La Comisión señala que este tipo de operaciones «son temporales y no tienen impacto». El Ejecutivo va más allá y afirma que, en realidad, nunca se utilizaron los Next Generation para las prestaciones Leer La Comisión señala que este tipo de operaciones «son temporales y no tienen impacto». El Ejecutivo va más allá y afirma que, en realidad, nunca se utilizaron los Next Generation para las prestaciones Leer
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El Gobierno está muy satisfecho y siente que Bruselas ha avalado totalmente el uso que ha hecho de los fondos europeos en lo relativo al pago de las pensiones. El vicepresidente de Reformas y Cohesión, Rafael Fitto, explicó ayer que aunque el abono de las prestaciones y «otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios».
Y añadió que «este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE». Esto es, ni una advertencia o aviso de sanción para el Ejecutivo español, que ha acogido muy bien el mensaje y se reafirma. «Todo es legal«, señalan fuentes del Gobierno a este periódico, al tiempo que subrayan, incluso, que la realidad es que no se ha hecho uso en ningún momento de los fondos europeos.
El Tribunal de Cuentas apuntó la pasada semana que, en el ejercicio 2024, el Gobierno había empleado casi 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos para abonar prestaciones. «La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», señaló. Y esto ha generado mucho ruido tanto en Bruselas como en Alemania, donde la información ha sido publicada esta semana por varios medios.
El Ejecutivo español, por su parte, ha acuñado el eufemismo «reflejo presupuestario» para explicar la operación y sostener que nunca se llegó a utilizar dinero europeo. «Afirmar que se han desviado recursos del Plan de Recuperación para financiar las pensiones es rotundamente falso. Ni un solo euro del PRTR [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia] ha ido a otro fin que no sea el Plan de Recuperación», añaden. Esto no es exactamente lo que dice la Comisión porque, como ya se ha apuntado, el Ejecutivo comunitario sí estima que se ha producido un uso de fondos UE para prestaciones. En cualquier caso, la conclusión de Bruselas y Moncloa es muy similar: todo está en orden.
En la capital comunitaria, sin embargo, la presión va a continuar. Diferentes eurodiputados alemanes ya han mostrado su disconformidad, aunque su capacidad de actuación es muy limitada. Lo relevante es lo que diga la Comisión. Precisamente por ello, desde el Partido Popular Europeo, que es la familia política a la que pertenece la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, han empezado a moverse en esa dirección: comunicar directamente a la máxima responsable que creen que el criterio empleado no es adecuado.
La delegación española del PP, que está siendo especialmente activa, subraya que, efectivamente, «el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prohíbe expresamente el uso de estos recursos para cubrir gasto corriente de los Estados miembros». Y que no hay más interpretación que esa.
Es más, incluso dentro de la propia Comisión habría voces que están trasladando de manera más o menos clara las dudas que les genera España, su uso de los fondos europeos y las explicaciones ofrecidas en el caso de las pensiones. Pero por ahora, la postura oficial es muy clara y ayer había muchas ganas de transmitirla: lo que ha hecho España no es ilegal.
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