Toda persona que viva en España, sea de forma regular o irregular, tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita, siempre que no disponga de otra cobertura. Es así desde que en 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez recuperara en una de sus primeras medidas la sanidad universal que había rebajado el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Pero esto no quiere decir que todo el que entre al país sin residir en él tenga este derecho. La semana pasada, el Ministerio de Sanidad lanzó una campaña que recordaba que, “si vives en España, independientemente de tu situación administrativa, tienes derecho a una atención completa en la sanidad pública”, y que ha generado en torno a estas prestaciones una ola de reacciones de políticos, opinadores y médicos en la que ha participado incluso la propia ministra, Mónica García.
Todo el que vive dentro de las fronteras españolas tiene derecho a la asistencia sanitaria, pero la mayoría de quienes están de paso deben ser cubiertos por sus países, por seguros o hacer frente a las facturas
Toda persona que viva en España, sea de forma regular o irregular, tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita, siempre que no disponga de otra cobertura. Es así desde que en 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez recuperara en una de sus primeras medidas la sanidad universal que había rebajado el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Pero esto no quiere decir que todo el que entre al país sin residir en él tenga este derecho. La semana pasada, el Ministerio de Sanidad lanzó una campaña que recordaba que, “si vives en España, independientemente de tu situación administrativa, tienes derecho a una atención completa en la sanidad pública”, y que ha generado en torno a estas prestaciones una ola de reacciones de políticos, opinadores y médicos en la que ha participado incluso la propia ministra, Mónica García.
La campaña informa precisamente de este derecho, que en marzo de este año fue apuntalado con un Real Decreto para garantizar la cobertura universal, facilitando el acceso a los inmigrantes que todavía no estuvieran empadronados. Este reglamento permite acreditar la residencia a posteriori para evitar casos que se estaban registrando en algunas comunidades de migrantes que, viviendo en España, no podían acceder al sistema sanitario por carecer en ese momento de justificantes.
Esta campaña y este derecho han acabado por mezclarse con el turismo sanitario: personas extranjeras que vienen a España para tratarse gratuitamente dolencias que ya tenían en sus países. David Andina, pediatra de Urgencias en Madrid, hizo una publicación en X que el lunes llevaba más de 2,2 millones de visualizaciones, explicando que “cada semana los Servicios de Urgencias de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en sus países y que directamente desde el aeropuerto cogen un taxi o solicitan una ambulancia”.
Lo que describe este médico ―que se refiere sobre todo a personas procedentes de América Latina―, en teoría, debería ser facturado en la mayoría de los casos. Los pacientes cuya asistencia se puede reclamar al sistema público de otro país, como puede ser un turista europeo atendido con la Tarjeta Sanitaria Europea, son gestionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que en 2024 (últimos datos disponibles) recaudó 243 millones de euros.
Si el paciente no tiene cobertura aplicable mediante esos mecanismos internacionales, esa factura se gestiona por la vía del hospital o del servicio de salud autonómico, ya sea con un seguro privado o al propio usuario, en caso de no tener uno.
EL PAÍS está tratando de cuantificar este fenómeno a través de las comunidades autónomas para saber a cuántos extranjeros sin residencia atienden, si les facturan los servicios y a cuánto ascienden estos importes.
Hasta obtener esos datos, es complicado saber hasta qué punto ese turismo sanitario es anecdótico. Varios médicos de urgencias consultados en grandes ciudades dan versiones distintas. Algunos sí aseguran ver este fenómeno con relativa frecuencia; otros dicen que es prácticamente inexistente o que solo lo han presenciado en contadas ocasiones. En ningún caso afirman que sea una parte sustancial de su trabajo.
Este periódico publicó en 2023 una información sobre pacientes oncológicos infantiles tratados en Cataluña. Según aquellos datos, unos 60 niños recién llegados de Perú habían recibido en 2023 una “autorización excepcional por razones humanitarias” para tratarse de cáncer (mayoritariamente leucemia) en Barcelona, lo que representaba alrededor del 25% de los nuevos cánceres infantiles diagnosticados en toda Cataluña.
En estos casos entra en juego la Ley de Protección Jurídica del Menor. Desde 2015 dicta que los menores que “se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles”. No habla ahí de residencia, sino simplemente de encontrarse en el país.
En el caso de los adultos, la atención urgente ya estaba protegida antes de 2018, ya que el cambio de ley de 2012 del Gobierno de Rajoy mantuvo el derecho. Cosa distinta es quién debe pagar por ellas. Con la actual norma en la mano, es gratuita para los residentes, pero no para los que están de paso, salvo excepciones como la estancia temporal con cobertura internacional, la protección por embarazo o la condición de solicitantes de asilo o acceso mediante informe favorable de servicios sociales.
Aquí lo complicado puede ser facturar los servicios a estas personas en el caso de que se haga, ya que los hospitales no siempre ponen en marcha este procedimiento administrativo. El informe del Tribunal de Cuentas sobre el Hospital Comarcal de Melilla, aprobado en julio de 2025 y referido a 2022–2023, concluyó que el índice medio de recuperación de los importes liquidados a particulares era inferior al 1%. En ese grupo destacaban extranjeros sin derecho a asistencia con fondos públicos. El organismo señalaba dificultades para localizar a los pacientes y deficiencias de gestión, mientras el Ingesa, que gestiona la atención en las dos ciudades autónomas, añade las dificultades para cobrar ejecutivamente a personas domiciliadas fuera de España.
Aunque no es un dato extrapolable a todo el sistema, sí que muestra la dificultad de cobro para este colectivo, que no es, en cualquier caso, al que está dirigida la campaña del Ministerio de Sanidad, que se refiere a los residentes.
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