La magistrada pide que se examine si el asunto debe instruirse en Madrid junto a la causa abierta por la entrada masiva, como ya ha pedido la Fiscalía Leer La magistrada pide que se examine si el asunto debe instruirse en Madrid junto a la causa abierta por la entrada masiva, como ya ha pedido la Fiscalía Leer
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La juez María Tardón ha dado un paso para asumir en la Audiencia Nacional la investigación sobre cómo actuó el delegado del Gobierno en Ceuta en relación con la entrada masiva de inmigrantes de final de julio.
La magistrada indica en una resolución que ha tenido conocimiento de que la Plaza 6 de los juzgados de la ciudad autónoma ha abierto unas diligencias tras una querella contra Miguel Ángel Pérez Triano. La instructora acuerda remitir a ese juzgado de Ceuta el auto en el que acordó asumir en la Audiencia la investigación sobre la entrada masiva «para que, a su vista, valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue».
No es una petición directa de inhibición, pero refleja claramente la intención de la juez Tardón de asumir esa investigación. Todo apunta a que así sucederá, a la vista de que la Fiscalía de la Ciudad Autónoma ya se ha pronunciado ante el juzgado 6 pidiendo que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional.
La Plaza 6 de Ceuta abrió diligencias tras recibir una querella de Hazte Oír para investigar si el delegado del gobierno cometió delitos de omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y en prevaricación por omisión, tras haber recibido avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tras recibir un informe sobre los hechos elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), la juez resolvió que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional, porque se trató de un ataque grave contra integridad territorial de España.
«Nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta», afirma la resolución dictada en la causa abierta tras una denuncia de Iustitia Europa.
El mismo auto indicaba que la investigación no se limitaría a buscar a los presuntos incitadores de la oleada de inmigrantes, sino que se extendería a cómo habían actuado las autoridades españolas con la información de que disponían para evitar lo sucedido, incluido el fallecimiento de al menos 83 personas por ahogamiento o aplastamiento en el lado español de la frontera.
«Habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes, vulnerando la frontera española […], tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva».
El delegado del Gobierno es, por ahora, el más directamente señalado en esta vía de la investigación, después de que su jefe de Gabinete dimitiera la semana pasada afirmando que le había dado traslado de las alertas emitidas por el CNI.
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