En marzo, tras el accidente de Adamuz, elevaron una queja al Parlamento Europeo en la que pedían a Europa «amparo» y que «tutelase» al Gobierno Leer En marzo, tras el accidente de Adamuz, elevaron una queja al Parlamento Europeo en la que pedían a Europa «amparo» y que «tutelase» al Gobierno Leer
Tras el accidente de Adamuz y ante la ineficacia del Gobierno para mejorar las deficiencias detectadas en la alta velocidad ferroviaria española, el sindicato de trabajadores ferroviarios Alferro pidió auxilio a la UE por la inseguridad de la infraestructura.
El pasado 18 de marzo, los ferroviarios presentaron una queja formal a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para poner en conocimiento de la cámara comunitaria y de la Comisión Europea «el deterioro de la seguridad ferroviaria en España, reflejado en las deficiencias estructurales de mantenimiento, prevención, control de riesgo, respuesta a avisos de seguridad, supervisión pública y protección de los trabajadores y de los viajeros».
Con ese contundente diagnóstico, Alferro -el mismo sindicato que el martes denunció al ya ex ministro Óscar Puente a la Fiscalía del Tribunal Supremo- reclamó «la intervención de las instituciones de la Unión», tal y como consta en la petición, a la que ha tenido acceso EL MUNDO y que firma su secretario general, Alfonso González Arias.
La denuncia de los maquinistas perseguía, según detalla el documento, «que las instituciones europeas examinen si en España se está produciendo una aplicación insuficiente o defectuosa del Derecho de la Unión en materia de seguridad ferroviaria» y que «insten la adopción de medidas concretas, verificables y calendarizadas en línea con las obligaciones europeas vigentes».
En la exposición de motivos que fundamentaba su reclamación, los maquinistas subrayaban, como si de una premonición del siniestro de Urda se tratara, que «la seguridad en el sector ferroviario […] se trata de una prioridad esencial del servicio ferroviario, de la política europea de transportes y de la protección de la vida y la integridad física de los usuarios».
Y expresaban que su petición venía «motivada, de manera especialmente intensa, por la alarma social y profesional generada tras los recientes accidentes ferroviarios con víctimas mortales ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)», haciendo referencia en último término a la colisión que acabó con la vida de un maquinista en prácticas en Cataluña el pasado 20 de enero, sólo dos días después del acaecido en tierras andaluzas y que acabó con 46 fallecidos.
«La búsqueda de amparo en sede europea no responde a una finalidad retórica ni política, sino a la necesidad de activar los instrumentos de tutela, supervisión y exigencia de cumplimiento que el Derecho de la Unión reconoce cuando están en juego la seguridad ferroviaria y la gestión del riesgo», enfatizaba la solicitud de auxilio a la UE.
La Comisión de Peticiones aceptó la reclamación y acabó debatiéndola en julio. Este organismo es el mismo al que en el pasado acudieron representantes de la ciudadanía española para reclamar a la UE amparo por asuntos como la aprobación de Ley de Amnistía, el arrinconamiento del castellano en los colegios de Cataluña o la muerte de los guardias civiles de Barbate a manos del narco, desembocando los dos últimos en misiones de investigación que concluyeron con duros informes comunitarios contra la gestión del Ejecutivo socialista que hoy preside en funciones Pedro Sánchez.
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