El curso escolar comienza oficialmente este martes ―las clases lo harán en casi toda España la semana que viene― en un clima de alta presión. Hay huelgas anunciadas en tres comunidades autónomas: indefinida en Madrid (a partir del 14 de octubre) y de una jornada, de momento, en Cataluña (el 8 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas) y Andalucía (el 11 de noviembre). El mapa de conflictos docentes que señalan los sindicatos es, sin embargo, más amplio. Abarca otras seis autonomías y en algún caso también puede desembocar en paros: Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Baleares, Navarra y Castilla y León. Coincidiendo con la vuelta a las aulas, la OCDE presentará, además, el informe PISA, la mayor evaluación internacional, cuya publicación suele generar sacudidas en algunos sistemas educativos, como ocurrió hace tres años con el hundimiento de los resultados de Cataluña, que este año ha sido excluida de la prueba por incumplir los requisitos de la muestra de alumnos examinados (generando un efecto de maquillaje en los resultados). Un escándalo que este lunes le costó el puesto a la secretaria general de Educación de la Generalitat.
Los centros reabren con convocatorias de huelga en Madrid, Cataluña y Andalucía para exigir mejoras en la enseñanza pública. Otras seis autonomías son escenario de tensiones que pueden desembocar en paros
El curso escolar comienza oficialmente este martes ―las clases lo harán en casi toda España la semana que viene― en un clima de alta presión. Hay huelgas anunciadas en tres comunidades autónomas: indefinida en Madrid (a partir del 14 de octubre) y de una jornada, de momento, en Cataluña (el 8 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas) y Andalucía (el 11 de noviembre). El mapa de conflictos docentes que señalan los sindicatos es, sin embargo, más amplio. Abarca otras seis autonomías y en algún caso también puede desembocar en paros: Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Baleares, Navarra y Castilla y León. Coincidiendo con la vuelta a las aulas, la OCDE presentará, además, el informe PISA, la mayor evaluación internacional, cuya publicación suele generar sacudidas en algunos sistemas educativos, como ocurrió hace tres años con el hundimiento de los resultados de Cataluña, que este año ha sido excluida de la prueba por incumplir los requisitos de la muestra de alumnos examinados (generando un efecto de maquillaje en los resultados). Un escándalo que este lunes le costó el puesto a la secretaria general de Educación de la Generalitat.
La alta conflictividad del inicio de curso refleja, afirma Fernando Villalba, portavoz del sindicato STES, el malestar que acumula buena parte de los 806.000 profesores españoles de las enseñanzas de régimen general. Villalba lo atribuye a la combinación de unas aulas cada vez más diversas, unos recursos que no han crecido lo bastante para atender el cambio en el alumnado, una temporalidad muy elevada (ronda el 30%) y la erosión de su poder adquisitivo, debido “especialmente al aumento del precio de la vivienda y el carburante”.
Al cabreo real, que tiene más causas, como la carga de papeleo que soportan los docentes, se suma, apunta Francisco Venzalá, presidente del sindicato ANPE, que en la mayor parte de España se celebrarán elecciones sindicales entre finales de 2026 y principios de 2027. Un contexto en el que las organizaciones tenderán, previsiblemente, a mostrarse especialmente exigentes en sus reivindicaciones. Y más en un contexto en el que su representatividad y margen de negociación ante la administración se está viendo cuestionada por movimientos de base, articulados en asambleas y reforzados por las redes sociales, como han puesto de manifiesto las huelgas docentes que ha habido en Asturias, Cataluña y, en menor medida, la Comunidad Valenciana, a lo largo del último año y medio. En 2027 habrá, además, elecciones en una decena de comunidades autónomas y comicios generales ―si no hay adelantos―, lo que también puede incentivar las exigencias de las centrales.
Cambios en la escuela
No hay un indicador específico que mida el incremento de la complejidad de las aulas del que hablan la mayoría de los docentes. Pero algunos datos dan pistas sobre la velocidad con la que crece. El curso pasado, en los centros públicos de 17 provincias, al menos uno de cada cinco estudiantes era extranjero. En la Comunidad Valenciana, escenario de una huelga especialmente dura, la tasa fue del 24% en primaria y del 23% en la ESO, 11 y 9 puntos más respectivamente que hace una década. En Alicante alcanzó el 30%, el nivel más alto de España. Y la estadística del Ministerio de Educación solo recoge una parte del fenómeno. No muestra, por ejemplo, el peso de los estudiantes migrantes de segunda generación que son españoles, pero cuyos padres nacieron en otro país y, según evaluaciones como PISA, también presentan en promedio una desventaja educativa.
El alumnado migrante a menudo se incorpora a los centros desconociendo la lengua del aula (que en media docena de comunidades autónomas no es el castellano, al menos en parte de su red escolar) o desde sistemas educativos más precarios. Muchos de ellos, además, señala Teresa Esperabé, secretaria general de la federación de Enseñanza de CC OO, viven en hogares vulnerables. Un tercio de los menores que viven en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, según el INE, y la mayoría asiste a la escuela pública, en un país que lidera en el mundo desarrollado la segregación escolar por motivos socioeconómicos entre esta red educativa y la concertada, según mostró en 2024 un estudio de Save the Children.
Los centros educativos también se han vuelto más diversos (y complejos), por el aumento en las aulas ordinarias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Una categoría amplia que engloba desde chavales con discapacidad o TEA hasta estudiantes con trastornos de la atención o incorporados tardíamente al sistema educativo español. En el curso 2024-2025, último disponible, los centros públicos acogían a 422.631 de ellos en Primaria y a 298.915 en la ESO. Cuatro años antes eran 272.398 y 183.549, respectivamente. El dato hay que tomarlo con precaución, porque parte del crecimiento se debe a una mejora en los sistemas encargados de emitir los dictámenes. Pero muchos docentes coinciden en que en los últimos años han visto un verdadero salto en el número de alumnos con este perfil en sus clases.
Refuerzo insuficiente
Esperabé subraya que el problema no es que haya más estudiantes migrantes o con necesidades especiales, sino que no hayan crecido en la misma medida los recursos para atenderlos. Como las aulas de acogida que les ayuden a salvar cuanto antes el obstáculo lingüístico, los programas de refuerzo, o el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje. Las ratios máximas de alumnos por clase apenas han cambiado en décadas en la mayor parte de España, aunque ahora por fin, admite la responsable de CC OO, el Ministerio de Educación está pisando el acelerador para bajarlas. El número de profesores sí ha crecido (un 1,6% el curso pasado, mientras el alumnado se reducía un 0,8% en el conjunto del sistema), pero no en la cantidad que Esperabé considera necesaria.
La mayor parte de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. Pero los sindicatos también plantean exigencias al ministerio, que Esperabé concreta en cuatro: completar la bajada de las ratios en todas las etapas educativas (las de Primaria y la ESO se tramitan por ley, así que el Gobierno necesitará reunir apoyos en el Congreso); aprobar la anunciada normativa para exigir a los centros privados de FP unos parámetros mínimos de calidad; regular la IA en educación y facilitar a alumnado y docentes una plataforma pública que puedan usar, e impulsar un gran plan financiado junto con las comunidades autónomas para climatizar las aulas en un contexto de veranos cada vez más largos. CSIF, por su parte, va un paso más allá en su exigencia al Gobierno y ha convocado una campaña de movilizaciones en toda España para reclamar mejoras para el profesorado y la escuela pública, “sin descartar la convocatoria de huelga”, que empezará el 16 de septiembre con una concentración ante el Ministerio de Educación.
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