Investiga varios contratos: desde el cambio del sistema de seguridad, que se prometió a Bruselas que estaría ejecutado al pasado febrero, a la radiotelefonía Leer Investiga varios contratos: desde el cambio del sistema de seguridad, que se prometió a Bruselas que estaría ejecutado al pasado febrero, a la radiotelefonía Leer
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De los sistemas de seguridad, a los de radiotelefonía o el mantenimiento. La Fiscalía Europea rastrea cientos de millones de euros de fondos europeos utilizados en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una de las más financiadas por la UE en el sector ferroviario comunitario y, sin embargo, golpeada por trágicos accidentes.
Sólo en los últimos años de proyectos para la renovación de la vía Madrid-Sevilla, se han asignado a Adif fondos europeos Next Generation por valor de 261,6 millones de euros, según una estimación del Tribunal de Cuentas. Esta cifra incluye varios contratos adjudicados por el gestor ferroviario español que es, además, el principal receptor de estos fondos en España con cargo al llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La Fiscalía Europea investiga particularmente los contratos que más relacionados han podido estar con los dos accidentes mortales en Adamuz y Urda: «La renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones».
Eso incluye el contrato más polémico por valor de 94 millones adjudicado en octubre de 2021 a Thales -actual Hitachi Rail- para el cambio del viejo sistema de seguridad LZB al más moderno recomendado por Bruselas ERTMS. Lo iba a financiar el tradicional Feder pero finalmente fue endosado a los fondos Next Generation bajo la promesa de que estaría terminado en febrero de 2026. Finalmente tendrá un retraso de 12 meses, según afirmó antes de dimitir el ministro de Transportes, Óscar Puente. Éste relativizó el retraso, pese a que, según el reglamento europeo de este tipo de fondos, la ejecución debería haber culminado este año.
El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha urgido a todos los estados miembros a adoptar el nuevo sistema ERTMS tras los dos accidentes en España, aunque Puente sostuvo que el LZB, que ha caído más de 170 veces este año, es tan seguro como el nuevo.
Otra particularidad del contrato para reemplazar un sistema por otro es que se lo adjudicó Thales con una rebaja del 28% con respecto a sus competidores, por lo que fue cuestionado inicialmente por posible «baja temeraria». Thales, muy experimentado en esta tecnología, logró justificar poder ofrecer un precio inferior al resto y se llevó finalmente el pedido.
La Fiscalía Europea analizará si hay fraude a los fondos europeos en esa adjudicación y en su ejecución. También analizará lo sucedido con el mantenimiento mientras se produce la migración de un sistema a otro.
Es significativo que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en el Tribunal de Cuentas, que, como publicó este diario el pasado diciembre, detectó serias irregularidades en adjudicaciones de Adif financiadas a cargo del Plan de Recuperación, aunque no se centraban en la línea Madrid-Sevilla.
La Fiscalía revisará también los contratos de telecomunicaciones llamados GSM-R. Se trata del sistema Global System for Mobile Communications Railways, que es, según Adif, un modelo de radiotelefonía escogido por la mayor parte de las compañías ferroviarias europeas.
«El GSM-R proporciona todos los servicios necesarios para la comunicación mediante radiotelefonía entre las circulaciones y el puesto de mando. Este sistema permite al maquinista del tren estar en contacto permanente con el Centro de Regulación de la Circulación (CRC). Es a su vez complementario con los sistemas de señalización instalados de bloqueo automático con CTC», asegura Adif en estos contratos.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, afirmó en TVE que el Gobierno espera que no conduzca a nada esta investigación. «Todo lo que se dijo a la Unión Europea que se iba a invertir en las distintas infraestructuras e inversiones que se han hecho en España, se ha certificado, y todos esos certificados han dado lugar a los desembolsos de la Unión Europea». Sin embargo, la Fiscalía investiga con desenlace aún imprevisible.
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