Seis miembros del órgano votaron a favor de mostrar su «disconformidad» con la decisión del Supremo, y siete votaron en contra de hacerlo Leer Seis miembros del órgano votaron a favor de mostrar su «disconformidad» con la decisión del Supremo, y siete votaron en contra de hacerlo Leer
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La reunión de ayer de la Junta Electoral Central (JEC) fue la más «tensa» y «dividida» desde, al menos, enero de 2020, cuando se inhabilitó a los dirigentes independentistas Oriol Junqueras y Quim Torra en medio de un clima polarizado y lleno de recelos cruzados. El debate de este lunes era menos político y más técnico, pero igual de polémico: se trataba de zambullirse de nuevo en la polémica sobre la ley de nietos y, sobre todo, sobre la instrucción del Ministerio de Justicia que amplía sus efectos.
La decisión del Supremo de suspender, de manera cautelar, el derecho a voto de las personas nacionalizadas por esta vía -hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos de españoles emigrados-, hasta que resuelva el fondo del asunto, generó una agria polémica en el seno del órgano que se encarga de arbitrar las elecciones y de hacer cumplir las normas electorales.
Seis miembros de la JEC votaron a favor de interponer un recurso de reposición para mostrar su «disconformidad» con la decisión del Supremo, y siete votaron en contra. Ese choque institucional se evitó por la mínima. «Este tema nos ha dividido por la mitad como nunca», aseguran fuentes de la Junta.
De hecho, en la reunión se escucharon críticas a la decisión del Supremo… por parte de tres magistrados del Supremo. Fueron, según las fuentes consultadas, Pilar Teso, que está precisamente en la misma sala (la tercera) y en la misma sección del Supremo que analiza ahora la ley de nietos; Concepción Ureste, de la Sala Cuarta; y Javier Hernández, de la Sala Segunda.
En el fragor del debate, el catedrático Francisco Javier García Roca, propuesto como vocal de la JEC por el PSOE, aseguró que la decisión del Supremo está «generando caos». Vocales del sector conservador contrapusieron que, en todo caso, el caos lo ha generado la instrucción de una dirección general del Ministerio de Justicia que extiende el alcance de la norma.
Hubo duros cruces verbales y críticas al Supremo por los «muchos defectos de su auto». «Cualquier jurista» los ve, llegó a decir una de las vocales de la JEC. Otros juristas defendieron que el auto es «difícil» de aplicar, por la cantidad de personas a las que afecta, pero «lo que está intentando el Supremo es poner orden».
En ese contexto se produjo otra votación ajustada, sobre ejecutar «en sus términos» el fallo del TS o introducir alguna salvedad a esas medidas cautelares. Se optó por la ejecución directa del auto, con ocho votos a favor y cinco en contra.
En el acalorado debate se sustanció también una preocupación de fondo: el eventual riesgo de «indefensión» para miles de personas afectadas «sin haber tenido oportunidad de presentar alegaciones». Se discutió la idea de «notificar masivamente» a todos ellos, pero se impuso la tesis institucional: «Acordamos que, en su caso, eso correspondería al Supremo, no a la Junta».
La Oficina del Censo Electoral remitió su informe oficial «justo antes de la reunión» de la JEC, sin tiempo material para su análisis detallado. A raíz de ello, la Junta ha programado la siguiente deliberación al jueves de la semana siguiente. Algo que acelera los plazos puestos por el Supremo. La nueva instrucción de la JEC puede estar lista a inicios de octubre.
¿Y qué dice la Oficina del Censo? Clarifica que no hay apenas casos en los que el nacionalizado no acredita lugar de arraigo en ninguna circunscripción y el consulado lo adscribe de oficio a una: «Es el elector quien indica, en todo caso, el municipio en el que solicita quedar inscrito a efectos electorales, sin que en la práctica se realicen inscripciones de oficio».
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