EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
Sus altos cargos hablan de un cambio “radical” de la institución eclesiástica que tiene a 13 de sus miembros y exmiembros señalados por encubrir, silenciar u ocultar casos
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
───────────
La Conferencia Episcopal Española (CEE) cumple 60 años y desde el departamento de prensa han publicado una serie de entrevistas a modo de especial. A tres de sus presidentes les han preguntado por los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, cuyo número estimado de víctimas, según el informe del Defensor del Pueblo de 2023, es de 440.000. España, según ese trabajo, es el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Este periódico, que lleva investigando el escándalo de pederastia en el clero español desde 2018 ha contabilizado (es la única contabilidad existente en España) 1.632 acusados y 3.138 víctimas. Estas siguen sin recibir un acto público de reparación y perdón colectivos. Y, según dijo el propio secretario general de la CEE, César García Magán, no lo habrá. “No está encima de la mesa”, comentó tras la visita del Papa León XIV.
Según sus expresidentes y según el propio Argüello, actual presidente, se están haciendo “bien” las cosas. Argüello hasta califica de “radical” el cambio de la Iglesia en la cuestión de los abusos. Son 13 los cargos de la CEE, entre expresidentes (4), exvicepresidentes (2), exsecretarios generales (2), miembros de la comisión permanente (3) y de la comisión ejecutiva (2), que están señalados por haber encubierto, silenciado u ocultado casos de abusos a menores en sus diócesis y órdenes.
La coletilla del “ha pasado en la Iglesia, sí, pero también en la familia, en la sociedad, en la educación y en el campo deportivo”, usada por Argüello, Juan José Omella (presidente de la CEE en 2020-2024) y Ricardo Blázquez (presidente de la CEE entre 2005 y 2008 y 2014-2020) demuestra la incomodidad que a los altos mandos eclesiásticos le genera ya no solo abordar la pederastia sino hablar de ella. La premisa sigue siendo la misma: hacer ver que abusos hay en todos los lados. No en todos los lados, sin embargo, han mirado para otro lado, ni han invisibilizado a las víctimas durante años y años ni tampoco han encubierto a los abusadores trasladándolos de parroquia, sitio o país.
Para Luis Argüello, las cosas han cambiado. “La cumbre que convocó el Papa Francisco [sobre abusos a menores en febrero de 2019] y la reflexión que despertó en la sociedad sobre el dolor causado nos hizo caer en cuenta de que muchos de estos hechos producidos en los años 60, 70, se veían como asuntos que era mejor arreglarlos en casa. Yo creo que esto ha cambiado de manera radical. Al menos en lo que se refiere a la Iglesia. Como también ha cambiado la manera de actuar ante la recepción de denuncias, la acogida de víctimas y demás”.
Ciro Molina, portavoz de la Asociación Infancia Robada (ANIR), responde así. “¿Cambio radical? Lo que quiere es controlar el relato, todos sabemos que lo que dice es falso, es su propia ciencia ficción. La Iglesia ha ido cambiando de discurso, pero lo ha hecho forzado por las víctimas y porque el número de casos y denuncias lo hacía todo tan evidente que ya no pueden ni negarlo ni decir que son casos aislados. Es un discurso de cara a la galería el suyo, para defender la reputación de la Iglesia. Si de verdad el cambio fuera radical, serían más transparentes, pero a día de hoy los únicos datos que tenemos son los del Defensor del Pueblo y de la investigación de EL PAÍS».
Molina, víctima de pederastia, tuvo, además, que escuchar cómo el obispo de Tenerife (fallecido en 2025) le dijo, para justificar el encubrimiento y los abusos, que chicos de 13 años le habían “provocado”.
Argüello, en la entrevista, presume además de esto: “Hemos querido hacer un acuerdo con el Estado. A través del informe del Defensor del Pueblo”. En ese informe de 2023, Ángel Gabilondo recomendaba la creación de un órgano especial de reparación del Estado con la colaboración de la Iglesia. La CEE tardó tres años en acceder a sentarse con el Gobierno para firmar un acuerdo para reparar a las víctimas, después de lanzar duras críticas al Ejecutivo por hacerle “un juicio condenatorio”. De hecho, finalmente se retractaron después de que el Vaticano interviniera en el último momento para que ese acuerdo no encallara.
Argüello, ni tampoco sus predecesores, utilizan el término delito en ningún momento, tampoco el de abusadores, sino el de “personas condenadas como causantes de un dolor grande”. En su entrevista, ha pedido misericordia por ellos. “El desafío es la atención a los victimarios, a los acusados, a los culpables. Porque si la Iglesia tiene una entraña, es acoger y ofrecer la misericordia. Que no anula la responsabilidad culpable, pero si hablamos de escucha y reparación, que sea en ambos sentidos”. Lamenta, además, que hay abusos en los ámbitos familiares, educativos, deportivos, asociativos, pero “solo se ha mirado a la Iglesia desde el punto de vista de la repercusión político-institucional”.
Por su parte, Juan José Omella cree que el asunto [de los abusos a menores] “está bien encauzado” que “le dan las gracias a Dios por afrontarlo”. Quizás, dice, “se podría haber hecho mejor o peor, pero queríamos responder y hemos respondido”. Omella, que fue presidente de la CEE entre 2020 y 2024 y es el actual arzobispo de Barcelona, asegura que el “tema” de los abusos les ha hecho sufrir a todos: “Es un escándalo” y “duele mucho”. Además, sostiene en la entrevista: “Lo que no podemos hacer es tapar con un velo y que no se sepa y mire ya, ¿le perdonamos? No, no. Hay que afrontarlo y, sobre todo, mirar a las víctimas. No solamente procurar evitarlo, hacer todo lo posible, pero sobre todo tenemos que mirar a la víctima para que su herida vaya sanando”.
Omella figura en la lista de EL PAÍS de 94 altos cargos de la Iglesia señalados por haber encubierto, silenciado y ocultado casos de abusos a menores en sus diócesis y órdenes. Fue alertado en 2022 de un caso de abusos cometidos por el sacerdote Jorge Alexander Patiño Morales, párroco de Mare de Déu de Montserrat. El arzobispado admitió a este periódico que Omella no alertó a las autoridades ni abrió un proceso canónico, como está obligado. Lo tramitó como un “asunto moral” y no lo apartó. Patiño fue denunciado por una de sus víctimas (dos de ellas eran adultas en el momento de los hechos) en 2024 y la policía arrestó al sacerdote. No solo eso, sino que Omella, además, se querelló contra el joven que le reprochó su inacción ante un cura pederasta.
El que también fuera obispo auxiliar de Zaragoza (1996-1999), de Barbastro-Monzón (1999-2004) y de Calahorra y la Calzada-Logroño (2004-2015) explica en la entrevista con la CEE que, para que las víctimas puedan sanar, tiene que haber “esa reparación, ese acompañamiento, esa mirada de cariño y de ternura que no han encontrado”.
Cuando era el máximo responsable de la jerarquía católica en España, Omella rechazó las principales conclusiones del informe del Defensor del Pueblo. “Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”, afirmó entonces. Además, rechazó acudir, como se le había pedido, a la comisión de investigación sobre pederastia en la Iglesia del Parlamento catalán, lo que le valió una denuncia ante la Fiscalía. Encargó, además, en 2022 una auditoría externa sobre los abusos al bufete Cremades & Clavo Sotelo. Pero metió un topo, Alfredo Dagnino, para que le pasara por debajo información de los casos recopilados. Cuando el despacho lo descubrió lo despidió y la CEE lo contrató como presidente de su órgano de compliance.
Con la información de Dagnino, los obispos redactaron un informe propio, Para dar luz, y enterraron los resultados del estudio de Cremades, similares a los del Defensor del Pueblo y a los de la investigación de EL PAÍS. De hecho, sobre Para dar luz, este periódico destapó que faltaban decenas de casos de ese informe que las diócesis y órdenes sí entregaron al Defensor y Cremades, y también que los obispos publicaron por error el nombre de medio centenar de víctimas en su web.
Ricardo Blázquez, por su parte, cuenta en la entrevista que, desde el discurso del Papa Francisco en febrero de 2019 a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, cree que “se han ido dando pasos muy importantes”, y que se han abierto “sinceramente al diálogo” con las víctimas. Así lo expresa: “Creo que en España se ha ido haciendo bien, bastante bien. Evidentemente, muy bien, muy bien, solo Dios lo sabe hacer…”.
Las víctimas, en contra de ese buen hacer que Argüello, Omella y Blázquez destacan, llevan años diciendo que no se sienten escuchadas. Se quejan de los procesos largos y farragosos. Incluso cuando una orden da credibilidad a sus denuncias y les pagan una indemnización, ven cómo el cura no recibe ningún castigo. En los procesos canónicos, otra de las quejas de las víctimas es que ni siquiera son consideradas como tal, sino como meros testigos.
El caso de María M., que desveló este periódico, muestra cómo se les margina e invisibiliza. Cuando denunció en 2019 los abusos sexuales que sufrió de niña por parte de su tío, sacerdote, descubrió que el caso había prescrito penalmente. Se abrió un procedimiento canónico contra él: el obispado de Ourense aseguró haber llevado a cabo una investigación previa y archivó el caso en 2021. Nunca tomó declaración a la víctima. La Fiscalía, por cierto, ha pedido 29 años de cárcel para el cura por violar a sus sobrinas.
El caso de J. G. C resume perfectamente, por su parte, por qué algunas víctimas concluyen que no sirve para nada denunciar ante la Iglesia. Denunció ante el obispado de Segovia haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 13 años en el seminario de la ciudad. El tribunal de la Rota y el obispado de Segovia han archivado su denuncia sin llamar a ninguno de los testigos reclamados por la familia y creyendo solo la versión del cura acusado.
Sociedad en EL PAÍS
