Hay decisiones que definen una época mejor que cualquier discurso. La decisión de la Administración Trump, adoptada el pasado 18 de agosto, de sancionar a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, por ejercer sus funciones es una de ellas. Washington acusa al tribunal de estar politizado y castiga a quienes se atreven a investigar a dirigentes que considera intocables.
EEUU no forma parte del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la Corte sobre sus ciudadanos. Ya se opuso a las investigaciones sobre Afganistán y a las órdenes contra responsables israelíes. Ahora bien, una cosa es no reconocer un tribunal y otra muy distinta sancionar a sus jueces porque ejercen sus funciones.
Las sanciones no son una protesta diplomática: congelan activos y restringen el acceso al sistema financiero estadounidense. El mensaje es nítido. Si un juez internacional investiga a quien no debe, EEUU puede castigarlo. El secretario de Estado Marco Rubio lo ha dicho sin rodeos: hay que «desmantelar» esa amenaza y presionar a los Estados miembros para que retiren su apoyo. No es una discrepancia jurídica. Es una ofensiva política.
Las grandes potencias nunca han soportado bien una justicia que no controlan. Durante décadas, sin embargo, Washington entendió que un orden internacional mínimamente estable exigía instituciones capaces de perseguir los crímenes más graves. Trump ha llegado a la conclusión contraria.
La Corte puede equivocarse. Sus decisiones pueden discutirse. Es legítimo cuestionar su alcance. Pero la independencia judicial desaparece en el momento en que un juez debe calcular las consecuencias políticas de investigar a un poderoso.
Aquí reside la contradicción esencial. Si la justicia internacional solo es válida cuando persigue a los enemigos de Occidente, particularmente de la Casa Blanca, deja de ser justicia. Y si se detiene cuando investiga a aliados o a ciudadanos estadounidenses, también. No puede funcionar a la carta.
La Unión Europea debería entender lo que está en juego. No se trata solo de una disputa entre Washington y La Haya. Se trata de si el poder acepta límites jurídicos cuando le resultan incómodos. Trump está enviando un mensaje claro al mundo: su gobierno está dispuesto a castigar a quienes intenten aplicar las reglas que no le gustan. Europa no puede limitarse a lamentar estas sanciones en privado. Si acepta en silencio que un juez internacional pueda ser castigado por hacer su trabajo, estará aceptando que la fuerza pueda imponerse al derecho. Un juez internacional no debería preguntarse a quién investiga antes de aplicar la ley. Si tiene que hacerlo, la justicia habrá empezado a morir mucho antes de que desaparezca la Corte.
«Trump está enviando un mensaje claro al mundo: su gobierno está dispuesto a castigar a quienes intenten aplicar las reglas que no le gustan».
Hay decisiones que definen una época mejor que cualquier discurso. La decisión de la Administración Trump, adoptada el pasado 18 de agosto, de sancionar a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, por ejercer sus funciones es una de ellas. Washington acusa al tribunal de estar politizado y castiga a quienes se atreven a investigar a dirigentes que considera intocables.
EEUU no forma parte del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la Corte sobre sus ciudadanos. Ya se opuso a las investigaciones sobre Afganistán y a las órdenes contra responsables israelíes. Ahora bien, una cosa es no reconocer un tribunal y otra muy distinta sancionar a sus jueces porque ejercen sus funciones.
Las sanciones no son una protesta diplomática: congelan activos y restringen el acceso al sistema financiero estadounidense. El mensaje es nítido. Si un juez internacional investiga a quien no debe, EEUU puede castigarlo. El secretario de Estado Marco Rubio lo ha dicho sin rodeos: hay que «desmantelar» esa amenaza y presionar a los Estados miembros para que retiren su apoyo. No es una discrepancia jurídica. Es una ofensiva política.
Las grandes potencias nunca han soportado bien una justicia que no controlan. Durante décadas, sin embargo, Washington entendió que un orden internacional mínimamente estable exigía instituciones capaces de perseguir los crímenes más graves. Trump ha llegado a la conclusión contraria.
La Corte puede equivocarse. Sus decisiones pueden discutirse. Es legítimo cuestionar su alcance. Pero la independencia judicial desaparece en el momento en que un juez debe calcular las consecuencias políticas de investigar a un poderoso.
Aquí reside la contradicción esencial. Si la justicia internacional solo es válida cuando persigue a los enemigos de Occidente, particularmente de la Casa Blanca, deja de ser justicia. Y si se detiene cuando investiga a aliados o a ciudadanos estadounidenses, también. No puede funcionar a la carta.
La Unión Europea debería entender lo que está en juego. No se trata solo de una disputa entre Washington y La Haya. Se trata de si el poder acepta límites jurídicos cuando le resultan incómodos. Trump está enviando un mensaje claro al mundo: su gobierno está dispuesto a castigar a quienes intenten aplicar las reglas que no le gustan. Europa no puede limitarse a lamentar estas sanciones en privado. Si acepta en silencio que un juez internacional pueda ser castigado por hacer su trabajo, estará aceptando que la fuerza pueda imponerse al derecho. Un juez internacional no debería preguntarse a quién investiga antes de aplicar la ley. Si tiene que hacerlo, la justicia habrá empezado a morir mucho antes de que desaparezca la Corte.
20MINUTOS.ES – Internacional
