Rechaza señales bilingües y sólo admite que «excepcionalmente se pueda usar una segunda lengua, que se tiene que aplicar debajo del catalán» Leer Rechaza señales bilingües y sólo admite que «excepcionalmente se pueda usar una segunda lengua, que se tiene que aplicar debajo del catalán» Leer
El Govern de la Generalitat que dirige Salvador Illa está haciendo caso omiso a la sentencia del pasado mes de julio por la que el Tribunal Supremo ordenó a la Generalitat acabar con la exclusión del castellano en los rótulos de las escuelas públicas de la comunidad autónoma.
El Ejecutivo socialista mantiene vigente y aplica el denominado «Manual de señalización de espacios interiores», que fue revisado por última vez en 2007, durante el Govern tripartito que el PSC formaba con ERC e ICV, y que encabezaba José Montilla.
Este documento oficial establece que «la lengua utilizada en la señalización [de los edificios de la Generalitat] es el catalán». El documento resalta, literalmente, que «no se prevé el uso del bilingüismo» y únicamente admite que, «excepcionalmente, y en casos determinados, se puede utilizar una segunda lengua», lo que colisiona con el fallo del Supremo, que reclama un uso generalizado de los dos idiomas cooficiales en Cataluña, esto es el castellano y el catalán.
Además, el manual de la Generalitat indica que en esos casos excepcionales en los que se decida usar una segunda lengua en la rotulación de sus edificios públicos, «se tiene que aplicar bajo el catalán y en cursiva», para evidenciar su condición de lengua subordinada y de menor rango que el idioma autonómico.
La Generalitat se está acogiendo a este manual para desobedecer el fallo del Supremo, que anuló un apartado del plan de gestión para los centros docentes que la Generalitat aprobó en julio de 2022 y por el que fijaba: «La rotulación de los espacios del centro es en lengua catalana; en occitano, en Arán, y en la lengua de signos catalana si corresponde, que son las lenguas de referencia del sistema educativo. La presencia de otras lenguas en el espacio físico del centro (paredes, rótulos, etc.) se circunscribe a las producciones de los alumnos y de las alumnas».
Atendiendo a un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, el Supremo determinó que la enseñanza no puede circunscribirse a lo que se transmite en las aulas, ni a los libros de texto y otros materiales docentes, y que el espacio físico en que se desenvuelve la actividad educativa no puede calificarse como algo completamente separado y ajeno a ésta, argumento que alegó la Generalitat.
«La configuración de las instalaciones de los centros docentes son efectivamente el escenario o el paisaje de la actividad educativa y, por consiguiente, forman parte de la misma. Tal vez no la parte más importante; pero sí una parte relevante, que no debe ser desdeñada», señala la sentencia del Supremo sobre el idioma de los rótulos y carteles de las escuelas e institutos, para destacar la necesidad de que estos también respondan a la realidad lingüística de la región, en la que, según la Constitución, castellano y catalán deben coexistir en igualdad de condiciones. «No es lo mismo a efectos de la visión de las cosas que se transmite a los alumnos, un espacio físico donde señales y carteles están solo en una o en las dos lenguas de la correspondiente Comunidad Autónoma», añadía el Supremo.
Asimismo, el fallo subraya que «el castellano es lengua oficial en toda España, lo que significa -entre otras cosas- que es lengua que no puede ser excluida en las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos». «Pues bien», añade, «los carteles y señales que permiten orientarse en edificios pertenecientes a la Administración -como son, sin duda alguna, las escuelas y los institutos de titularidad pública- constituyen un modo de comunicarse con los particulares que acceden a ellos. De aquí que no quepa afirmar que sean ajenos al régimen de cooficialidad lingüística». «Ello significa que excluir el uso del castellano a estos efectos no resulta respetuoso del art. 3 de la Constitución, por no mencionar que puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística a efectos del art. 14 de la propia carta constitucional», concluye.
Con esta última afirmación, el Supremo da a entender que esa marginación tampoco debe producirse en las dependencias de cualquier otro organismo público, aunque no tenga nada que ver con el ámbito educativo. Pero ese arrinconamiento sigue realizándose en base al «Manual de señalización de espacios interiores» de la Generalitat.
Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista que lidera el catedrático Rafael Arenas, y la AEB preparan un escrito con el que reclamarán el cambio de la normativa sobre rotulación de la Generalitat, al entender que no puede seguir contemplando que únicamente se realice en catalán.
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