Urgen cambiar la ley y aseguran que en una macrooperación el DAO ordenó abrir fuego Leer Urgen cambiar la ley y aseguran que en una macrooperación el DAO ordenó abrir fuego Leer
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La presión del narcotráfico en la zona del Estrecho es tan extrema que ha llevado a altos mandos de la Guardia Civil a solicitar un cambio en la ley. Es la única manera, dicen, de hacerle frente y poder combatirlo con eficacia. «El marco legal es insuficiente«, zanjan. El avance de las grandes familias de la droga, la llegada de nuevas organizaciones con distintos métodos y, sobre todo, la inclusión de armas de guerra mantiene desbordada la capacidad de respuesta de los agentes expertos en la lucha contra el tráfico de drogas.
Los altos mandos del Instituto Armado, tal como revelan a EL MUNDO, han pedido al Ministerio del Interior un cambio en la ley para poder disparar a los motores de las narcolanchas y evitar, así, su avance hacia la costa. Alerta de que es «la única» manera de frenar a las organizaciones «e intimidarlas».
La modificación que propone afecta a la Ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en este momento, no permite usar armas en las persecuciones para combatir al narco. Esta solicitud se suma a la que elevó un grupo de generales a la Dirección General del Cuerpo para apremiar a que se permitiera el uso de lanzagranadas como única salida para combatir a las grandes organizaciones de la droga en la zona. Los mandos consultados aseguran que la operación Alfa-Lima -desarrollada entre el 13 y el 26 de abril en el océano Atlántico y pionera en palabras del ministro Fernando Grande-Marlaska– los agentes que participaron en ella «dispararon a los motores de las narcolanchas». «Fue una orden del Director Adjunto Operativo (DAO) por la envergadura del operativo», indican los altos mandos consultados. «Llamas dio órdenes a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil para disparar e inhabilitar los motores y inmovilizar una narcolancha». Alfa-Lima contó con la participación, junto a la Guardia Civil, de la Armada, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Guardia di Finanza de Italia.
Durante las dos semanas que duró el dispositivo se realizaron intervenciones diarias en mitad del océano, en Canarias, en el río Guadalquivir, en los puertos de Ceuta o Algeciras, así como en distintos puntos de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.
Los mandos incluso hablan de involucrar a unidades de élite del Instituto Armado para combatir la situación en el Estrecho. «Es prioritario que se permita inhabilitar los motores con fusiles adaptados y con unidades especializadas como el GAR (Grupo de Acción Rápida) o incluso la UEI», precisan. «Todos los países implicados de manera directa en la lucha contra el narcotráfico en el mar como, por ejemplo, Portugal, Francia, Italia, Grecia la aplican y no tienen el grave problema que padecemos en España con Marruecos», explican las mismas fuentes.
Otro punto que resaltan es la «urgencia» de blindar los helicópteros que luchan contra el narcotráfico en la zona y entregar a sus pilotos chalecos antibalas. Este planteamiento, aseguran, da cuenta de la agónica situación que se vive en la zona. La petición se hizo después de que una narcolancha matara a dos guardias civiles en el puerto de Barbate en febrero de 2024. «La Dirección General de la Guardia Civil no ha atendido la solicitud como es necesario», denuncian. Desde el organismo que dirige Mercedes González reconocen que, efectivamente, todavía no se ha puesto en marcha. «El blindaje de momento no se tiene y si se llegara a hacer tendría que ser en los nuevos helicópteros que se fabriquen», replican. Aseguran que los chalecos antibalas «llegan con cuenta gotas». Las organizaciones de traficantes de droga usan, en la actualidad armas de guerra con calibres 5.56 y 7.62, algo que dificulta la intervención. «Son superiores y no tienen ningún reparo en disparar». Desde la Dirección General de la Guardia Civil se pronuncian a este respecto: «Se ha lanzado un expediente para adquirir chalecos para el personal del aéreo de la zona sur porque son unos chalecos diferentes a los normales porque tienen que ser más ligeros, más cortos para personas que van sentadas».
«Es lamentable que con cuatro guardias civiles muertos en dos años no se aceleren las gestiones para un cambio legislativo», vuelven a reivindicar en base a los datos. A los fallecimientos de Barbate se añaden, este año, los de dos agentes cuyas patrulleras chocaron entre sí por una maniobra «estudiada» de una narcolancha durante una persecución que se inició en Huelva y terminó en la costa de Cádiz. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo atribuyó a un accidente. «Todas las tragedias no pueden evitarse», concluyó. Sin embargo, mandos del Instituto Armado especializados en narcotráfico que trabajan sobre el terreno torcieron su versión.
La experiencia de los últimos años les llevó a concluir que la narcolancha provocó la colisión entre las patrulleras a propósito y lo atribuyeron a un movimiento «estudiado» por parte de los delincuentes. «Los narcos provocaron el choque». Es una práctica que definieron como «habitual», atendiendo a las características de las embarcaciones y sus tácticas.
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