En enero de 2028, entrará en vigor el nuevo sistema de comercio de emisiones de la UE, conocido como ETS2. Al igual que el ETS1 existente, se basa en que “quien contamina paga”. El ETS1 cubre las emisiones de carbono de sectores industriales como la generación eléctrica, el acero y el cemento. El nuevo ETS2 se extiende a los sectores del transporte y la calefacción, responsables de más del 40% de las emisiones de España. El ETS2 tendrá un impacto directo en el precio de los combustibles fósiles para los consumidores.
Propuesta alternativa de la organización Citizens Climate Lobby al plan social climático del Gobierno
En enero de 2028, entrará en vigor el nuevo sistema de comercio de emisiones de la UE, conocido como ETS2. Al igual que el ETS1 existente, se basa en que “quien contamina paga”. El ETS1 cubre las emisiones de carbono de sectores industriales como la generación eléctrica, el acero y el cemento. El nuevo ETS2 se extiende a los sectores del transporte y la calefacción, responsables de más del 40% de las emisiones de España. El ETS2 tendrá un impacto directo en el precio de los combustibles fósiles para los consumidores.
Al hacerlo, los sistemas de transporte y calefacción más limpios serán relativamente más baratos debido al encarecimiento de los combustibles fósiles. Pero este encarecimiento castiga de forma desproporcionada a los hogares vulnerables, por lo que la Unión Europea prevé la compensación mediante el fondo social para el clima. El Gobierno de España ha propuesto recientemente un plan social para el clima de 9.099 millones de euros durante 7 años, financiado en un 75% por la UE, destinado a proteger a los hogares vulnerables de las subidas de precios derivadas del ETS2 y a ayudarles a invertir en medios de transporte y calefacción doméstica más limpios.
Un programa eficaz y bien ejecutado demostraría que la transición energética también puede mejorar la equidad. Lamentablemente, el diseño de la propuesta del Gobierno puede condenarlo al fracaso: demasiadas intervenciones, complejas, de escasa dotación cada una y de difícil acceso por la barrera burocrática; dejarían fuera a buena parte de la población vulnerable.
Por ejemplo, una medida propone destinar 740,5 millones de euros a la creación de un abono único social para el transporte público, que se distribuiría gratuitamente o a bajo coste a beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), rentas mínimas de inserción (RMI), ingreso mínimo vital (IMV) y pensionistas del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI). Estos grupos suman unas 2.100.000 personas. Pero el presupuesto previsto apenas alcanza a 50 euros por persona al año, cuando el actual abono único cuesta 60 euros al mes (es decir, 720 euros al año). Además, los potenciales beneficiarios deberán solicitar el abono y someterse a un proceso de selección burocrática. ¿Tiene sentido este proceso para un alcance tan pequeño?
El abono social único revela una paradoja presente en casi todas las propuestas del plan social para el clima: la ineficiencia del enfoque selectivo. Las subvenciones dirigidas a demasiados objetivos excluyen a grandes segmentos de la población vulnerable. Intenta ser eficiente, pero corre el riesgo de desperdiciar dinero y legitimidad a través de la carga administrativa y la baja participación. No tiene por qué ser así.
Sería más eficaz poner el dinero a disposición de toda la población vulnerable, permitiendo que los hogares vulnerables utilicen el apoyo según su conveniencia. Algunos podrían destinarlo a pagar los costes adicionales de transporte y calefacción. Otros a invertir en alternativas más limpias. Muchos harían ambas cosas. Una campaña de comunicación en paralelo, explicando las razones de la ayuda, permitiría hacer un poco de pedagogía sobre la necesidad de la política climática para facilitar a los beneficiarios el mejor uso de los fondos. Lo esencial en una política de compensación es que los beneficiarios reciban el apoyo de forma rápida y sencilla.
Citizens Climate Lobby propone como posible alternativa un bono de apoyo a la transición energética (BATE). Cada ciudadano que cumpla los requisitos recibiría un bono anual de 476 euros, a gastar en los fines aprobados, desde el pago de energía limpia (electricidad), la compra de abonos de transporte público, adquisición de vehículos de movilidad personal de propulsión eléctrica, hasta la instalación de aislamiento o sistemas de calefacción limpios.
Los beneficiarios podrían incluir a los grupos vulnerables definidos, además de los hogares con ingresos anuales inferiores al umbral que el Gobierno decida. El Gobierno crearía un registro nacional de beneficiarios (actualizado anualmente), les comunicaría que su ayuda ha sido preaprobada y los usos a los que puede destinarse. El único trámite para los destinatarios sería confirmar su elegibilidad y aceptar la ayuda, de forma similar al proceso de confirmación del borrador del IRPF. El bono de apoyo a la transición energética se podría enviar en forma de tarjeta monedero o virtual de uso restringido para el pago de los bienes y servicios definidos por el plan social del clima.
En definitiva, las 13 medidas del borrador actual del plan social para el clima se podrían sustituir por un sistema más sencillo y eficiente; más fácil de administrar, evaluar y ajustar cuando sea necesario. Poner euros directamente en el bolsillo de la gente impulsará la demanda de transporte y calefacción limpios y dará a cada persona la capacidad de elegir lo que mejor se adapte a sus circunstancias.
La política climática —como cualquier política— es tan fuerte como su eslabón administrativo más débil. Las subvenciones selectivas y burocráticas erosionan la confianza pública en la acción climática en un momento en que sus opositores nunca han sido más vociferantes. España no puede permitirse una crisis de legitimidad en esta fase de la transición energética.
España es reconocida como uno de los líderes mundiales en la transición energética. La implantación del ETS2 ofrece la oportunidad de ampliar ese liderazgo y demostrar que la política climática puede también mejorar la equidad.
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