Las licitaciones negociadas sin publicidad multiplican por diez el dato del primer año de Sánchez en La Moncloa. Tres grandes empresas de la industria militar participadas por el Estado fueron las principales beneficiarias Leer Las licitaciones negociadas sin publicidad multiplican por diez el dato del primer año de Sánchez en La Moncloa. Tres grandes empresas de la industria militar participadas por el Estado fueron las principales beneficiarias Leer
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El Gobierno, espoleado por la carrera del rearme de la OTAN, disparó por encima de los 23.300 millones de euros las licitaciones a dedo en 2025. La cifra multiplica por diez el dato de 2018, el año en que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y fija un nuevo récord absoluto para la Adminsitración del líder socialista que, incluso, deja muy atrás el dato de 2020, cuando la pandemia impulsó estas licitaciones exprés en el contexto de la pelea mundial por el material sanitario.
El verano pasado, los socios de la OTAN acordaron en La Haya elevar el umbral de gasto en defensa hasta el 5% del PIB a lo largo de la década, el mayor salto en la historia de la Alianza. Pedro Sánchez lo calificó de «derroche» y apeló a la soberanía española para evitar un gasto «desproporcionado». España firmó la declaración solo después de arrancarle al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, permiso para interpretar el pacto a su manera, comprometiéndose a alcanzar las capacidades militares acordadas sin necesidad de comprometer el 5% del PIB. Lo que siguió fue un despegue del gasto en defensa que ha impactado de lleno en las dinámicas de contratación pública.
En 2025, el Estado tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad -lo que popularmente se conoce como licitación a dedo– contratos por valor de 23.339,59 millones de euros, frente a los poco más de 3.100 millones del año anterior. La cifra también supera con creces los casi 7.900 millones negociados sin publicidad el año del coronavirus y fija un nuevo máximo para el Gobierno de Pedro Sánchez, muy por encima del anterior (8.444 millones en 2019).
Más allá de las cifras absolutas, recogidas por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), llama la atención el creciente peso del importe adjudicado a dedo sobre el total licitado a nivel estatal. Y es que en 2025, casi el 41% del dinero público en liza se asignó por esta vía exprés, mientras que en 2024 esta fórmula apenas supuso el 7,8% del total. Nunca antes en la ‘era Sánchez’ se había llegado al umbral del 40%, ni siquiera en la crisis del coronavirus.
El órgano fiscalizador confirma que este fenómeno sin precedentes responde «casi exclusivamente a contratos licitados y adjudicados en el ámbito de la defensa». Y es que lejos de una batalla industrial abierta, la estrategia de rearme exprés del Gobierno se está ejecutando mediante contratos a dedo que, masivamente, han acaparado tres grandes empresas en las que el Estado participa como accionista. Se trata del coloso europeo Airbus, el gigante nacional Indra y la naviera pública Navantia que, de acuerdo con un informe de Opina 360, la consultora creada por su ex jefe de gabinete Iván Redondo; monopolizaron el 70,8% de los contratos de equipamiento adjudicados por el Ministerio de Defensa el año pasado.
El departamento que dirige Margarita Robles ha canalizado buena parte de los fondos para renovar las capacidades de las Fuerzas Armadas y cumplir con la OTAN a través de los llamados Programas Especiales de Modernización (PEM). El pasado año, llegó a asignar 27.987 millones (el 88% del presupuesto) vía adjudicaciones directas, sin concurso, por el procedimiento negociado sin publicidad. La alta concentración de fondos para las tres grandes ha levantado ampollas en el sector y ha llevado a Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics, a denunciar en la Audiencia Nacional los megacontratos de artillería que Defensa adjudicó en 2025 a Indra y Escribano.
La prisa de Moncloa para comprometer el gasto en defensa ante sus socios de la Alianza Atlántica ha provocado otra anomalía e las estadísticas. Según los registros de la OIReScon, el sector público estatal logró adjudicar en 2025 un insólito 93,75% del volumen económico total que había sacado a licitación ese mismo año. Se trata del porcentaje más alto de toda la serie histórica y supera al registrado ese mismo año tanto a nivel autonómico (72%) como a nivel local (64%).
Lo cierto es que esa altísima asignación de fondos en tiempo récord tiene mucho que ver con que los millonarios contratos de defensa se estén tramitando bajo la fórmula del negociado sin publicidad, lo que está permitiendo al Gobierno engrosar casi de de forma inmediata la partida de gasto en defensa.
El procedimiento negociado sin publicidad permite a las administraciones contratar obras, servicios o suministros sin convocar un concurso al uso, limitando la puja solo a un puñado de empresas (a veces a una sola). Además de mermar la competencia, esta fórmula acarrea importantes sobrecostes para el contribuyente, ya que la Administración pierde toda su fuerza de negociación. La propia Oficina ha constatado ese impacto económico. En 2025, los contratos adjudicados por concurso abierto lograron rebajas de entre el 14 y el 11% frente al presupuesto inicialmente estimado por la Administración; mientras que el ahorro promedio en el caso de las licitaciones a dedo no llegó al 2,2%.
Por todo ello, la Unión Europea es tajante y condiciona estos contratos exprés a situaciones excepcionales, imprevisibles y de extrema urgencia como lo fue el Covid. También cuando, objetivamente, solo exista una empresa capaz de realizar el encargo. Por esta última rendija se cuela la inmensa mayoría de los contratos a dedo en España, pues casi el 100% de las veces el Estado, las autonomías y los ayuntamientos alegan «exclusividad técnica» para entregar un contrato a una empresa determinada, si bien pocas veces logran justificarlo.
En 2025, el Gobierno recurrió de forma sistemática a esas mismas cláusulas de exclusividad y, amparándose en la seguridad nacional, está reduciendo al mínimo sus explicaciones para justificar esa adjudicación masiva sin competencia que está lideranda el Ministerio de Defensa.
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