset: Toda realidad ignorada prepara su venganza. Hoy en España y en el mundo estamos viviendo la venganza de esa realidad ignorada. Y podemos decir, con pocas excepciones, que los estados están fallando en su misión fundamental de proteger a su población.
¿Qué deberían proteger hoy, con más fuerza, las administraciones públicas en España?
Cada una de las interminables olas de calor de los últimos veranos deja en España un reguero de muertos invisibles: personas cuyo final se adelanta por temperaturas que no deberíamos dar por normales. Cálculos del Instituto de Salud Carlos III estiman que este verano ya han fallecido prematuramente más de 5.030 personas por el calor extremo. Proteger la salud de millones de españoles —los enfermos respiratorios, los mayores que viven solos, quienes trabajan expuestos al calor, quienes sufren pobreza energética— es una prioridad nacional.
Proteger el trabajo y la economía de quienes producen nuestros alimentos es una prioridad nacional. El agricultor español duda cada vez más sobre la rentabilidad de las próximas cosechas. El trigo pierde fertilidad a partir de los 35 grados. El tomate aborta la flor por encima de los 32. El clima está desmontando las condiciones sobre las que se construyó, durante siglos, la agricultura española. Sequías, pedrisco, inundaciones e incendios ya no son la excepción: forman parte de la cuenta de resultados anual de miles de explotaciones familiares.
Frenar el empobrecimiento del suelo español es una prioridad nacional. En los últimos cuarenta años, una superficie equivalente a Aragón y Murcia juntas ha entrado en un proceso avanzado de erosión y degradación.
Frenar los incendios de nuestros bosques es una prioridad nacional. España vuelve a arder este verano infernal. Revisar y proteger las infraestructuras públicas, vías férreas, asfalto, redes eléctricas, diseñadas con los parámetros térmicos del siglo pasado, no para las olas de calor del siglo XXI, tiene también la misma prioridad.
Proteger la economía española es una prioridad nacional. Según un estudio reciente de Scope Ratings, la agencia europea de calificación crediticia, el cambio climático podría costarle a España hasta un 6,8 % del PIB en las próximas tres décadas: una cifra que, por sí sola, debería bastar para sacar este asunto del marco de la política ambiental y convertirlo en la política transversal de cualquier administración pública.
El cambio climático es un problema económico
Estas cifras, y otras muchas que ahorro al lector, demuestran que el cambio climático no es en España solo un problema ambiental. Es un gravísimo problema económico. Es un enorme riesgo de salud pública. Es un riesgo estratégico. Es, sencillamente, un problema de seguridad nacional. Afrontarlo debe ser una prioridad nacional. Ya es hora de tomarnos en serio sus causas y sus consecuencias. Ya basta de retrasos que solo producen más víctimas y más daños. Como ocurre con muchas enfermedades, la procrastinación se paga muy cara.
El calentamiento global ya no amenaza solo nuestro futuro. Ya está reorganizando nuestro presente. Y no afecta solo a una parte de la Administración Pública. Es el conjunto de la acción de gobierno el que debe actuar frente a él.
“La dificultad no reside tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas”. Esta frase de Keynes describe a buena parte de nuestra clase política, todavía atrapada en la idea de que el clima solo es un asunto ambiental. En el siglo XXI ya no se puede gobernar con esa rancia idea.
No partimos de cero
La buena noticia es que no partimos de cero. España tiene empresas líderes, agricultores innovadores, universidades, centros de investigación, administraciones públicas y una sociedad civil extraordinariamente comprometida. Tenemos talento, conocimiento y capacidad de cooperar. Lo que falta es convertir esa capacidad en un pacto de país por la acción climática, para reducir nuestras emisiones y para adaptarnos al nuevo clima.
De hecho, familias, empresas y agricultores ya afrontan el calentamiento global, cada cual como puede: unas veces con ayuda pública, otras en soledad. El problema grave está en otro sitio: en la resistencia de las fuerzas políticas a afrontar juntas este desafío.
No hace falta inventar nada. En septiembre de 2024, once formaciones políticas españolas —el PP incluido— firmaron una declaración comprometiéndose por escrito a una acción conjunta frente al cambio climático. Ese papel existe. Recuperarlo y convertirlo en política práctica es la tarea pendiente. El Gobierno de España ya impulsó recientemente la participación de la sociedad en un pacto por la emergencia climática, cuyas jornadas iniciales se celebraron en Ponferrada, y que más de 250 entidades ya han suscrito. Son antecedentes positivos.
No seríamos los primeros en lograrlo. En 2008, el Parlamento británico aprobó su ley del clima con 463 votos a favor y solo 3 en contra: conservadores y laboristas, enfrentados en casi todo lo demás, coincidieron en que el clima no podía ser moneda de cambio electoral.
Esos acuerdos transversales multiactor deben realizarse también en cada territorio (comunidad autónoma, provincia, municipio). La acción climática exige afrontar las concretas características locales.
Las tempestades examinan a los marinos. Las grandes crisis examinan a los políticos. Queremos dirigentes que den la cara ante el cambio climático, que protejan a los agricultores, a los ganaderos, al sector turístico, a los mayores, a los escolares, a los pescadores: a toda España.
Ante la urgencia del fuego, los agricultores subieron a sus tractores y dejaron sus labores sin atender para salvar lo común: su pueblo. Los partidos políticos también pueden dejar en pausa su interés electoral inmediato, y arrimar el hombro para salvar lo común: nuestro país.
La política española debería aprender de esa España anónima que coopera sin excusas para proteger a sus vecinos.
También la sociedad civil debemos implicarnos en la tarea de afrontar las causas y consecuencias del cambio climático en España. Es un desafío que interpela a las empresas, a las universidades, a los centros de investigación, a las entidades sociales y a los medios de comunicación. Estamos todos convocados. Cuando el país arde por los cuatro costados, y el hoy y el mañana de España se oscurecen, no cabe la omisión del deber de socorro.
Frente a la sensación de impotencia
Debemos combatir la sensación de impotencia que provocan en la ciudadanía los fenómenos atmosféricos extremos. El calentamiento global no se frena con lamentos. Se frena con acciones.
La sociedad civil debe empujar a los líderes políticos y a las instituciones para que hagan lo que les corresponde: cooperar frente al desafío climático, proteger nuestro patrimonio natural amenazado y proteger a la población.
Pero la sociedad civil debe hacer algo más: practicar lo que pide. Tenemos que defender, con el mismo talento y coraje que despliegan los bomberos, nuestro país común y nuestro planeta común.
La ola de cooperación y ayuda mutua que han despertado los incendios en la sociedad española debemos convertirla en un nuevo patriotismo cívico: uno que trabaje por proteger la fertilidad de nuestro suelo, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros acuíferos. Para proteger el presente y el futuro de nuestro país. La cooperación es la infraestructura básica de una democracia que funciona. Y es condición de supervivencia.
España sabe cooperar
La sociedad civil también se examina en las crisis. Es la hora.
España ha demostrado muchas veces, a lo largo de su historia, que sabe cooperar cuando entiende que está en juego algo esencial. Lo ha hecho frente a incendios, inundaciones, atentados, pandemias.
La emergencia climática exige hoy esa misma capacidad de cooperación, esa misma voluntad de proteger lo común, ese mismo patriotismo cívico: el que entiende que amar España es cuidar aquello que permite que siga siendo habitable para quienes vivimos hoy y para quienes vivirán mañana.
El cambio climático es la prueba decisiva de la capacidad de una nación para proteger a sus ciudadanos, y de la madurez de su democracia para cooperar frente a un riesgo común.
Los bosques, el suelo, el país entero que tenemos son una herencia: fruto del trabajo y el esfuerzo de nuestros padres y nuestros abuelos. No tenemos derecho a empobrecer esa herencia y entregar a nuestros hijos y nietos un futuro repleto de cenizas.
Sociedad en EL PAÍS
