Moncloa alienta la movilización bajo la creencia de que el parón erosiona al PP y a Vox y no a ellos, que son quienes gobiernan. Acelera la aprobación de medidas sociales que condicionarán al nuevo Ejecutivo Leer Moncloa alienta la movilización bajo la creencia de que el parón erosiona al PP y a Vox y no a ellos, que son quienes gobiernan. Acelera la aprobación de medidas sociales que condicionarán al nuevo Ejecutivo Leer
En medio de una carretera en plena noche demoscópica, el Gobierno enciende las luces largas, tratando de proyectarse lejos en el futuro, pese a que su visibilidad, según la práctica totalidad de previsiones, queda reducida a metros, véase meses, ante la perspectiva de una nueva mayoría que posibilite una coalición del PP y Vox. En las últimas semanas, y la previsión es que también en las siguientes, aprueba medidas socioeconómicas destinadas a estar vigentes años, más allá del mandato actual. El decreto ley para ampliar la protección a las familias monoparentales o las numerosas con pocos recursos; y el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, con más de 750 medidas para los próximos cuatro años y que incluye, por primera vez, el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres, aprobados ayer, son sólo dos ejemplos.
A ellos se suman otras medidas como la inminente subida del Salario Mínimo; el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031; el II Plan de Acción de Juventud 2025-2028 que moviliza 60.000 millones; nuevas medidas y ayudas en la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME); incorporar dos tipos de incapacidad temporal de carácter especial con mayor protección: derivada de trastorno menopáusico y para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género ; destinar 201 millones para construir viviendas de alquiler asequible… Medidas e inversiones a largo plazo, más allá de los próximos meses, más allá del actual mandato y con una importante carga política e ideológica. Con el veredicto de las urnas aún por determinar y constatar quién heredera esas iniciativas, en un escenario donde todas las encuestas, aquí sí hay consenso, dibujan una mayoría de PP y Vox.
Hasta el 29-N quedan dos Consejos de Ministros, pero La Moncloa ha programado otros dos extraordinarios, para el día 13, día que arranca la campaña, y el 20, ecuador de la misma. Empezará el sprint final con el BOE como aliado -los decretos ley entran en vigor en cuanto se publican, aunque luego hay que convalidarlos en el Congreso-. En el Gobierno, consultados sobre qué requiere de tanta excepcionalidad, explican: «Van muchas cosas y hemos entendido que así es más operativo». A lo que se defienden: «Aprobar medidas es legal hasta el último día y hemos organizado la agenda conforme a ser más productivos».
Este arreón socioeconómico no se verá condicionado por la huelga general de este miércoles. No ya sólo porque en La Moncloa vean el parón como una oportunidad para desgastar al PP y Vox, sino porque apenas 24 horas después prevén aprobar en el Congreso, aprovechando la mayoría a su favor en la Diputación Permanente, su llamado «decreto Maricarmen» de vivienda -así lo bautizó Pedro Sánchez– y el viernes 13, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, celebrarán un Consejo de Ministros extraordinario para seguir dando luz verde a iniciativas socioeconómicas.
En el Ejecutivo no analizan la huelga como una piedra en el camino. Más bien al contrario. No altera sus planes. De hecho, la lectura que hacen es que puede ser un hito que les favorezca. Las huelgas generales, al menos hasta ahora, se han convocado contra quien ostenta el poder, en protesta por la acción de quien ocupa La Moncloa. No es esa su visión. Aunque ahora modulan el mensaje, los socialistas no ocultan en privado que de ser convocada contra alguien, sería «contra la oposición» y no ellos y, de hecho, alientan la participación en ella.
Pese a que la coalición progresista lleva en el poder desde hace ocho años, su análisis es que como PP, Vox y Junts tumbaron el paquete de medidas en materia de vivienda que desencadenó el adelanto electoral; la movilización en la calle -acampada en Sol incluida- y la convocatoria de este parón, son ellos los destinatarios de la protesta.
El propio Sánchez abona esa teoría, argumentando que los avances han sido posibles gracias a la movilización de los trabajadores que «salieron a la calle e hicieron huelgas». Su mensaje desde el lunes, al comienzo de la semana no dejó lugar a dudas de cómo La Moncloa ve en el parón un impulso y no una estocada: expuso que los derechos laborales y sociales «se pueden perder en un instante» si PP y Vox ganan las elecciones.
La movilización está convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actoresy Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida. «Es una huelga diferente y así nos la tomamos», reconocen fuentes gubernamentales, en alusión a que su creencia es que la movilización no es un misil contra ellos sino contra el PP y Vox. «El derecho de huelga y el de manifestación son constitucionales. Y el PP tiene un problema con los derechos, entre ellos estos».
Los miembros del Gobierno no tendrán agenda este miércoles. «Por respeto», dicen en Moncloa. «Tiene libertad para que cada uno libremente ejerza su derecho». En principio, trabajarán, pero en sus despachos o ministerios. «La ciudadanía espera que estemos en nuestros cargos. A partir de ahí, respeto», reflexionan fuentes del Gobierno. Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, dejó bien claro que hará «todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito». No sólo apoyo, sino que hago un llamamiento a la movilización».
«La huelga está legítimamente convocada. Compartimos los motivos, no la huelga», observa un miembro del Gobierno. «Lo relevante no es si hacemos huelga, lo relevante es respetar ese derecho», terció Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo. «Es una huelga que se concibe a favor de los derechos de todos y todas. Pido respeto para los sindicatos».
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