El programa del PP plantea reformar el Reglamento para «limitar» los plazos y que la Mesa no pueda «congelar» leyes como hace ahora. Y pide acotar los «decretazos» Leer El programa del PP plantea reformar el Reglamento para «limitar» los plazos y que la Mesa no pueda «congelar» leyes como hace ahora. Y pide acotar los «decretazos» Leer
Tres de las principales medidas que contiene el programa electoral del PP se refieren directamente al Poder Legislativo y al día a día del parlamentarismo. La primera es una «Ley anti Armengol» para que la Mesa del Congreso no vuelva a ejercer de «congelador» legislativo contra la oposición. La segunda: el PP prohibirá que el Gobierno apruebe un decreto con el contenido de otro que el Congreso haya tumbado en el mismo periodo de sesiones, como ha ocurrido con los decretos de vivienda, cuya derogación precipitó la convocatoria anticipada de elecciones. La tercera: el Gobierno no podrá esquivar el control de las Cortes, y, además, cada año se celebrará el Debate del estado de la nación.
Así lo detalla el programa de los populares, a cuyas principales medidas ha accedido EL MUNDO. Lo que más preocupa al PP es que, a lo largo de la última legislatura, la Mesa del Congreso ha «congelado» decenas de proposiciones de ley del PP. Muchas de ellas, aprobadas por el Senado y con altas probabilidades de haber tenido el apoyo de la Cámara Baja, ya que las apoyaban PP, Vox y Junts, que suman la mayoría absoluta.
«Las leyes se debatirán sin trampas ni atajos», reza el programa del principal partido de la oposición. «Reformaremos los Reglamentos del Congreso y del Senado para limitar las prórrogas sucesivas de los plazos, de modo que sus Mesas no puedan bloquear una ley alargándolos injustificadamente, ni vaciar el debate acortándolos a conveniencia», añade. De hecho, el PP prevé «fijar plazos máximos para tramitar, debatir y votar en el Congreso las proposiciones de ley remitidas por el Senado», tras el caso omiso de la Mesa del Congreso a la Cámara Alta en esta última legislatura.
Además, el PP se compromete a que «no se admitirán enmiendas ajenas al contenido de las leyes», como ha ocurrido con la ley de nietos, y a que «cada ley explicará el coste que impone a ciudadanos y empresas», con una memoria económica. «Las que no cumplan su objetivo se corregirán o se derogarán. Las decisiones de las Mesas serán públicas. Reforzaremos los servicios jurídicos de las Cámaras y exigiremos que las Mesas motiven cualquier decisión que se aparte de sus informes», incide el programa. Y las solicitudes de reconsideración «deberán resolverse antes de la finalización de la tramitación de la ley».
Por otro lado, el PP solemniza en su programa que el decreto-ley «volverá a ser una excepción». «Reservaremos el decreto-ley a situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes. No podrá aprobarse otro con el contenido sustancial de uno rechazado por el Congreso durante el mismo periodo de sesiones. Limitaremos también el recurso a la urgencia, la lectura única y los procedimientos excepcionales que reducen el debate parlamentario», explican los populares en el documento con el que concurren al 29-N. Nada de «decretazos».
«La falta de apoyos o la conveniencia del Gobierno no justificarán eludir la deliberación de las Cortes», critica el programa coordinado por la vicesecretaria Alma Ezcurra. Y añade que, si gobierna Feijóo, «el presidente y los miembros del Gobierno atenderán sin subterfugios las comparecencias acordadas por el Congreso y el Senado en el plazo que fijen sus Reglamentos». «Cualquier imposibilidad de asistencia deberá justificarse» con razones suficientemente acreditadas.
Feijóo se ha comprometido esta semana a aprobar dos Presupuestos en 2027: los del ejercicio en curso y los de 2028. El programa contiene dos epígrafes. El primero: «En cien días, realizaremos una auditoría de todo el gasto. (…) Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados y los que no cumplan su objetivo serán corregidos o eliminados».
El segundo: «Dos prórrogas presupuestarias obligarán a convocar elecciones», implicando la disolución de las Cortes.
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