Las redes sociales son terribles para niños y adolescentes. En una época marcada por la polarización, esta idea genera un abrumador consenso; es más popular que las croquetas. Un Eurobarómetro del pasado mes de julio señalaba que el 72% de los padres están preocupados por el contenido online que consumen sus hijos. La idea es transversal y va en aumento, así que gobiernos de todo signo y tribunales de medio mundo han empezado a actuar. El diagnóstico es compartido, pero las recetas difieren. Estos días, las dos más importantes se han visto en los tribunales.
El histórico juicio a Meta en Washington o la recientemente anulada ley francesa muestran dos formas de limitar los efectos perniciosos de las plataformas
Las redes sociales son terribles para niños y adolescentes. En una época marcada por la polarización, esta idea genera un abrumador consenso; es más popular que las croquetas. Un Eurobarómetro del pasado mes de julio señalaba que el 72% de los padres están preocupados por el contenido online que consumen sus hijos. La idea es transversal y va en aumento, así que gobiernos de todo signo y tribunales de medio mundo han empezado a actuar. El diagnóstico es compartido, pero las recetas difieren. Estos días, las dos más importantes se han visto en los tribunales.
Meta, el multimillonario imperio tecnológico que lidera Mark Zuckerberg, se enfrenta al juicio más transcendental de su historia, que busca determinar el impacto de Facebook e Instagram sobre la salud de los menores. Hasta ahora, y llevamos una década de litigios, estos han servido para poco. Ha habido acuerdos extrajudiciales, indemnizaciones y se han creado cuentas para adolescentes con más restricciones. Pero los mecanismos que convierten a las redes sociales en plataformas adictivas por diseño siguen ahí. El scroll infinito, el algoritmo de recomendación, las notificaciones constantes, la polarización… Son los pilares sobre los que se asienta la arquitectura de las plataformas. Lejos de renunciar a ellas, en estos años solo se han perfeccionado. TikTok tiene un algoritmo más oscuro y con más capacidad de enganche que Instagram. X es hoy un lugar mucho más agresivo y extremo de lo que nunca fue Twitter, su antecesor. La desinformación y los discursos de odio no solo no son perseguidos, sino que muchas veces es el propio dueño de la compañía, el magnate Elon Musk, el que los comparte. Ante la imposibilidad de regular y moderar las prácticas de las empresas más poderosas del mundo, algunos gobiernos han optado por algo más drástico: prohibir su acceso a los menores. Ya lo han hecho Francia y Australia. Una docena de países, entre ellos España, están trabajando en esta dirección.
Pero esta alternativa, discutida por muchos expertos, está empezando a mostrar sus flaquezas. La semana pasada, el Consejo Constitucional de Francia anuló esa ley impulsada por Emmanuel Macron que prohibía acceder a las redes a menores de 15 años al considerar que supondría “una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión”. El varapalo al modelo francés va más allá de lo legal, y plantea dudas morales y sociales, ya que los chavales se expresan y se informan en las redes, no son únicamente un producto tóxico como el tabaco.“El fallo es revelador porque no cuestiona el objetivo —proteger a los menores—, sino el instrumento: una prohibición general, que discrimina por edad o madurez”, explica la socióloga especialista en sociedad digital Liliana Arroyo. “Ese es precisamente el punto ciego de muchas propuestas regulatorias que surgen del pánico moral: se legisla contra el síntoma (el tiempo de pantalla, el acceso) en lugar de contra la causa (un modelo de negocio basado en capturar la atención y los datos de los usuarios, también de los menores)”, abunda.
La ley francesa asume la incapacidad de luchar contra los efectos perniciosos de las redes y corta el problema de raíz. Es como si se supiera que la reproducción automática engancha al usuario (se sabe), y en lugar de prohibirle a Netflix que lo ponga por defecto en su plataforma, prohibiéramos a los niños ver Peppa Pig. “No deberíamos poner el foco en apartar a los adolescentes del espacio digital donde construyen buena parte de su vida social”, señala Arroyo. La prioridad debería ser asegurarse de que ese espacio digital sea más seguro.
Las redes sociales se han vuelto el principal canal de socialización de los jóvenes en España. El 79% de los españoles entre los 15 y los 29 años asegura usarlas “de forma masiva” como su vía para relacionarse, también para informarse y entretenerse. Además, pueden servir de tabla de salvación digital para adolescentes que se sienten aislados y diferentes, ya sea por su ubicación, por su sexualidad o por sus gustos y aficiones. Pueden conocer a gente como ellos y sentirse menos solos. Pueden conocer a gente opuesta a ellos, ofreciendo una ventana a otras realidades.
Antes, los adolescentes empezaban a informarse cogiendo el periódico de papel de sus padres o viendo el telediario juntos frente a la tele. Esos días quedaron atrás y hoy, la abrumadora mayoría de personas se informa a través del móvil. “Cerrar el acceso a las redes sociales también cierra una ventana de información, participación y vínculo social que hoy es parte de la ciudadanía digital”, opina Arroyo. “Y eso el Constitucional francés lo ha entendido bien al hablar de libertad de expresión y comunicación”.
Las propuestas de prohibición surgen de un deseo comprensible de mantener a los jóvenes seguros y sanos. Las tasas de depresión y ansiedad entre adolescentes se han disparado un 50% desde 2010. Las de suicidio lo han hecho en un 32%. Los miembros de la generación Z —nacidos a partir de 1996— han empezado a padecer ansiedad, depresión y otros trastornos mentales, alcanzando niveles más altos que cualquier otra generación en la historia. Esto ha coincidido con el momento en que los adolescentes de los países desarrollados cambiaron sus teléfonos por smartphones y trasladaron gran parte de su vida social a internet. Muchos estudios han relacionado ambos fenómenos, fomentando un debate social y cierta desconfianza hacia la tecnología. Pero correlación no implica causalidad y el debate está lejos de ser resuelto.
Algunos expertos demonizan las redes sociales en sí. Otros creen que lo perjudicial es el continente, no el contenido. No serían las frívolas rutinas de skincare de las influencers las que deprimen a tu hija, sino unos mecanismos que hacen que después de ese vídeo quiera ver otro, y otro, y otro. Las mecánicas perniciosas de las redes depredan el tiempo libre de los menores (y de los mayores), recluyéndolos en casa. Se ha reducido progresivamente el tiempo que dedican a estar con sus amigos, a las actividades físicas o a dormir, para pasarlo interactuando a través de las pantallas.
Esta idea ha estado muy presente estos días en el juicio a Meta. “Este caso no trata sobre si las redes sociales ofrecen algún beneficio a ciertas personas. Sí lo hacen”, afirmó la fiscal adjunta de California. Lo que se juzga es si la empresa manipuló a esos jóvenes para que pasaran más tiempo en su plataforma. “Meta sabía mucho sobre el cerebro de los jóvenes: cómo buscan constantemente recompensas, su gran sensibilidad a la retroalimentación social y a la opinión de los demás, y cómo aún están desarrollando su capacidad para controlar los impulsos tal como lo hacen los adultos”, explicó la fiscal. Y usó esa información para manipularlos, ganando dinero y dañando su salud.
Teniendo en cuenta las prioridades de los tecnoligarcas, resulta comprensible que muchos prefieran alejar a sus hijos de su campo de juegos. Pero las prohibiciones categóricas pueden resultar contraproducentes, señalan los expertos. “Tiene muchas complicaciones. Para empezar, es difícil incluso delimitar el concepto de red social”, explica Borja Adsuara Varela, experto en Derecho y Estrategia Digital. “Facebook, Instagram, TikTok, Twitter… está claro que lo son. Pero WhatsApp también es una red social, un videojuego que tenga un chat online también”. En los países que abogan por la prohibición, estas plataformas de mensajería quedarían libres.
La experiencia de otros países nos dice que es difícil poner puertas a internet y que los menores encuentran formas de burlar la ley. Cuatro meses después de la prohibición, casi dos tercios de los menores australianos de entre 12 y 15 años afirmaban haber recuperado el acceso a sus redes por la puerta de atrás, mintiendo sobre su fecha de nacimiento, usando VPNs o apuntando a la cara de un amigo mayor para pasar el reconocimiento fotográfico.
Otra forma de evitar la prohibición es migrar a otras plataformas. “En Australia muchos se fueron a Reddit y a otras plataformas que tenían su sede fuera del país, con lo cual no les podían obligar a impedir el acceso de los menores”, explica Adsuara. El riesgo, apunta el experto, es acabar empujándolos a redes más oscuras y menos reguladas.
En todo este debate se apela a la responsabilidad de los tecnoligarcas, o se confía en la capacidad de prohibir de las administraciones. Pero Adsuara cree que la responsabilidad primera empieza en casa. “No podemos descargar en las leyes lo que es la función de los padres”, opina el jurista. “Es como pensar que los ahogamientos en piscinas son responsabilidad exclusiva del socorrista. Los padres también tienen que seguir vigilando”. Siguiendo con este símil, lo que se debate ahora es si habría que poner más socorristas o unas normas estrictas de convivencia acuática. Quizá dar manguitos a los niños o enseñarles a nadar. O prohibirles el acceso a la piscina hasta que cumplan 16 años.
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