Cree que sí es competente para «poner fin» a las nacionalizaciones que se producen en virtud de la aplicación de esta norma, como señalaron los cuatro vocales de la Junta que presentaron voto particular Leer Cree que sí es competente para «poner fin» a las nacionalizaciones que se producen en virtud de la aplicación de esta norma, como señalaron los cuatro vocales de la Junta que presentaron voto particular Leer
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En la sede de la calle Bambú, la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), que el pasado jueves se pronunció sobre los escritos que Vox presentó contra las nacionalizaciones en virtud de la ley de nietos, se recibió con una sensación agridulce.
Por un lado, en el partido de Santiago Abascal celebran que el órgano haya reclamado que se justifique «suficientemente» a que provincia se adscriben las personas que obtengan la nacionalidad española -en Vox sembraron dudas sobre el efecto electoral que puede tener a qué circunscripción se unan-. Pero, a la vez, en las filas de la formación lamentan que la Junta Electoral se haya declarado no competente para «pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento» -en definitiva, para ir más allá en su actuación contra la ley de nietos-.
Por ello, el partido de Abascal se dispone ahora a recurrir este último punto. Fuentes de la formación señalan que sus servicios jurídicos recurrirán en las próximas horas ante los tribunales contencioso-administrativos -y, en concreto, ante el Tribunal Supremo– esa resolución de la Junta Electoral. En ella, explican, el órgano dice «no tener competencias para poner fin al fraude o la ilegalidad en el censo» derivados de la aplicación de la ley de nietos -que es, en realidad, una disposición recogida en la Ley de Memoria Democrática-, pero en Vox consideran que la Junta Electoral «sí puede» y «debe» actuar contra este proceso de nacionalizaciones.
Para sostener esta argumentación, en Vox se apoyan, entre otras razones, en que cuatro vocales de la Junta Electoral presentaron un voto particular a la resolución cuestionada en el que llamaban al órgano a no permanecer «inactivo». «Si la Junta Electoral Central no es la competente para poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la Ley, ¿quién lo sería?», exponían.
El partido de Abascal ha situado la oposición a las nacionalizaciones por la ley de nietos entre sus prioridades políticas y, por ello, ha organizado un grupo de trabajo interno para coordinar las iniciativas y recursos que ha puesto en marcha contra la norma. De este órgano forman parte el coordinador jurídico de Vox y jefe de su delegación en Europa, Jorge Buxadé; su secretaria general adjunta, Montserrat Lluis; su vicesecretario de Acción Política y diputado, Ignacio de Hoces; y el director de la fundación de Vox (Disenso), Jorge Martín Frías.
Así, a las iniciativas en el plano judicial, como el recurso contra la resolución de la Junta Electoral, se suman otras coordinadas en este órgano interno, como la remisión a todos los eurodiputados del informe de la fundación Disenso sobre este asunto o la solicitud de una «reunión técnica» con la Dirección General de Justicia. Dos acciones, estas últimas, que Vox pone en marcha porque considera que las nacionalizaciones en virtud de la ley de nietos «tienen un impacto europeo»: «Quien adquiere la nacionalidad española tiene también condición de europeo», argumentan fuentes del partido, justificando que quieran instar a instituciones comunitarias a requerir al Gobierno información sobre este proceso.
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