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Nadie es responsable de los negocios de su pareja. Tampoco debemos asumir que los aprueba. Pero resulta difícil imaginar que alguien comparta su vida con una persona cuya ocupación considera profundamente inmoral. Y en el caso de Montse Mínguez no son necesarias las suposiciones: la portavoz del PSOE ha salido públicamente en defensa de la actividad inmobiliaria de su novio, demostrando que no la considera intrínsecamente reprobable.
La pregunta es por qué esa indulgencia desaparece cuando se trata de otros propietarios. Su partido lleva tiempo agitando el fantasma de los fondos buitre y señalando a los grandes tenedores como enemigos del pueblo y responsables del drama de la vivienda. ¿Qué distingue al empresario legítimo del buitre carroñero?
Los problemas de coherencia no son exclusivos de Mínguez. Ahí tenemos a Íñigo Errejón, el feminista fetén después acusado de presuntas agresiones sexuales. O a Irene Montero, que este miércoles, durante una movilización en defensa de la escuela pública, denunciaba que el sistema estaba convirtiendo la educación en un negocio, como si sus hijos no estudiaran en un colegio privado.
Naturalmente, defender la educación pública y elegir un colegio privado no tiene que ser contradictorio. Uno puede exigir que el Estado garantice una enseñanza pública de calidad y preferir otra opción para sus hijos. Del mismo modo, un político puede recomendar el transporte público y desplazarse en coche oficial por razones de seguridad o eficiencia. El problema aparece cuando se descalifican moralmente las alternativas a las que uno mismo recurre.
Conviene distinguir entre incoherencia e hipocresía. El incoherente cree en lo que predica, pero no siempre consigue vivir conforme a sus principios: el vegetariano que sucumbe ante la bandeja de jamón en una boda, el amante fiel que cede a una tentación, el buen ciudadano que se cuela en el metro una mañana de prisas. Es una debilidad humana que Aristóteles llamó akrasia: los principios están, pero falla la voluntad.
El hipócrita va más allá: exige a los demás una conducta que él mismo se dispensa de observar, pero finge respetarla. No llamaríamos incoherente al médico que desaconseja públicamente un tratamiento que administra a sus hijos. Ni al vendedor que recomienda un producto en cuyas virtudes no cree, exclusivamente para lucrarse. Mi sospecha es que algunas posiciones políticas funcionan así: como productos que sus representantes promocionan profesionalmente, aunque no orienten sus decisiones privadas.
Estaríamos ante una especie de hipócrita premium, o de pago. Un jeta, vaya. Aquel que pregona principios no sólo para quedar bien, sino también para obtener ingresos, poder y reconocimiento. En el caso de los políticos, los principios van con el sillón. Por eso el problema trasciende la coherencia. La peor mercantilización de la política ocurre cuando las convicciones dejan de ser compromisos que orientan la conducta y se convierten en mercancías que sostienen una carrera profesional.
Montse Mínguez e Irene Montero conocen su clientela y saben qué producto deben ofrecerle: fondos buitre, escuela pública, lo que toque. Y eso predican. Luego, cuando termina la jornada, dejan en la taquilla el uniforme y los principios y disfrutan tranquilamente de todo aquello que le niegan a usted.
España // elmundo
