
A la izquierda le costó mucho reconocer el derecho a la eutanasia. No fue hasta 2021 cuando aprobó la ley en vigor, pese al enorme aval social que tenía desde tiempo atrás: ya en 1995 el CIS registraba un 62% de respaldo, y hace cinco años solo un 15% de la población se posicionó en contra. A la derecha, este mismo apoyo, que choca con las convicciones religiosas presentes en sus partidos, le dificulta aclarar qué haría con ella si llega al poder. Sus programas electorales plantean los cuidados paliativos como si fuera una dicotomía y sus líderes la eluden cuando no amenazan con recortarla, sin concretar qué pasará con este derecho.
Feijóo reconoce que no está de acuerdo con la ley y no aclara qué hará con la muerte digna, una prestación con amplio respaldo social

A la izquierda le costó mucho reconocer el derecho a la eutanasia. No fue hasta 2021 cuando aprobó la ley en vigor, pese al enorme aval social que tenía desde tiempo atrás: ya en 1995 el CIS registraba un 62% de respaldo, y hace cinco años solo un 15% de la población se posicionó en contra. A la derecha, este mismo apoyo, que choca con las convicciones religiosas presentes en sus partidos, le dificulta aclarar qué haría con ella si llega al poder. Sus programas electorales plantean los cuidados paliativos como si fuera una dicotomía y sus líderes la eluden cuando no amenazan con recortarla, sin concretar qué pasará con este derecho.
El programa del PP propone una ley de cuidados paliativos. Es una vieja reivindicación de este sector de la medicina que no está reñida con el derecho a la eutanasia, a la que los populares la contraponen implícitamente: “Hablar de una muerte digna exige garantizar primero los cuidados y los apoyos necesarios para vivir con dignidad hasta el final”. Aboga el PP por que “nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas ni tenga que afrontarla en soledad”.
¿Pero qué hará con la eutanasia si gobierna? El programa no lo deja claro. La posición frontalmente en contra que tenía el Partido Popular antes de que la ley se aprobara se fue modulando, hasta votar en contra de su derogación en octubre de 2025, cuando Vox llevó esta propuesta a la Comisión Constitucional del Congreso.
El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, va aportando matices en cada entrevista que concede. En una de las últimas, en el podcast El secreto de la birra, dijo que no está de acuerdo con la actual ley de eutanasia y quiere modificarla si gobierna. “Esa modificación puede ser una derogación total o parcial”, añadió, sin aclarar en qué cambiará. En otra, en la SER aseguró que quería revisar la ley en vigor para dar “más protagonismo a los médicos”. Tampoco aclaró cómo. La eutanasia tiene que ser aprobada por un médico, luego ratificada por otro médico y, después de eso, debe pasar por el filtro de las comisiones de garantía autonómicas, en las que también hay médicos, además de juristas y otros expertos en bioética.
En otra entrevista, en El Hormiguero, Feijóo pidió que el proceso pasara por comités de ética, algo que ya ocurre. También dijo: “A lo mejor esa persona toma esta decisión hoy, pero a lo mejor en otras condiciones dentro de una semana toma otra decisión”. Lo cierto es que la persona tiene que ratificar su decisión 15 días después de la petición.
La ley de muerte digna en España es muy garantista. Solo le concede la prestación en dos supuestos. El primero, para personas que tengan un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, que incida en la autonomía física y las actividades de la vida diaria, que conlleve “un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece”, además de que no haya posibilidad de curación o mejoría apreciable. El segundo, en caso de “enfermedad grave e incurable”, que ocasione “sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio” y que tenga “un pronóstico de vida limitado”. Se aprueban algo menos de la mitad de las que se solicitan y el proceso, que debería durar 40 días, se dilata una media de 72 y una mediana de 54.
Vox, el partido más firme contra la eutanasia, está rebajando el tono en estas elecciones. En sus programas han pasado de proponer explícitamente la derogación de la ley a hacerlo de forma implícita: “Defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte”. Habla también el documento de garantizar la objeción de conciencia de los profesionales, algo que ya se hace, y de fomentar los cuidados paliativos.
El líder del partido ultra, Santiago Abascal, eludió contestar de forma clara en una entrevista en Onda Cero el pasado 4 de noviembre: “A nosotros nos gustaría que haya una mayoría social en España que pueda respaldar posiciones que lo que hagan sea favorecer a las personas más vulnerables, y yo creo que son los mayores [en referencia a la eutanasia], y son los no nacidos [en referencia al aborto], que son los más indefensos. Nosotros vamos a apoyar cualquier política que beneficie a las personas más vulnerables en España, ese es un proceso gradual. Sabemos que nuestras posiciones no tienen una mayoría social y somos conscientes de ello”. Pese a la insistencia del presentador, no llegó a concretar su posición.
Existen formas de socavar el derecho sin necesidad de prohibirlo. Eso denuncia la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la principal impulsora de la ley actual, en un análisis de los datos autonómicos. En ellos se comprueban grandísimas diferencias de acceso a la prestación que no se corresponden con los perfiles demográficos de la población.
Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2025, muestran que Cataluña registró 7,36 solicitudes por cada 100.000 habitantes de 18 o más años, más de 10 veces la tasa de Murcia, de 0,70. Tras Cataluña se situaron Navarra (6,72) y Euskadi (6,05), todas ellas con participación socialista en sus gobiernos. En el extremo contrario, las tres comunidades con menos peticiones en relación con su población —Murcia, Comunidad Valenciana (1,08) y Extremadura (1,12)— estaban gobernadas por el PP. Las seguían Castilla-La Mancha (1,42), con un Ejecutivo socialista, y Andalucía (1,50), también presidida por los populares.
DMD lo achaca a la falta de información a los pacientes y formación a los profesionales, a las trabas y a las dilaciones en los plazos. En 2025, 382 personas murieron antes de recibir la eutanasia: el 31,3% de los 1.219 procedimientos finalizados, casi un tercio.
Las cinco comunidades con mayor tiempo medio entre la primera solicitud y la eutanasia fueron Castilla y León (90,7 días), Canarias (87,4), Castilla-La Mancha (83), Murcia (82,5) y Cataluña (81,9), frente a los 72,4 del conjunto de España, según el informe de 2025. Dos estaban presididas por el PP; otras dos, por socialistas, y Canarias, por Coalición Canaria, que gobernaba con los populares. Las más rápidas fueron Navarra (37,6 días), Euskadi (44,1) y Extremadura (45), aunque en esta última solo se realizó una prestación, lo que limita la utilidad de la comparación. Los tiempos mencionados incluyen los aplazamientos voluntarios de los pacientes, por lo que no toda su duración puede atribuirse a retrasos administrativos.
Los partidos de izquierda no defienden ahora una posición de avanzar más en la ley para que más personas puedan pedirla sin necesidad de ese “sufrimiento intolerable”. La última iniciativa del Gobierno al respecto fue un Manual de Buenas Prácticas impulsado por el Ministerio de Sanidad para agilizar los plazos, ser más diligente en los casos más urgentes y dar más protagonismo a la enfermería en el proceso. Fue aprobado en julio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único voto en contra de la Comunidad de Madrid.
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