Los ejecutivos de coalición impulsan ya medidas inspiradas en el principio de «prioridad nacional», aunque aún no lo han dejado recogido por ley Leer Los ejecutivos de coalición impulsan ya medidas inspiradas en el principio de «prioridad nacional», aunque aún no lo han dejado recogido por ley Leer
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Se cumplen hoy tres meses desde que PP y Vox se dieron la mano en Aragón para que un nuevo gobierno de coalición echara a andar. Apenas cinco días antes habían hecho lo propio en Extremadura, sellando un pacto de legislatura en el que un concepto eclipsó todo lo demás: «prioridad nacional», la idea de que «los españoles» deben ir «primero» en el acceso a ayudas, prestaciones sociales o vivienda pública.
Los gobiernos de Castilla y León y Andalucía contemplarían también, semanas después, ese principio como parte de su hoja de ruta para los próximos cuatro años. Aunque ninguno de estos ejecutivos ha plasmado aún el término «prioridad nacional» en una norma con rango de ley -como hará hoy la Comunidad Valenciana-, sí han comenzado a impulsar medidas que se enmarcan en esa tesis, que para Vox debe ser vertebradora de las políticas públicas.
El primer instrumento que Vox ha empleado para introducir medidas que «prioricen» a los españoles son los Presupuestos de Extremadura del ejercicio 2026. En ellos, por ejemplo, se da un recorte drástico en la partida destinada a financiar la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una entidad pública que coordina los recursos que la comunidad destina a «la construcción de la paz, la erradicación de la de la pobreza en todas sus dimensiones [y] la reducción de las desigualdades», mirando fuera de las fronteras.
Si en los anteriores presupuestos extremeños, de 2024, se destinaban 10,9 millones de euros a financiar la acción de la Agencia, ahora solo se concederán 2,7 millones. «No vamos a permitir que los recursos de los extremeños se vayan fuera», argumentó el vicepresidente extremeño, de Vox, Óscar Fernández.
También por la vía de los Presupuestos de Extremadura ha realizado Vox otro movimiento de fondos que retira dinero antes dirigido a asistir a inmigrantes y en su lugar lo destina, según Fernández, «a las familias». En las cuentas públicas que se están tramitando, la Junta elimina tres subvenciones nominativas que se concedían en los anteriores Presupuestos: una partida de 97.000 euros que recibía la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) para financiar sus labores de atención humanitaria y acogida, otra partida de igual importe que recibía la Fundación Cepaim para los mismos fines, y un tercer apunte de 50.000 euros que se concedía a la Asociación Progestión, que realiza tareas de acompañamiento en materia de extranjería.
Para Vox, estas son «estructuras ligadas a la inmigración ilegal» y, así, les retira los fondos para redirigirlos a «programas sociales que benefician directamente a los extremeños en primer lugar».
En Aragón no se han diseñado Presupuestos para el ejercicio 2026, pero, por otros cauces, Vox está impulsando ya desde dentro del gobierno medidas que se inspiran en el principio de «prioridad nacional». El vicepresidente Alejandro Nolascoanunció hace dos semanas que su consejería trabaja en un Proyecto de Ley para reformar la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, la renta básica autonómica.
La modificación legislativa busca «impedir que los inmigrantes en situación ilegal puedan percibir estas pagas», sustituyendo el actual requisito de «residencia efectiva» por «legal». Además, se endurecerá el acceso a esta prestación, exigiendo que se acredite un «arraigo real, duradero y verificable vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a la trayectoria de cotización a la Seguridad Social» -en suma, la aplicación de la «prioridad nacional»-. «Ni una paguita pública para la inmigración ilegal», dijo Nolasco.
En todo caso, el grueso de las medidas que llevarán a la práctica el principio de «prioridad nacional» aún está por ejecutar, pues su mayor reflejo se recogerá cuando los gobiernos vayan sacando convocatorias de ayudas públicas o adjudicaciones de vivienda. Eso sí, en Extremadura, el vicepresidente Fernández ya anunció que en el Plan Habita se tendrá en cuenta la «prioridad nacional»: el programa, puesto en marcha con el actual presupuesto, recoge la construcción de 3.500 viviendas protegidas en esta legislatura.
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