La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es de extrema derecha. Su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, es socialdemócrata. Debería notarse, deberían estar lejos, pero las dos están de acuerdo en que la Unión Europea cree más centros de repatriación en terceros países. Es lo que aseguran en el comunicado conjunto que publicaron este lunes a propósito de la crisis migratoria de Ceuta. Ambas consideran estos centros necesarios para rechazar «la inmigración descontrolada».
En junio pasado, Frederiksen y, especialmente, Meloni recibieron con los brazos abiertos el reglamento de Retornos que aprobó ya de manera definitiva el Parlamento Europeo. Esa normativa permite, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
La principal novedad de ese reglamento gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados «centros de retorno» en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución. Además, los terceros países están obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
El reglamento endurece además los periodos de detención administrativa. El máximo actual de seis meses se amplía a dos años, con una posible prórroga de seis meses y duración ilimitada para quienes representen «un riesgo para la seguridad». Los vetos de entrada al territorio europeo también se agravan: de 5 años pasan a 10 años, con la posibilidad de un veto permanente para los considerados peligrosos.
Antes, en septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó las bases del Pacto sobre Migración y Asilo. Tras una discusión y negociación de cuatro años, la UE lo aprobó en abril de 2024. Allí se establece, entre otras medidas, controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad.
Bruselas terminó aceptando los centros de repatriación en terceros países como una «solución innovadora» y un modelo para la gestión de la migración a escala de la UE. El pacto entró en vigor el pasado junio. La UE lo define como «un nuevo comienzo en la gestión» migratoria del club comunitario que persigue tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», aunque garantizando «los derechos de las personas».
Los diez textos legislativos (nueve reglamentos y una directiva) que dan forma al Pacto sobre Migración y Asilo abarcan normas a aplicar desde la llegada de los migrantes a la frontera hasta el momento en que se les otorga o no el asilo. Por primera vez, se establece un reglamento común a toda la UE sobre control fronterizo. Pero allí no se recogen políticas de integración o de atracción de migrantes a sectores específicos ni menciona procesos de regularización.
La Comisión Europea quiere así establecer «rápidamente la identidad» de los migrantes «sujetos a control» o que representen «cualquier riesgo para la salud y la seguridad». Los controles se realizarán «cerca de las fronteras exteriores» y «durante un máximo de siete días» en los que estarán retenidos en grandes centros de asilo situados en la frontera.
Ahora, los Estados miembros pueden rechazar las solicitudes de asilo, sin examinar el fondo de la solicitud, basándose en que el solicitante estaría a salvo de peligro o persecución en un «tercer país seguro» fuera de la Unión. Se trata de países que tienen un acuerdo con la UE (o con sus Estados miembros), en el que se comprometen a examinar las solicitudes de asilo presentadas por personas rechazadas por los 27.
En junio, la Comisión Europea dijo estar «dispuesta a evaluar cualquier propuesta madura» para la puesta en marcha de los centros para migrantes en terceros países, como contempla el Reglamento de Retornos. Fue después de que 19 Estados miembros pidieran al Ejecutivo comunitario apoyo financiero para esas infraestructuras. «La Comisión está dispuesta a evaluar cualquier propuesta madura», dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, que recordó que los próximos pasos el establecimiento de estas infraestructuras «están en manos de los Estados miembros».
El modelo italiano: en Albania pero con leyes italianas
El pacto y el reglamento posterior han sido un triunfo para Meloni. Porque lo que el Europarlamento y la Comisión Europea hicieron fue asumir (y superar) el polémico modelo de la primera ministra italiana. Ella y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria a finales de 2023.
Pero el acuerdo no afectaba a todos los migrantes. La aplicación del pacto se limitó a hombres adultos interceptados por embarcaciones italianas en aguas internacionales, procedentes de países considerados seguros y que no presenten circunstancias de especial vulnerabilidad.
En 2024, Italia construyó dos centros de retorno en Albania para enviar a los migrantes. El primero fue el de Shëngjin, un puerto situado en la costa albanesa, a donde los migrantes iban a ser desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí serían trasladados al segundo complejo, creado en octubre de 2024 en Gjadër, una antigua base militar.
Sin embargo, esa es la paradoja, actualmente esos campos siguen inutilizados por diversas decisiones judiciales. El campo de Gjadër, que va a cumplir dos años, sigue prácticamente vacío. En este centro deberían de estar resolviéndose las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado (si es negativa, tiene lugar la devolución al país de origen). Pero todo está parado.
El modelo de Meloni, parado en los tribunales
Antes incluso de la carta firmada junto a Frederiksen, Meloni ya preparaba la presentación a la UE de su plan para abrir nuevos centros de repatriación en terceros países seguros. «Es necesario definir una estrategia común sobre inmigración… para que se aplique el Pacto de inmigración y asilo en la UE, es decir, para que se activen los retornos», declaró la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.
El ministro habló de la «posibilidad de crear nuevos centros, modelo Albania, en varios países africanos» y «en general en los países de origen y de tránsito». La propuesta, adelantada por los principales diarios italianos y confirmada por fuentes del Gobierno, menciona entre los posibles países de acogida varios Estados africanos. Uganda es señalado como la opción más concreta, pero también se mencionan otros doce países con los que hay conversaciones: Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania, Egipto, Uzbekistán, Armenia, Montenegro y Etiopía.
Pero el modelo italiano en Albania parece haber quedado superado. En realidad, lo aprobado por las instituciones europeas va más allá. Ya no propone centros en suelo extranjero, pero donde hay funcionarios italianos y se aplican las leyes europeas, sino campos en terceros países con las leyes de esos países.
Ese aspecto es el que ha inutilizado por diversas decisiones judiciales los dos centros italianos en suelo albanés. Los jueces han cuestionado algunos de los fundamentos jurídicos de estos campos y del proceso de devolución a países «seguros». De modo que Shëngjin y Gjadër siguen pendientes del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ya limitó el uso de los procedimientos acelerados, que aún debe resolver los dos últimos recursos planteados por los jueces italianos. El Ejecutivo de Meloni espera su decisión.
En junio pasado entró en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE que va más allá del modelo Meloni, cuyos dos centros en suelo albanés están parados.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es de extrema derecha. Su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, es socialdemócrata. Debería notarse, deberían estar lejos, pero las dos están de acuerdo en que la Unión Europea cree más centros de repatriación en terceros países. Es lo que aseguran en el comunicado conjunto que publicaron este lunes a propósito de la crisis migratoria de Ceuta. Ambas consideran estos centros necesarios para rechazar «la inmigración descontrolada».
En junio pasado, Frederiksen y, especialmente, Meloni recibieron con los brazos abiertos el reglamento de Retornos que aprobó ya de manera definitiva el Parlamento Europeo. Esa normativa permite, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
La principal novedad de ese reglamento gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados «centros de retorno» en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución. Además, los terceros países están obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
El reglamento endurece además los periodos de detención administrativa. El máximo actual de seis meses se amplía a dos años, con una posible prórroga de seis meses y duración ilimitada para quienes representen «un riesgo para la seguridad». Los vetos de entrada al territorio europeo también se agravan: de 5 años pasan a 10 años, con la posibilidad de un veto permanente para los considerados peligrosos.
Antes, en septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó las bases del Pacto sobre Migración y Asilo. Tras una discusión y negociación de cuatro años, la UE lo aprobó en abril de 2024. Allí se establece, entre otras medidas, controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad.
Bruselas terminó aceptando los centros de repatriación en terceros países como una «solución innovadora» y un modelo para la gestión de la migración a escala de la UE. El pacto entró en vigor el pasado junio. La UE lo define como «un nuevo comienzo en la gestión» migratoria del club comunitario que persigue tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», aunque garantizando «los derechos de las personas».
Los diez textos legislativos (nueve reglamentos y una directiva) que dan forma al Pacto sobre Migración y Asilo abarcan normas a aplicar desde la llegada de los migrantes a la frontera hasta el momento en que se les otorga o no el asilo. Por primera vez, se establece un reglamento común a toda la UE sobre control fronterizo. Pero allí no se recogen políticas de integración o de atracción de migrantes a sectores específicos ni menciona procesos de regularización.
La Comisión Europea quiere así establecer «rápidamente la identidad» de los migrantes «sujetos a control» o que representen «cualquier riesgo para la salud y la seguridad». Los controles se realizarán «cerca de las fronteras exteriores» y «durante un máximo de siete días» en los que estarán retenidos en grandes centros de asilo situados en la frontera.
Ahora, los Estados miembros pueden rechazar las solicitudes de asilo, sin examinar el fondo de la solicitud, basándose en que el solicitante estaría a salvo de peligro o persecución en un «tercer país seguro» fuera de la Unión. Se trata de países que tienen un acuerdo con la UE (o con sus Estados miembros), en el que se comprometen a examinar las solicitudes de asilo presentadas por personas rechazadas por los 27.
En junio, la Comisión Europea dijo estar «dispuesta a evaluar cualquier propuesta madura» para la puesta en marcha de los centros para migrantes en terceros países, como contempla el Reglamento de Retornos. Fue después de que 19 Estados miembros pidieran al Ejecutivo comunitario apoyo financiero para esas infraestructuras. «La Comisión está dispuesta a evaluar cualquier propuesta madura», dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, que recordó que los próximos pasos el establecimiento de estas infraestructuras «están en manos de los Estados miembros».
¿Deja Europa de ser Europa?
- El nuevo sistema aprobado por los 27 dará lugar a que tanto personas individuales como familias con niños sean deportadas a países con los que no tienen vínculos. Serán objeto de detención fuera de la UE, en condiciones que serán difíciles de supervisar. «Con este nuevo sistema, Europa se aleja de su papel histórico como defensora y artífice del régimen internacional de protección de los derechos humanos a principios del siglo XX», ha escrito en ‘The Conversation’, María Teresa Gil Bazo, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Cátedra Jean Monnet en Estudios Europeos, de la Universidad de Navarra. «En un momento en que el mundo registra más víctimas de conflictos, violaciones de los derechos humanos y persecuciones que nunca, dicho régimen es ahora especialmente necesario», afirma Gil Bazo.
El modelo italiano: en Albania pero con leyes italianas
El pacto y el reglamento posterior han sido un triunfo para Meloni. Porque lo que el Europarlamento y la Comisión Europea hicieron fue asumir (y superar) el polémico modelo de la primera ministra italiana. Ella y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria a finales de 2023.
Pero el acuerdo no afectaba a todos los migrantes. La aplicación del pacto se limitó a hombres adultos interceptados por embarcaciones italianas en aguas internacionales, procedentes de países considerados seguros y que no presenten circunstancias de especial vulnerabilidad.
En 2024, Italia construyó dos centros de retorno en Albania para enviar a los migrantes. El primero fue el de Shëngjin, un puerto situado en la costa albanesa, a donde los migrantes iban a ser desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí serían trasladados al segundo complejo, creado en octubre de 2024 en Gjadër, una antigua base militar.
Sin embargo, esa es la paradoja, actualmente esos campos siguen inutilizados por diversas decisiones judiciales. El campo de Gjadër, que va a cumplir dos años, sigue prácticamente vacío. En este centro deberían de estar resolviéndose las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado (si es negativa, tiene lugar la devolución al país de origen). Pero todo está parado.
El modelo de Meloni, parado en los tribunales
Antes incluso de la carta firmada junto a Frederiksen, Meloni ya preparaba la presentación a la UE de su plan para abrir nuevos centros de repatriación en terceros países seguros. «Es necesario definir una estrategia común sobre inmigración… para que se aplique el Pacto de inmigración y asilo en la UE, es decir, para que se activen los retornos», declaró la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.
El ministro habló de la «posibilidad de crear nuevos centros, modelo Albania, en varios países africanos» y «en general en los países de origen y de tránsito». La propuesta, adelantada por los principales diarios italianos y confirmada por fuentes del Gobierno, menciona entre los posibles países de acogida varios Estados africanos. Uganda es señalado como la opción más concreta, pero también se mencionan otros doce países con los que hay conversaciones: Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania, Egipto, Uzbekistán, Armenia, Montenegro y Etiopía.
Pero el modelo italiano en Albania parece haber quedado superado. En realidad, lo aprobado por las instituciones europeas va más allá. Ya no propone centros en suelo extranjero, pero donde hay funcionarios italianos y se aplican las leyes europeas, sino campos en terceros países con las leyes de esos países.
Ese aspecto es el que ha inutilizado por diversas decisiones judiciales los dos centros italianos en suelo albanés. Los jueces han cuestionado algunos de los fundamentos jurídicos de estos campos y del proceso de devolución a países «seguros». De modo que Shëngjin y Gjadër siguen pendientes del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ya limitó el uso de los procedimientos acelerados, que aún debe resolver los dos últimos recursos planteados por los jueces italianos. El Ejecutivo de Meloni espera su decisión.
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