La falta de seguridad jurídica (88,3%) y la okupación o la posibilidad de impago (81,3%) son las principales preocupaciones de los propietarios a la hora de alquilar su vivienda Leer La falta de seguridad jurídica (88,3%) y la okupación o la posibilidad de impago (81,3%) son las principales preocupaciones de los propietarios a la hora de alquilar su vivienda Leer
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¿Cómo se puede llegar a perderlo todo? Hoy en día, comprando una casa. «Metí todos mis ahorros para tener una renta que complementara mi jubilación, que no sé de cuánto va a ser, pero pequeñísima. Ahora no tengo ni ahorro ni renta», lamenta Consuelo Barroso (52 años). Si un miércoles 28 recibió las llaves de su nueva casa en Sevilla, para la tarde del jueves un grupo de 15 personas reventó la puerta con una palanqueta y la expulsó por la fuerza. «Me parece tan indignante que puede llegar gente, darte una patada en la puerta y quedarse con tu casa por la cara y que las leyes no hagan nada», denuncia la autónoma.
Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en el segundo trimestre del año se ingresaron 443 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas o desahucios exprés. Sin embargo, solo contabilizan aquellos ordenados por la vía judicial, no por la vía penal -como delitos de usurpación de vivienda y allanamiento de morada-, además de otros que alcanzan acuerdos extrajudiciales con los okupas, lo que ya suma más casos a la realidad que la estadística no cuenta… como el de Barroso: «Dicen que la okupación no existe, ¡pero vaya que sí existe!».
Ella sabía de antemano que la casa que compraba tenía bicho. Allí vivía una familia que pagaba un alquiler irregular a unos ocupantes anteriores con antecedentes penales. De hecho, más de 24.050 viviendas okupadas se ofertaron para la venta en el último trimestre del año pasado, según Idealista. Sin embargo, «para evitarles problemas con las personas que se la habían alquilado, acordamos facilitarles su traslado a otra vivienda en un barrio donde pudieran estar más seguros», cuenta Barroso, por lo que llegaron a un acuerdo. Pero el mismo día que usaba oficialmente las llaves de su casa, cambiaba la cerradura e instalaba una alarma, apareció el grupo de okupas anteriores para echarla a la fuerza junto con los obreros y el agente de la inmobiliaria.
«Pensamos que la policía nos iba a dar la razón porque teníamos todo en regla», recuerda. Con lo que no contaba era que el intermediario, vinculado profesionalmente a una empresa de desocupaciones, también era pariente del grupo asaltante. «Es desokupa y okupa según le convenga. Se la saben todas las de la ley», critica Barroso. Con una solicitud del Ingreso Mínimo Vital de hace cuatro años -en la que había puesto esa dirección únicamente a efectos de notificaciones sin tener un padrón- y el argumento de que allí también residían menores, presionó a la policía para evitar su desahucio en el momento. «Es una cadena de gente actuando y una mala acción de la policía. Nos habían dado la razón hasta que llegó este desokupa y empezaron a dudar; pero nosotros estuvimos dentro de la vivienda, no había ni ropa de niños ni comida. La casa estaba vacía».
Todo terminó con los asaltantes permaneciendo en la vivienda mientras promocionan su venta en Facebook y Whatsapp; y los agentes asegurando que habían recibido una orden de sus superiores para «ser precavidos y no desalojar en ese momento», por lo que Barroso tendría que presentar una denuncia urgente y ellos elaborarían un informe de lo sucedido. Un proceso que incluso el propio oficial del juzgado advirtió de que se alargaría meses y meses: «Es un despropósito absoluto. Siempre he sido una persona muy conservadora, me daba mucho miedo todo y quise hacerlo 100% legal; al final, te ves en la calle y sin saber a quién acudir«.
La vivienda ha escalado en prioridades, sobre todo en los últimos días con el estallido social desde el desahucio de Maricarmen Abascal y las desorbitadas subidas en los precios en todos los segmentos. En el alquiler específicamente, el sector achaca a la inseguridad jurídica desde la aprobación de la Ley de Vivienda la escasez de pisos disponibles. La última norma que ha levantado criticas en el sector alrededor de este tema ha sido la convalidación de uno de los Decretos Maricarmen que el Gobierno aprobó antes del adelanto electoral. Se trata del primero, el que incluye la suspención de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030. En el de Barroso, la mención de menores o ayudas sociales bastó para frenar la actuación policial.
Cuando se les pregunta a los propietarios sus preocupaciones a la hora de alquilar su vivienda, la mayoría señala a la falta de seguridad jurídica (88,3%) y la okupación o la posibilidad de impago (81,3%). Estos datos pertenecen a la encuesta anual realizada por la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), donde uno de cada cuatro (24,6%)asociados asegura que alguna de sus propiedades arrendadas se encuentra ocupada ilegalmente o en algún proceso judicial en curso por impago o expiración del contrato.
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