Gonzalo Boye ha presentado un escrito en el que acusa al Tribunal de Cuenta de contradecir la sentencia del TJUE de la semana pasada. El documento también la suscriben Comín y Puig Leer Gonzalo Boye ha presentado un escrito en el que acusa al Tribunal de Cuenta de contradecir la sentencia del TJUE de la semana pasada. El documento también la suscriben Comín y Puig Leer
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El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea en el que denuncian a España por no aplicar la Ley de amnistía después de la sentencia que, la semana pasada, emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según el documento que ha avanzado Vilaweb y al que ha tenido acceso EL MUNDO, el abogado Gonzalo Boye ha denunciado que la decisión del Tribunal de Cuentas de reabrir el plazo de alegaciones de 10 días en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O de 2017 contraviene la decisión del TJUE.
Según Boye, la decisión del Tribunal de Cuentas supone la suspensión de la sentencia, y pide a la Comisión que actúe «dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros». «Introducirla después del fallo, sin soporte fáctico alguno, no es ejercicio de la competencia exclusiva del juez nacional para constatar y apreciar los hechos: es elusión de la interpretación declarada», añade.
En su opinión, la decisión del Tribunal vulnera además el artículo 4 del Tratado de la Unión sobre la cooperación leal. «El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales», incide la denuncia.
La denuncia también subraya que se ha producido «un incumplimiento objetivo y deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia, agravado por la instrumentalización del procedimiento en beneficio de una de las partes, y de la responsabilidad patrimonial del Estado por violación del Derecho de la Unión imputable a sus órganos jurisdiccionales».
Desde la Comisión Europea todavía no hay una respuesta oficial, y fuentes del Ejecutivo comunitario añaden que mañana sí emitirán algún tipo de reacción. Sin embargo, se antoja complicado que la denuncia tenga recorrido.
La semana pasada, tras conocerse la sentencia, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, se limitó a señala que la Comisión «toma buena nota de todas las sentencias del Tribunal de Justicia, incluidas las relativas a la ley de amnistía española». «Examinaremos esta y las demás sentencias que dictó el TJUE», incidió el responsable irlandés, y remató: «Hay otras peticiones de decisión prejudicial pendientes y corresponde al órgano jurisdiccional remitente aplicar la sentencia, seguiremos muy de cerca la evolución de estos acontecimientos».
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