En España, el 63,1% de las personas mayores de 65 años que dicen tener limitaciones severas en su vida diaria no reciben atención por parte del sistema de dependencia. Son casi dos tercios. Así se desprende del informe El derecho del cuidado y la economía de los cuidados en España, presentado este lunes en Madrid por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). Por tanto, el gran peso de la atención sigue recayendo sobre las familias, y esto quiere decir, básicamente, sobre las mujeres.
Un informe calcula que hacen falta unos 16.000 millones de euros de aquí a 2030 para asegurar una atención universal y con mejores servicios
En España, el 63,1% de las personas mayores de 65 años que dicen tener limitaciones severas en su vida diaria no reciben atención por parte del sistema de dependencia. Son casi dos tercios. Así se desprende del informe El derecho del cuidado y la economía de los cuidados en España, presentado este lunes en Madrid por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). Por tanto, el gran peso de la atención sigue recayendo sobre las familias, y esto quiere decir, básicamente, sobre las mujeres.
“Es consecuencia de la infrafinanciación de nuestro sistema”, apunta Nacho Álvarez, uno de los directores del estudio, ahora profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, que en la pasada legislatura fue secretario de Estado de Derechos Sociales. Hacen falta unos 16.000 millones de euros de aquí a 2030, que equivalen a 0,6 puntos del PIB estimado para ese año, para alcanzar la universalidad y avanzar en un cambio de modelo de atención, que permita a quienes necesiten cuidados permanecer en sus casas o ser cuidados de la forma más parecida posible a un hogar cuando tengan que ir a un centro. Esta inversión nos situaría cerca de la media de la OCDE (1,7%) y supondría, además, un motor de crecimiento para el conjunto de la economía.
Lo que se conoce como la brecha de cuidados comprende a quienes, necesitando ayuda por estar en situación de dependencia, no la reciben. En el informe se estudia tanto la absoluta —el porcentaje de los mayores de 65 que dicen tener alguna limitación y no son atendidos (72,4%)— como la relativa, la de quienes tienen dificultades severas.
El cálculo se hace cruzando datos de Eurostat y del sistema de la dependencia en España. Y tiene la limitación de que parte de un sondeo, es decir, son los propios encuestados los que declaran si tienen o no dificultades, y en qué grado. Esa autopercepción puede, por tanto, no ser del todo objetiva. Además de que alguien con limitaciones puede no querer recibir ayuda formal y ni siquiera solicitarla. Pero el hecho de que casi dos tercios de quienes dicen tener serias limitaciones no reciban atención por parte del sistema público es un dato lo suficientemente contundente como para resaltarlo. Según el informe, a finales de 2024 eran más de 900.000 personas, de las cuales algo menos de 350.000 recibían apoyos por su dependencia.
“La brecha ha experimentado una reducción notable, de 12 puntos [era del 75% en 2020 y ahora está en el 63,1%], que coincide con el periodo en el que se incrementan muy rápidamente las prestaciones por dependencia”, apunta Álvarez. Pero la cifra es “elevada”, reconoce. Sobre todo, si se une a que el 28% de quienes sí son atendidos consideran que los apoyos que reciben son insuficientes (se valora tanto la atención por parte del sistema público como la que prestan las familias en los hogares).
El informe recalca que los cuidados de larga duración constituyen la pata más frágil del Estado de bienestar, pese a las mejoras recientes del sistema. Los autores —ocho académicos— apuntan a que de 2015 a 2025 se redujo “en más de un 70% el limbo de la dependencia”, es decir, las personas que, teniendo derecho a recibir una atención o servicio, no lo hacían. Y desde 2017 se han duplicado las prestaciones, hasta superar los 1,6 millones. Todo ello, en un contexto de crecimiento de la demanda, dado el envejecimiento de la población.
El aumento de financiación experimentado en la legislatura pasada, entre 2021 y 2023, gracias a un plan de choque aprobado por el Gobierno en la época en la que Álvarez era secretario de Estado, tiene que ver con ese impulso. Pero, ni mucho menos, el problema de la dependencia está resuelto. A finales de 2025 seguía habiendo más de 285.000 personas que aguardaban a ser atendidas, en distintas fases del procedimiento, según las cifras publicadas el pasado marzo por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En el informe presentado este lunes se destaca, además, que hay “limitaciones estructurales”. De media, se tarda aún cerca de un año desde que se solicita la ayuda hasta que se recibe, lejos del plazo legal de seis meses. “Esta demora, unida a la insuficiente intensidad de algunos servicios” y a la persistencia de “fuertes” desigualdades territoriales, “impide que el derecho reconocido se traduzca siempre en un derecho efectivo”, destaca el CENIE en un comunicado.
Álvarez señala, además, que quedan “pasos muy importantes” por dar respecto a la calidad del sistema. “Más de la mitad de las personas atendidas en residencias están ubicadas en centros con más de 100 plazas, que en general suponen una atención más protocolizada y menos individualizada. El 75% comparten habitación”, afirma. En su opinión, “los grandes retos del sistema siguen por acometerse: acercar la media de la financiación a los países de la OCDE y empezar a avanzar de forma notable y profunda en la transformación del modelo para asegurar una mejor calidad”.
En el estudio se plantean cuatro escenarios de aquí a 2030. De menor a mayor ambición. El primero es puramente continuista e implicaría un aumento de gasto de 0,3 puntos del PIB: todo estaría igual, solo que atendiendo a más personas. El cuarto supondría una subida de 0,6 puntos del PIB estimado para ese año, es decir, unos 16.000 millones de euros, y permitiría atender a todo el que lo necesite y, además, habría una mejora en las prestaciones, dando pasos hacia un cambio de modelo (aunque este no sería completo). Con ello, España estaría invirtiendo el 1,6% de su PIB, frente al 1% de 2024. Aún muy lejos del 4,1% de Países Bajos o del 3,7% de Suecia. Este cuarto escenario permitiría, además, crear 430.000 nuevos empleos y generar un incremento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.
Esto es algo que destacan los autores: mejor hablar de inversión que de gasto. Los 10.623 millones que las administraciones públicas destinaron en 2023 a sufragar las prestaciones por dependencia generaron un impacto de 17.260 millones sobre el PIB. Álvarez lo explica así: “Por cada euro invertido se moviliza la actividad económica por valor de 1,6 euros. Lo que llamamos gasto en dependencia es inversión. Es un motor económico muy potente, que afecta al sector sociosanitario, pero también a otros muchos, como el de la construcción e inmobiliario o el de hostelería”. Pero, además, se observa un importante retorno fiscal: por cada euro invertido, 0,49 regresa a las administraciones públicas en forma, por ejemplo, de IRPF, impuestos de sociedades, IVA, cotizaciones sociales…
En el informe se calcula, además, el peso invisible de los cuidados informales, que se prestan en los hogares, normalmente las mujeres, equivalente a entre el 3,6% y el 4,7% del PIB (aquí se incluye la atención a los niños). Y también se estudia el empleo en el sector de los cuidados de larga duración: hay 1,3 millones de personas contratadas, lo cual supone el 6% del empleo del país, detalla Álvarez. Debido al fuerte peso que tiene en el sector el trabajo doméstico, lo han incluido en los cálculos (es casi la mitad del total), si bien es cierto que resulta imposible diferenciar entre quienes realizan labores de limpieza o solo cuidados. La mayoría de las trabajadoras son mujeres (87%) y hay una “precariedad estructural”, con mayores tasas de temporalidad (23,1%) y parcialidad (35,6%) que en el resto de la economía española y con un peor salario (de un 35% a un 45% más bajo que el sueldo medio del país). “El problema es generalizado en todos los países europeos, pero en España es todavía más acusado”, lamenta Álvarez.
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