El partido advierte de que Mercedes González y Manuel Llamas mantienen «el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar». Leer El partido advierte de que Mercedes González y Manuel Llamas mantienen «el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar». Leer
El PP ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Leire Díez’ que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, «cualquier facultad de mando» sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras la causa siga investigándose.
Así lo ha hecho a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que incide en que ambos mandos de la Guardia Civil, imputados en la causa, mantienen «el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar».
Los ‘populares’, que dirigen la acusación popular unificada en la causa, interesan varias «medidas cautelares de protección» para los agentes investigadores, empezando por «la prohibición de ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus integrantes, atribuyéndose tales facultades a un mando ajeno a la cadena de los investigados».
Asimismo, abogan por que se impida a González y Llamas «incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento».
También interesan que no puedan acceder «a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la de comunicarse, directamente o a través de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa».
A la par que dejan en manos del juez instructor, Santiago Pedraz, que adopte «cuantas otras medidas que estime procedentes para asegurar la indemnidad de la investigación, la integridad de las fuentes de prueba y la protección de los agentes afectados».
El PP recuerda que el juez imputó a González y Llamas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por obstrucción, «consistentes en la instrumentalización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE».
Según resalta, el bien jurídico a proteger «no es sólo el correcto funcionamiento de la Administración, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la dirección de los distintos órganos judiciales, en procedimientos penales de la máxima sensibilidad».
«Constituye un hecho público y notorio que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el DAO continúan al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión», añaden.
Una situación que, bajo su punto de vista, «resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos máximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios».
Tras subrayar que el juez «ya ha reconocido la necesidad de proteger a la UCO», la formación menciona que «la existencia del riesgo no es una hipótesis de esta parte, sino una realidad ya apreciada por el propio instructor, que ordenó a la UCO mantener la debida cautela sobre la evolución de la investigación y no informar de sus avances a la cúpula del Cuerpo, precisamente para evitar que los detalles llegaran a los dos máximos responsables investigados».
En nombre de la acusación popular unificada, apunta que «tal cautela resulta insuficiente si los investigados conservan el resto de sus facultades sobre la unidad», por lo que considera necesario adoptar esas medidas cautelares, ya que «existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes», porque «los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados», que ante el juez negaron haber presionado a esa unidad.
Los ‘populares’ también han solicitado por segunda vez que se cite como investigado al ex director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, el antecesor de la actual directora, una petición que el juez Pedraz rechazó en el primer intento al no apreciar indicios en su contra.
En un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, insisten en que el ex jefe de la UCO Rafael Yuste desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y de Llamas para «ponerse de perfil» en la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.
Así, remarcan que los hechos investigados «responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional».
«La correlación temporal entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el período junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura», razonan.
Por lo que, a ojos del PP, resulta «incoherente» que la investigación se dirija formalmente «contra el ‘número dos’ operativo –Llamas– y la directora general –González– y, sin embargo, no se llame al procedimiento a quien fue superior jerárquico del primero y antecesor de la segunda, y a quien tanto Yuste como el propio Llamas sitúan como partícipe activo en los hechos».
De este modo, la acusación popular unificada solicita al juez que cite como imputado a Marcos con el fin de determinar «su conocimiento y eventual autorización de las informaciones reservadas incoadas contra la UCO»; el alcance de las instrucciones transmitidas a los mandos de la Unidad para ‘ponerse de perfil’ o ‘no ser proactivos’ en causas de afectación política».
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