Una coalición internacional de abogados y activistas ha iniciado una ofensiva legal a gran escala contra la mayor empresa cárnica del mundo, JBS, de origen brasileño pero que cotiza en varias bolsas, como la de Wall Street. La denominada Coalición Legal Transnacional (TLC, sus siglas en inglés) está formada por organizaciones con amplia experiencia en litigios climáticos y medioambientales y ha sido la encargada de armar este caso. Este miércoles ha presentado 14 demandas de forma coordinada en cuatro países europeos —Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos— contra este gigante cárnico, pero también contra algunos de los bancos y fondos que lo financian. Y la vía que han elegido es la de denunciar el presunto blanqueo de capitales. Porque el razonamiento que subyace tras esta acción es que la actividad ganadera es uno de los grandes impulsores de la deforestación de la Amazonía; y beneficiarse de un presunto delito medioambiental como la deforestación entraría dentro de lo que se puede considerar blanqueo de capitales en muchos países europeos, sostienen los denunciantes.
Una coalición de organizaciones especializadas en litigios climáticos presenta 14 denuncias en cuatro países europeos contra el gigante JBS y sus financiadores
Una coalición internacional de abogados y activistas ha iniciado una ofensiva legal a gran escala contra la mayor empresa cárnica del mundo, JBS, de origen brasileño pero que cotiza en varias bolsas, como la de Wall Street. La denominada Coalición Legal Transnacional (TLC, sus siglas en inglés) está formada por organizaciones con amplia experiencia en litigios climáticos y medioambientales y ha sido la encargada de armar este caso. Este miércoles ha presentado 14 demandas de forma coordinada en cuatro países europeos —Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos— contra este gigante cárnico, pero también contra algunos de los bancos y fondos que lo financian. Y la vía que han elegido es la de denunciar el presunto blanqueo de capitales. Porque el razonamiento que subyace tras esta acción es que la actividad ganadera es uno de los grandes impulsores de la deforestación de la Amazonía; y beneficiarse de un presunto delito medioambiental como la deforestación entraría dentro de lo que se puede considerar blanqueo de capitales en muchos países europeos, sostienen los denunciantes.
Los pastos para el ganado se abren en la selva amazónica, pero la carne acaba llegando a las estanterías de los supermercados de medio mundo, incluida Europa. “Durante años, diferentes grupos han atacado distintas partes de este problema. Las comunidades y organizaciones indígenas en Brasil, especialmente, han luchado de frente contra la ocupación de tierras y la destrucción de bosques”, explica Gerald O’Quinn, director de la Red Global de Acción Legal (conocida por sus siglas en inglés GLAN). “Los activistas han desafiado a JBS y a sus financiadores, y los abogados han presentado casos”, añade. Pero esos esfuerzos se han impulsado de forma descoordinada en diferentes vías y jurisdicciones nacionales. O’Quinn explica que, precisamente, esta coalición TLC nace para unificar esa lucha: “El daño puede comenzar con la tala ilegal de bosques en Brasil, pero el ganado, los ingresos, la inversión y los servicios profesionales se mueven a través de un sistema económico transnacional, así que estamos intentando adaptar la arquitectura de la rendición de cuentas con la arquitectura del problema”.
Las demandas también se dirigen contra 12 de los financiadores, fondos, abogados y contables ligados a la multinacional. Por un lado, se ha presentado un denuncia contra la empresa matriz JBS NV ante la Fiscalía de Países Bajos por presunta deforestación ilegal, incluyendo territorios indígenas. La misma denuncia se ha activado en el Reino Unido contra JBS Global Limited. Paralelamente, se presentaron otros 12 escritos legales ante reguladores financieros que supervisan las leyes contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los Países Bajos. Estas quejas se dirigen contra los principales bancos y financiadores de JBS —Barclays, Standard Chartered, Bank of Montreal, Banco do Brasil, Rabobank e ING Bank—, además de contra el fondo BlackRock Asset Management. Por último, en los escritos ante los reguladores se incluye a abogados, contables y auditores de JBS pertenecientes a varias auditoras.
“La deforestación ilegal no es solo un problema de conservación, no es solo un problema de la cadena de suministro, sino que es una cuestión de destrucción del clima global y de las futuras generaciones”, advierte Miriam Zagoumas, directora jurídica del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, otra de las organizaciones que forman parte de la iniciativa. La deforestación está directamente relacionada con el cambio climático, ya que esa vegetación que se destruye para los pastos deja de retener enormes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Pero, además, la ganadería es también una fuente de emisiones de metano, otra de las sustancias que están detrás del calentamiento global. “Contribuir y beneficiarse de la deforestación puede ser una forma de crimen organizado”, advierte Zagoumas.
La organización TLC recalca que la “ganadería es el principal motor de deforestación en la Amazonía brasileña, y existe un extenso cuerpo de pruebas que vincula JBS con décadas de esa destrucción”. La legislación europea sobre el blanqueo de capitales permite perseguir los beneficios logrados con “el ganado criado en terrenos deforestados ilegalmente”, incide este grupo de abogados. Por eso han abierto esta vía en Europa.
Para sustentar su demanda, este grupo encargó un informe a AidEnvironment sobre la deforestación y las explotaciones agrícolas vinculadas a JBS. “Reveló que entre 1988 y julio de 2025, JBS puede estar vinculado a más de 6,5 millones de hectáreas de tierras deforestadas en la Amazonía brasileña, 3.393.271 hectáreas de proveedores directos y 3.204.576 hectáreas de proveedores indirectos”, detalla TLC.
En cualquier caso, el problema de la carne vinculada a la deforestación es un asunto complejo de rastrear, como mostraba otro informe de la organización Human Rights Watch (HRW) publicado hace un año. El análisis se centraba en el proceso de blanqueo de las reses y apuntaba a que cada animal pasa por varias fincas, lo que hace casi imposible seguir el rastro. Normalmente, el ganado nace en la tierra ilegal, después pasa por varias haciendas que ejercen de intermediarias, donde crece, y finalmente va a la propiedad final, donde acaba de engordar y desde donde se vende a empresas, como el gigante JBS.
La dificultad de la trazabilidad también afecta a las emisiones de efecto invernadero. De hecho, JBS renunció este verano formalmente a su objetivo climático principal, que era lograr unas emisiones netas cero en 2040 en toda su cadena de valor. La compañía sí mantiene ese compromiso para sus operaciones directas, pero no en el caso de sus proveedores, que es donde radica la mayor parte de su huella ambiental. La empresa argumenta que tiene grandes dificultades para poder controlar las emisiones de su red de proveedores global.
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