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España es un país fascinante. En otros lugares, una huelga general provoca la convocatoria de elecciones. Aquí ha sido una convocatoria de elecciones lo que ha provocado una huelga general. Porque la huelga general no se convoca tras el desahucio de Maricarmen, sino después de que Sánchez anunciara el adelanto. El presidente anunció elecciones el 5 de octubre por la mañana, y esa misma tarde, CCOO y UGT anunciaron la huelga general. Una coincidencia temporal que no habría despertado tantas sospechas si el propio Gobierno no se hubiera lanzado a celebrar la convocatoria.
Desde ese momento, los motivos de la huelga quedaron eclipsados por su utilización política. Por eso tanta gente que vive preocupada por los bajos salarios y la vivienda ignoró la llamada de los sindicatos: resulta difícil tomarse en serio una protesta que cuenta con el entusiasmo de quienes gobiernan desde hace ocho años. Una huelga es un acto de protesta, no de obediencia. En democracia, el descontento se manifiesta protestando contra el poder, no protestando a sus órdenes.
Pero el Gobierno nos tiene acostumbrados a sus juegos de trile. Lo más preocupante es el nuevo papel de los sindicatos. No es que su reputación de independencia fuera intachable hasta ahora, pero pocas veces había sido tan evidente su disposición a subordinar los intereses de los trabajadores a los del Gobierno. Imaginen que el sindicato de su gremio -profesores o maquinistas- actuara a las órdenes del patrón. ¿Qué confianza depositarían en él para defenderlos cuando sus intereses entraran en conflicto? Conviene recordar que los sindicatos son una conquista histórica, no un accesorio de la democracia. Los trabajadores necesitan organizarse porque individualmente carecen de la fuerza de negociación de quienes los emplean. La historia de EEUU, donde el movimiento sindical sufrió un profundo declive a partir de los años setenta y ochenta, demuestra que esa capacidad colectiva puede perderse. Allí los debilitaron la desindustrialización y la ofensiva empresarial. Aquí corren el riesgo de destruirse solos, dinamitando su propia legitimidad.
Y esta es la paradoja: unos sindicatos entregados a un Gobierno que se presenta como defensor de los trabajadores pueden acabar dejándolos más desprotegidos. Porque cuando los intereses de los trabajadores entren en conflicto con los del Gobierno, ¿quién va a convocar una huelga general? La proximidad de los sindicatos al poder puede dejar a los trabajadores sin defensa precisamente cuando sus reproches y reinvidicaciones se dirigen al Gobierno.
Los sindicatos son sólo otra víctima del afán controlador del sanchismo. El problema es que este afán no se limita a servirse de las instituciones, también compromete su capacidad de servirnos a los demás. Lo peor de poner al CIS o RTVE al servicio del Gobierno es el descrédito al que se les condena. Una institución que pierde su independencia deja de cumplir su función, y es natural que pierda la confianza de los ciudadanos.
A los miembros del Gobierno solo nos queda pedirles que cuando otros vengan a derribar las instituciones que han vaciado de sentido, no se indignen. Que asuman que les facilitaron el trabajo.
España // elmundo
