El Ministerio de Sanidad ha requerido a la Abogacía del Estado a “llevar a cabo todas las medidas oportunas para obligar a Madrid” a poner en marcha el registro de médicos objetores de conciencia al aborto. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García. “Hemos comprobado que, a 1 de septiembre, Madrid no ha avanzado más allá de los trámites iniciales de la creación del registro”, ha criticado.
Mónica García presenta una campaña para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo sin estigmas y en centros públicos
Mónica García presenta una campaña para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo sin estigmas y en centros públicos
El audio de esta noticia utiliza una voz sintética generada por Inteligencia Artificial y podría tener algunas inconsistencias.
El Ministerio de Sanidad ha requerido a la Abogacía del Estado a “llevar a cabo todas las medidas oportunas para obligar a Madrid” a poner en marcha el registro de médicos objetores de conciencia al aborto. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García. “Hemos comprobado que, a 1 de septiembre, Madrid no ha avanzado más allá de los trámites iniciales de la creación del registro”, ha criticado.
Mónica García ha hecho estas declaraciones en la presentación de una nueva campaña que está centrada en dos ideas fundamentales: las mujeres deben poder decidir si abortar o no sin ninguna presión o estigma, y este proceso debe hacerse fundamentalmente en centros la sanidad pública.
“No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto. Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio. Una misma mujer puede atravesar emociones distintas. Y todas merecen ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto. Y deben hacerlo en la sanidad pública”, ha afirmado García, que ha reprochado a Madrid que siga remitiendo prácticamente siempre a las mujeres que desean abortar a clínicas privadas concertadas.
La ministra ha querido dejar claro que “la campaña interpela también a quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario”. Sanidad censura que, según datos de 2024, “casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados”, un porcentaje que supera el 99% en la Comunidad de Madrid. “La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando quieres ser madre, durante tu embarazo y tu parto, y también cuando decides interrumpir un embarazo”, ha defendido García.
En esta línea, la ministra también ha indicado que hay “otras dos comunidades” —una de ellas Andalucía, la otra no la ha mencionado— “que también van lentos en el proceso de crear el registro” de los objetores del aborto, aunque sin llegar al bloqueo del proceso de Madrid. “A ellos también les hemos advertido de que tener ese registro de objetores es una condición, primero, que la marca la ley y, segundo, que es una condición imprescindible para hacer coincidir los dos derechos el derecho a abortar en la comunidad [autónoma de residencia] con el derecho a la objeción de conciencia” de los profesionales sanitarios.
La ley obliga a las comunidades autónomas a tener un registro —siempre confidencial— de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este registro de “lista negra” ideológica, en realidad su función es meramente organizativa: permitir a los gestores de los hospitales públicos saber con qué plantilla cuentan en los servicios de Ginecología para garantizar que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en hospitales de la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid se ha opuesto frontalmente a la medida y aseguró inicialmente que no la elaboraría. Este bloqueo administrativo ha tenido un impacto asistencial. Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad retratan que de las más de 18.000 interrupciones del embarazo practicadas en la región en 2024, menos del 1% (apenas un centenar) se llevan a cabo en hospitales de la red pública.
El Ministerio de Sanidad llevó a la Comunidad de Madrid a los tribunales el pasado mes de enero por su negativa a crear el registro y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió en marzo un auto que obligó a la administración autonómica a poner en marcha la medida de forma inmediata. Madrid acabó finalmente publicando a principios de abril el proyecto de orden que regula la creación del registro, abriendo el periodo de trámite de audiencias y alegaciones públicas. Sanidad le reprocha ahora que no ha ido más allá.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
Sociedad en EL PAÍS
