El Gobierno turco, organizador de la cumbre del clima de este año (COP31) en la ciudad de Antalya, ha definido la reducción de residuos y su reutilización dentro de la economía circular como una de las diez prioridades del encuentro. En el último borrador con el que pretende cerrar esta cita, que codirige con Australia, hay un punto en el que se hace referencia a la denominada Iniciativa Cero Residuos, una propuesta voluntaria sobre “economía circular” en la que se pone énfasis en el potencial de este sector “para contribuir a la reducción de emisiones de metano”. Esa iniciativa, que es paralela al sistema ONU y que por lo tanto no es vinculante, marca como objetivo “reducir a la mitad el aumento previsto en la generación anual de residuos mundiales para 2035″.
El país organizador de la COP31 se ha convertido en el principal importador de residuos europeos, con graves costes ambientales

El Gobierno turco, organizador de la cumbre del clima de este año (COP31) en la ciudad de Antalya, ha definido la reducción de residuos y su reutilización dentro de la economía circular como una de las diez prioridades del encuentro. En el último borrador con el que pretende cerrar esta cita, que codirige con Australia, hay un punto en el que se hace referencia a la denominada Iniciativa Cero Residuos, una propuesta voluntaria sobre “economía circular” en la que se pone énfasis en el potencial de este sector “para contribuir a la reducción de emisiones de metano”. Esa iniciativa, que es paralela al sistema ONU y que por lo tanto no es vinculante, marca como objetivo “reducir a la mitad el aumento previsto en la generación anual de residuos mundiales para 2035″.
Pero al mismo tiempo que Turquía ha impulsado ese compromiso, el país se ha convertido en el principal importador de los residuos que exporta la Unión Europea, que utiliza como materia prima en diversas empresas que se alimentan del reciclaje. Una industria con ciertas luces, pero también muchas sombras, según denuncian organizaciones ambientales.
“Nuestra principal prioridad debería ser alejarnos de la cultura de ‘usar y tirar’, cimentada en el uso de productos desechables. El hecho de que aproximadamente 7.000 millones de toneladas de las 9.200 producidas en el mundo desde la década de 1950 se hayan convertido en basura, pone de manifiesto el costo de esta mentalidad. Además, esta carga no se distribuye de manera equitativa en todo el planeta”: con este discurso, la primera dama turca, Emine Erdogan, presentaba las ideas del Movimiento Cero Residuos en el marco de la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre. Un movimiento que “se alza como una postura moral que nos recuerda nuestros límites y responsabilidades” y una transformación para la que Turquía, dijo, “se está preparando”.
La primera dama turca lleva desde 2017 tratando de impulsar, a través de una fundación que preside, cambios de políticas y de prácticas que reduzcan los desperdicios y fomenten el reciclaje. Y, según su marido, Recep Tayyip Erdogan, que gobierna Turquía hace casi un cuarto de siglo, esto ha logrado que, en los últimos ocho años, “se reciclen 90 millones de toneladas de residuos, contribuyendo con 365.000 millones de liras [unos 6.500 millones de euros] a la economía turca”. Los datos que maneja la Fundación Cero Residuos indican que, en la última década, se ha pasado de reciclar un 13% de los desechos al 35%, si bien la Agencia Europea de Medio Ambiente, que utiliza criterios más estrictos, mantenía que en 2021 la tasa de reciclaje de residuos en Turquía todavía se hallaba en el 12%.
El problema, aparte de la creciente generación de residuos en una economía en crecimiento, es que Turquía, además, los importa. En 2025 importó 12,8 millones de toneladas de residuos de la UE y desde hace una década –cuando China y otros países asiáticos empezaron a prohibir o restringir la importación de desechos– ocupa la primera plaza entre los países adonde los Veintisiete envían sus residuos, con cerca del 40% del total exportado fuera de las fronteras europeas. Chatarra, plástico, neumáticos y goma, papel y cartón e incluso ropa y tejidos usados por los ciudadanos europeos son comprados a bajo precio por Turquía para alimentar su industria del reciclaje.
“La proximidad de Turquía a Europa y su integración comercial a través de la Unión Aduanera, sumado a sus bajos costes de procesamiento y a la alta demanda de materias primas secundarias, ha creado este importante flujo comercial tras las restricciones asiáticas”, explica Berk Butan, activista de Greenpeace experto en procesos sociales y económicos. “Sin embargo, plantearlo como una mera oportunidad de negocio olvida sus repercusiones sistémicas. Este intercambio comercial perpetúa dependencias externas en lugar de fomentar la creación de sistemas nacionales de recolección y procesamiento de residuos”.
Chatarra, barcos y plásticos
Con 10 millones de toneladas en 2025, el principal material de desecho importado es la chatarra compuesta mayoritariamente por hierro y acero –desde automóviles desguazados a vigas de construcción o chapa de electrodomésticos–, pues supone la principal materia prima para la industria siderúrgica turca. Entre los grandes productores mundiales de acero, Turquía sobresale como el que, proporcionalmente, más acero reciclado produce (85 %). Esto es un avance, sin duda, ya que, actualmente, la industria siderúrgica es responsable de al menos el 7% de las emisiones globales de CO2.
En cambio, producir acero mediante chatarra reduce significativamente su coste y su huella ecológica al consumir hasta un 70% menos de energía que su fabricación mediante mineral de hierro y carbón. El problema es que, en los últimos años, las grandes siderúrgicas europeas han presionado a Bruselas para que restrinja la venta de chatarra a sus competidores en Turquía, por lo que, según reveló una investigación de EL PAÍS, esta ha comenzado a buscar chatarra en mercados alternativos, entre ellos países en conflicto como Libia, Siria o Ucrania.
Aunque es un proceso de reciclaje con gran aprovechamiento de casi todos los restos, no está completamente exento de riesgos, ya que en algunos casos se pueden importar materiales radiactivos a través de ciertos residuos bélicos, equipamiento de hospital o tuberías de la industria petroquímica, lo que puede llegar a contaminar toda una planta si no se detecta a tiempo.

Otra de las maneras que utiliza Turquía para obtener chatarra para reciclar es el desguace de barcos. Según los datos de la ONG Shipbreaking Platform, en 2025 Turquía desmanteló 15 buques vinculados a empresas de la UE y, el año anterior, al menos 28, entre ellos el carguero Altair de la empresa española Arabella o el buque frigorífico Montecruz, del Grupo Calvo. Aunque los números podrían ser mayores porque muchas embarcaciones cambian de propiedad o de bandera antes de hacer su último viaje.
Los desguaces se llevan a cabo en la bahía de Aliaga, en Esmirna. “El desmantelamiento de buques al final de su vida útil supone un grave peligro tanto para el medio ambiente como para los trabajadores, ya que estas embarcaciones contienen todo tipo de materiales y residuos peligrosos. El amianto es, sin duda, uno de los elementos más conocidos y preocupantes, pero no es el único: también están presentes el plomo, diversos metales pesados, pinturas, combustibles y todo tipo de aceites. Todos estos contaminantes pueden quedar expuestos al entorno y a los operarios”, explica Ekin Sakin, activista de Shipbreaking Platform, que aboga por realizar este tipo de desguaces en “entornos confinados”, ya que, ahora, parte de esos materiales peligrosos terminan en el mar.
“La importación a Turquía de residuos destinados a su almacenaje, de materiales peligrosos o desechos no reciclables está estrictamente prohibida. Solo se permiten residuos limpios, separados en origen y destinados a su uso como materia prima en la industria, siempre que sean procesados en instalaciones autorizadas. Las inspecciones a las instalaciones y entidades que infringen la legislación medioambiental continúan bajo una política de tolerancia cero”, publicó recientemente en un comunicado la oficina del Gobierno turco contra la desinformación.
Sin embargo, la propia Convención de Basilea, de la que Turquía es firmante, considera los buques para desguace como “materiales peligrosos”. Ya en 2012, un estudio publicado por la FAO detectó altos niveles de metales pesados en las aguas de la bahía de Aliaga y estudios posteriores no han hecho sino confirmar esta contaminación y la de diversos compuestos tóxicos persistentes. Además, explica Sakin, entre los trabajadores de la industria se han detectado altas incidencias de enfermedades respiratorias y presencia de plomo en la sangre.
La responsabilidad europea
Con todo, el material más polémico dentro de las importaciones es el plástico. En la última década, Turquía ha importado 5,5 millones de toneladas de plásticos, o el equivalente a los residuos plásticos que genera toda España en dos años y medio. Un 60% de este plástico procede de países de la Unión Europea y se envían a la industria del reciclaje que se concentra, sobre todo, en la provincia de Adana, en el sur de Turquía. “Una parte importante de los residuos plásticos importados está compuesta por plástico film y recipientes para alimentos”, explica Sedat Gündogdu, biólogo marino de la Universidad de Çukurova (Adana): “Dado que estos materiales llegan muy contaminados con restos orgánicos y tienen diversos colorantes y estructuras complejas, reciclarlos no es sencillo y genera gran cantidad de residuos durante el tratamiento. Por cada cien kilos de plástico importado, hasta 60 terminan convirtiéndose en residuos inutilizables”.

El problema con estos restos es que, por su elevada contaminación y bajo poder calorífico, no suelen ser aceptados en las instalaciones de incineración, así que, denuncian los activistas ambientales, muchas plantas se deshacen de ellos vertiéndolos en terrenos cercanos, en ríos o en el alcantarillado. “Las consecuencias reales quedaron patentes en verano, cuando grandes cantidades de residuos plásticos, incluidos materiales importados, fueron vertidos ilegalmente y, a través del río Seyhan, fueron arrastrados hasta el mar Mediterráneo”, explica Butan.
Desde el 1 de julio, 28 instalaciones en seis provincias han sido clausuradas por vertidos ilegales, lo que, a juicio del activista de Greenpeace, pone de relieve la magnitud del problema, que afecta negativamente a la pesca, la agricultura y el turismo, además de a la salud de la población local: “La eliminación incontrolada, el almacenamiento masivo o el tratamiento térmico a baja temperatura de los materiales residuales liberan contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y microplásticos en el aire, el suelo y el agua. A medida que los plásticos se fragmentan en micropartículas y nanopartículas, estos continúan contaminando los ecosistemas durante décadas”. Por ello, las organizaciones ecologistas y los expertos piden que, como antes otros países asiáticos, Turquía prohíba la importación de plásticos y se centre en gestionar y reciclar los más de tres millones de toneladas de residuos plásticos que genera anualmente.
Además, también reclaman que la UE asuma su responsabilidad. “Este comercio no tiene ningún beneficio para la sociedad turca, y supone una forma de colonialismo que provoca profundos desequilibrios ambientales y de dependencia. Si bien los operadores de determinadas plantas pueden obtener beneficios privados, es la sociedad en general la que asume las consecuencias ecológicas y económicas”, denuncia Gündogdu: “La Unión Europea, a pesar de presentarse como un referente mundial en sostenibilidad, traslada a Turquía el coste de sus elevados patrones de consumo, en lugar de asumir la responsabilidad de su propia huella ecológica”.
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