El acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela protege los intereses de empresarios privados, pero no establece la obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país suramericano, según una investigación publicada por ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación.
El medio examinó una copia del acuerdo de 18 páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, que concede al Gobierno estadounidense una participación del 35% en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El pacto permite a Estados Unidos comprar el 20% de la producción de NABEP a 30 dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante 50 años. Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte. El acuerdo también permite a Washington comprar toda la producción de la compañía si declara una emergencia nacional.
La junta directiva tendrá siete miembros, una mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por el Gobierno de EEUU sin derecho a voto. Según ProPublica, la estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.
La empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores. El acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
En septiembre, Rubio defendió la elección de NABEP, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción. En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales y no había sido imputado formalmente.
El secretario de Estado sostuvo que la compañía podrá aumentar la producción y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos procedentes de la venta de petróleo mediante la auditora KPMG y defendió una nueva regulación para profesionalizar la industria.
La empresa, por su parte, ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, ProPublica señala que el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
La Casa Blanca había anunciado que Venezuela recibiría 200.000 millones en impuestos y regalías, pero el documento no establece la obligación explícita de pagarlos.
El acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela protege los intereses de empresarios privados, pero no establece la obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país suramericano, según una investigación publicada por ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación.
El medio examinó una copia del acuerdo de 18 páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, que concede al Gobierno estadounidense una participación del 35% en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El pacto permite a Estados Unidos comprar el 20% de la producción de NABEP a 30 dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante 50 años. Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte. El acuerdo también permite a Washington comprar toda la producción de la compañía si declara una emergencia nacional.
La junta directiva tendrá siete miembros, una mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por el Gobierno de EEUU sin derecho a voto. Según ProPublica, la estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.
La empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores. El acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
En septiembre, Rubio defendió la elección de NABEP, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción. En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales y no había sido imputado formalmente.
El secretario de Estado sostuvo que la compañía podrá aumentar la producción y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos procedentes de la venta de petróleo mediante la auditora KPMG y defendió una nueva regulación para profesionalizar la industria.
La empresa, por su parte, ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, ProPublica señala que el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
20MINUTOS.ES – Internacional
