Los socialistas se encuentran con otro giro de guion, que enfocaban a las consecuencias de los pactos entre PP y Voz, la gestión de la riada y protección del PP al ex presidente pese a las exigencias de las víctimas. «Tendrá que dar explicaciones sobre Ábalos», aseguran ahora desde filas populares. Leer Los socialistas se encuentran con otro giro de guion, que enfocaban a las consecuencias de los pactos entre PP y Voz, la gestión de la riada y protección del PP al ex presidente pese a las exigencias de las víctimas. «Tendrá que dar explicaciones sobre Ábalos», aseguran ahora desde filas populares. Leer
Pedro Sánchez vuelve a los mítines de precampaña esta tarde en Valencia, ante 2.500 militantes y rodeado de la cúpula valenciana, encabezada por la ministra de Ciencia y secretaria general, Diana Morant, y de quienes han dado el salto también a Ferraz, como la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia, la ex delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé. Lo hace con un giro de guion en las últimas horas que no esperaba: la reaparición de la sombra de corrupción que despliega quien fue su mano derecha y hombre fuerte del partido en Valencia, José Luis Ábalos.
La nueva operación lanzada por la UCO, con registros en Adif y en su casa de Valencia, además de la detención de la novia, pone la corrupción en el foco y a la oposición mirando a aquel grupo de personas que acompañó a Sánchez en el Peugeot durante su periplo por toda España en la campaña de primarias de 2017. Ayer mismo fue detenida la persona que hacía de chófer, Cristian Corvillo. Esta investigación agita de nuevo la campaña justo cuando Sánchez va a visitar el lugar donde Ábalos siempre fue poderoso, donde encabezó junto a Morant las listas en julio de 2023 y desde donde escaló su poder: Valencia.
El candidato socialista eligió reaparecer en el Polideportivo del Cabanyal el pasado lunes con el objetivo de hacer volver la campaña a las consecuencias que podría tener un gobierno de PP y Vox. No en vano la Comunidad Valenciana fue el primer laboratorio de gobierno conjunto en mayo de 2023, cuando Mazón pactó con Vox para llegar a la presidencia de la Generalitat y donde esos acuerdos han sido fuertes, con dos presupuestos aprobados pese a la salida del Consell en 2024, tras concesiones a los voxistas tanto de Mazón como de Juanfran Pérez Llorca. El mensaje iba a ser claro: «La Comunidad Valenciana va a ser la primera trinchera de la libertad y la democracia frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha. Fue aquí donde comenzaron los pactos de la ignominia entre PP y Vox y será también aquí donde volveremos a defender los valores democráticos y los avances de nuestro país», proclamaba el secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell.
El ejemplo gráfico de las consecuencias de esos pactos iba a ser la dana. «Sánchez viene a utilizar el dolor de la dana», les decía la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, a los militantes con los que se reunió ayer en Alicante. La denuncia de la gestión de la dana del Gobierno de Mazón es lo que ha aupado a Pilar Bernabé a encabezar la candidatura. Ha sido la cara del Gobierno, antes, durante y después del 29 de octubre denunciando la «indignidad» del ex presidente. Pese a las peticiones de imputación, la jueza de Catarroja siempre se ha negado a atribuirle responsabilidad alguna pese al señalamiento desde la Generalitat a la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El martes, cuando Puente presentó la dimisión, ese mensaje se reforzó. La mirada volvió a Carlos Mazón y dimisión tardía, un año después de la tragedia pese a las reiteradas y masivas peticiones de las familias de las 234 víctimas, un arma arrojadiza contra el PP. Para los socialistas era un ejemplo de que «no todos los políticos son iguales». Pese a la defensa pública, el PP sabe que Mazón sigue siendo un activo tóxico que les incomoda desde que fue desvelándose qué hizo aquella tarde del 29 de octubre hasta el momento insostenible del funeral de Estado, que le condujo a renunciar a la presidencia de la Generalitat y del PP valenciano.
Sin embargo, el partido no le dio la espalda. No entregó su acta de diputado en las Cortes Valencianas y ocupa el escaño 98, cobrando 634 euros como portavoz del grupo popular en la comisión de Reglamento, que no se ha reunido esta legislatura. Además, el PSOE denunció que cobró 1.900 euros de kilometraje cuando dispone de coche oficial como ex presidente.
La condición de diputado permite a Mazón seguir aforado hasta que se disuelvan las Cortes, como tarde a finales de marzo, y le mantiene alejado del juzgado de Catarroja. La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, -que elevó escrito razonado al TSJ para imputarle, sin éxito, y que tampoco ha conseguido qeu acuda a declarar de manera voluntaria- acordó en septiembre la cuarta prórroga de la instrucción, que acabará el 30 de abril y puede, si hay fundamentos, acordar una quinta. Eso dejaría a Mazón sin aforamiento, salvo que el Partido Popular decida incluirlo en la diputación permanente, un movimiento arriesgado.
Las víctimas, que han apelado directamente a Feijóo para que sea expulsado del partido y que le reclamen el acta, no quieren imaginarse ese escenario, como también se han sentido insultadas viendo a Susana Camarero, vicepresidenta, ex portavoz y responsable de las residencias donde murieron once personas, como cabeza de lista al Senado. Fue precisamente Camarero quien giró la mirada al último escándalo: «Pedro Sánchez estará en Valencia y tendrá que dar explicaciones sobre Ábalos, por qué lo cesó y lo dejó en listas, y su relación con Cristian Corvillo. Diana Morant, que compartió candidatura, no puede seguir mirando para otro lado».
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