El tratamiento del asunto no concluyó el jueves como estea previsto, sino este mismo viernes y aún no se conoce el contenido final del dictamen Leer El tratamiento del asunto no concluyó el jueves como estea previsto, sino este mismo viernes y aún no se conoce el contenido final del dictamen Leer
Audio generado con IA
El Real Decreto para aumentar las exigencias regulatorias de los centros de datos ha pasado el trámite del Consejo de Estado, donde sus críticos tenían esperanzas de que se pudiera bloquear el texto por el procedimiento usado por el Gobierno, y se encamina al Consejo de Ministros, con posibilidades de aprobarse el próximo martes.
El Consejo de Estado aún no ha hecho público su dictamen sobre el decreto, pero ya lo ha incluido entre los asuntos despachados en el órgano, con un detalle que da a entender que el texto ha sido objeto de un profundo debate: El Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos aparece como despachado este mismo viernes, no el jueves como el resto de asuntos del día tratados en la sesión ordinaria del órgano, que es cuando suele reunirse.
La principal duda jurídica con la que el texto llegaba a la entidad presidida por Carmen Calvo era que el Gobierno no había recurrido al mecanismo Tris, un paso obligatorio en muchos temas y que conlleva avisar a Bruselas para que examine durante tres meses el proyecto normativo con vistas a entender si daña o no el mercado interior. Uno de los aspectos que caen bajo este aspecto es el relacionado con los servicios digitales, un ámbito donde podrían encajar los centros de datos.
De hecho, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia constató en su informe que, a su juicio, se debía evocar el mecanismo dado los temas a los que hace alusión el proyecto, especialmente en sus menciones acerca de la soberanía tecnológica.
Incluso la Comisión Europea se puso en contacto con el Gobierno para recordarle los temas en los que está obligado a consultarle tras varias peticiones particulares de empresas con intereses en España en una comunicación a la que tuvo acceso EL MUNDO.
Ahora, el camino se despeja para el Gobierno, que tendría opciones de aprobar ya en el próximo Consejo de Ministros el decreto, que establece obligaciones a los centros de datos en materia de consumo de energías renovables, correlación horaria y eficiencias que a día de hoy son considerados incumplibles por la industria en su conjunto.
De hecho, el placet del Consejo de Estado abre la puerta a una ola de recursos judiciales, que pueden llegar desde dos frentes: las propias empresas agrupadas en Spain DC y gobiernos regionales como Madrid y Aragón. En juego, casi 70.000 millones de euros en inversiones previstas en España que ahora están en riesgo.
Actualidad Económica // elmundo
