En Trinidad y Tobago las relaciones entre hombres estaban penalizadas hasta hace una semana. El 10 de noviembre un tribunal anuló esa norma homófoba gracias a la denuncia de un hombre gay, Jason Jones, que lleva más de una década luchando por ello. Lo curioso es que ese tribunal no estaba en el país caribeño, sino en Europa, en Reino Unido.
La norma que castigaba el sexo entre hombres en el país caribeño, introducida durante la época colonial, ha sido declarada inconsitucional por el Comité Judicial del Consejo Privado de Reino Unido, última instancia para los países de la Commonwealth que han mantenido el derecho de apelación
En Trinidad y Tobago las relaciones entre hombres estaban penalizadas hasta hace una semana. El 10 de noviembre un tribunal anuló esa norma homófoba gracias a la denuncia de un hombre gay, Jason Jones, que lleva más de una década luchando por ello. Lo curioso es que ese tribunal no estaba en el país caribeño, sino en Europa, en Reino Unido.
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Jason Jones, de 62 años, nació en Puerto de España, capital de Trinidad y Tobago. En 2016 denunció la normativa del país —un archipiélago donde viven 1,5 millones de personas, formado por una veintena de islas, aunque las dos principales son las que le dan nombre— que castigaba la sodomía, argumentando que vulneraba sus derechos constitucionales. Los orígenes de esa norma se remontan a 1925, cuando fue introducida en el territorio durante la colonización británica, y que se mantuvo tras la independencia del archipiélago, en 1962. Poco después, en 1976, pasó a ser una república y en 1986 las leyes homófobas herederas del Imperio Británico se endurecieron.
Ahora, ha sido una institución con jurisdicción colonial, el Comité Judicial del Consejo Privado (Judicial Committee of the Privy Council), fundado en 1833, la que ha dado la razón a Jones al fallar que la legislación de Trinidad y Tobago que criminalizaba las relaciones homosexuales entre hombres es inconstitucional. “El derecho fundamental de toda persona al respeto de su vida privada y familiar protege una parte tan esencial de la identidad humana como es la orientación sexual”, dijo el juez Philip Sales al anunciar el dictamen.
La denuncia de Jones ha pasado del Caribe a Europa porque, aunque ganó en 2018 su caso en el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, la resolución acabó siendo revocada. De ahí que recurriera al Consejo Privado, pues, según sus atribuciones, es el tribunal de apelación de última instancia “para los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona, y también de aquellos países de la Commonwealth (Mancomunidad de naciones] que han mantenido el derecho de apelación ante Su Majestad en Consejo o, en el caso de las repúblicas, ante el propio Comité Judicial”.

“Esta victoria es mucho más que un hito jurídico”, celebraron la noticia desde Pride TT, que lucha por los derechos LGTBIQ+ en el país caribeño. “Esta no es solo una victoria para las personas LGTBIQ+ de Trinidad y Tobago, expresó Téa Braun, directora ejecutiva de Human Dignity Trust, que también pelea por los derechos del colectivo. De hecho, el fallo del Consejo Privado puede servir de referencia en países bajo el paraguas de su jurisdicción.
“Las leyes que criminalizan las relaciones íntimas consentidas y privadas entre personas del mismo sexo no tienen cabida en una sociedad que respeta los derechos y libertades fundamentales”, añadió la responsable de Human Dignity Trust. Según esta organización, 65 países criminalizan aún las relaciones gais, mientras que 42 añaden también las lésbicas. Casi la mitad de todos ellos (28) formaron parte del Imperio Británico.
Entre los ataques que ha recibido la decisión del Consejo Privado, destaca el que argumenta que se trata de un tribunal británico y colonial el que ha enmendado una decisión tomada en el país caribeño. Como ocurre en muchos otros países de América, Asia o África, aunque también ha pasado en Rusia o Hungría, los homófobos intentan justificar sus ataques apelando a los valores nacionales tradicionales. Argumentan que la diversidad sexual y de género es una “importación” de Occidente. Sin embargo, la realidad es la contraria: la lgtbifobia es una imposición colonial.
Numerosas culturas precoloniales tenían una concepción de la orientación sexual y de la identidad de género más amplia, abierta y respetuosa que los sistemas jurídicos coloniales. Históricamente, en muchas comunidades indígenas los roles de género trascendían el binarismo hombre-mujer (e incluso homosexual-heterosexual). Algo presente en varios grupos y culturas ancestrales de todas las regiones del mundo. En su ejercicio de dominación, los imperios cortaron esto de raíz.
La ONU ha constatado que el legado de “algunos regímenes coloniales europeos —el británico, pero también el francés y el español— estableció leyes específicas, incluidas restricciones al aborto y a los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, que siguen vigentes hoy en países que fueron colonizados”. En el caso británico, todo emana de la sección 377 del Código Penal de India (Indian Penal Code o IPC).
“Estas leyes se han utilizado con frecuencia para criminalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo y para justificar la discriminación y la violencia contra las personas LGTBIQ+ y otras identidades ancestrales diversas en materia de sexualidad y género”, han denunciado reiteradamente desde la subdivisión asiática de ILGA, la organización internacional LGTBIQ+. (La mencionada sección 377 se aprobó para evitar que los soldados británicos se vieran seducidos por el “exótico y místico Oriente”, en referencia a India y Oriente próximo, donde tenían colonias).
El caso de Trinidad y Tobago, aparte de inspirador, tiene su punto irónico: una institución colonial, como el Consejo Privado, ha acabado censurando la imposición colonial de la heteronormatividad. Porque el anticolonialismo es queer.
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