Asegura que mantendrán la licencia y escaparán de las denuncias del mercado eléctrico… otra vez Leer Asegura que mantendrán la licencia y escaparán de las denuncias del mercado eléctrico… otra vez Leer
Holaluz es, en palabras de su CEO, Carlota Pi, un modelo de comercializadora de energía «hiper, mega, ultrasostenible» que no gusta a «las incumbentes» del mercado de la electricidad que han elevado su denuncia al Ministerio de Transición Ecólogica. Y ese es, según la empresaria catalana, el motivo por el que le quedan seis días hábiles para presentar alegaciones y detener el cierre de su empresa.
El equipo de Holaluz se encuentra trabajando sin descanso y a toda velocidad para salvar la empresa. Con un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio, el pasado 18 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a la compañía catalana se encuentra a contrarreloj.
«Es una cuestión puramente administrativa, puntual, que sin duda vamos a resolver» quita hierro Pi en una conversación telefónica con este medio. Es el mensaje que desde la compañía no han cesado de repetir desde que el domingo pasado trascendió que Transición iniciaba un procedimiento para desactivar sus permisos para comercializar electricidad. Al día siguiente el BME Growth detuvo su cotización en bolsa. «Se ha iniciado un expediente para una potencial inhabilitación que no va a ocurrir, porque vamos a cerrar este caso en los próximos días», asegura.
Tienen a sus espaldas cierta práctica: según Pi, el modelo de su empresa siempre ha estado en el punto de la diana por los grandes grupos de la energía. «A nosotros el establishment nos ataca constantemente. Lo han estado haciendo desde 2014, en el 2019, en el 2024 y ahora en el 2026… porque somos una compañía joven, que desarrolla tecnología para democratizar el sector de la energía», afirma con vehemencia y en defensa de un modelo que, desde el principio, ha decidido ofrecer a los consumidores «abundante energía, verde y barata».
Holaluz sigue el modelo de las comercializadoras independientes; es decir, no genera su propia energía, sino que tiene una licencia para comercializar electricidad. Para poder competir en el mercado, la estrategia general se basa en ajustar sus márgenes para mantener una política muy agresiva de precios. En el caso de Holaluz, su oferta de electricidad «es de origen 100% verde».
Lo cierto es que en esta última ocasión, el «trámite administrativo» y «puntual» conlleva una intervención directa de Transición para inhabilitarla, que acompaña a un expediente abierto desde abril en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). En el caso del primero, el departamento de Sara Aegesen rechaza hablar de un «procedimiento garantista en curso» y no ofrece explicaciones. La CNMC tampoco hace declaraciones públicas, si bien el motivo de la apertura de su expediente lleva la etiqueta de «infracción grave» del artículo 65.3 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), directamente relacionada con impagos de de precios y peajes de acceso a las redes de suministro.
Y no es la primera vez que a Holaluz se le señala con ese mismo motivo. Aunque como el Ministerio, o alguna de las grandes operadoras eléctricas consultadas por este medio, Pi rechaza aclarar la causa por las que se ha iniciado los trámites para retirarle el permiso de comercialización de electricidad, en base al «carácter reservado» de «esta cuestión administrativa». Ayer Cinco Días se remitía a denuncias por impago de peajes en manos de Transición para cifrar la deuda de Holaluz en casi seis millones de euros con las filiales de las principales distribuidoras del país (Iberdrola, Endesa, Naturgy). Pi no comenta esta información.
«No vamos a agotar los plazos, y estamos trabajando para que estas alegaciones sean inapelables y supercontundentes», aclara, no obstante. Después de que concluya el plazo para recurrir, no sabe cuándo conocerán la resolución. La teoría de estos procedimientos dicta que tardarán unos meses. Entonces, y si la medida prospera y Holaluz pierde su licencia, deberá avisar a sus clientes en un plazo máximo de cinco días hábiles. A partir de la publicación oficial en el BOE, los clientes tendrán ocho días hábiles para formalizar un contrato con la operadora que deseen, o el Ministerio les trasladará a un comercializador de referencia (COR) manteniendo las mismas condiciones que su anterior contrato.
Pi rechaza decir cuántos usuarios de Holaluz podrían verse afectados en una potencial retirada de cartera, que es la consecuencia que sigue a una inhabilitación. Según explica el Ministerio, los afectados pasarán a manos de una comercializadora de referencia, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, entre otras. Por lo pronto, y remitiéndose al balance de resultados de la empresa para 2025 y publicado en BME Growth, cuentan con «más de 225.000 contratos que contra viento y marea se mantienen en la compañía»; si bien no es un reflejo real dado que puede haber varios contratos por usuarios. Los datos de la CNMC para el tercer trimestre de 2025 recogen que Holaluz contaba con 139.111 abonados en el mercado libre. Esta es una cifra que cae un 124,2% desde 2021, cuando alcanzó su pico máximo con 311.886 abonados.
Pi no aclara qué sucederá con Holaluz si les retiran el permiso de venta del que es su negocio principal (también comercializan gas natural desde hace unos meses, y forman parte del mercado de instalación de placas solares y el de baterías). «No contemplamos el hecho de que nos vayan a retirar la licencia», responde, sin hacer valoraciones sobre estas líneas de negocio, ni tampoco comenta el nivel de solvencia actual de la empresa. Su último balance para 2025 recoge pérdidas de 22,1 millones de euros, una caída del 29,5% interanual respecto a 2024, cuando los números rojos eran de 31,4 millones de euros. Sus ingresos se situaron en los 158,9 millones de euros, una caída del 41,3% respecto a 2024, según las cuentas publicadas en BME Growth y que recoge Europa Press, y donde sobresale el desempeño de la venta de electricidad. Mientras, su resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 5,5 millones negativos, una mejora respecto a los 12 millones de euros negativos del año anterior.
«No somos una comercializadora, hacemos de comercializadora», concluye Pi. En su web oficial Holaluz efectivamente se presenta como comercializadora eléctrica, pero «somos una compañía de tecnología, que hace 15 años desarrollamos una plataforma tecnológica para conectar productores independientes de energía (parques eólicos, solares, plantas de biomasa…). Y tenemos 12.000 comunidades energéticas en toda España».
El suyo, argumenta, es un modelo de negocio «cada vez más sólido, que cada vez da más miedo y por eso ellos quieren matarnos de una vez por todas». Ellos, los principales agentes de la energía en el país.
Por lo pronto, la proliferación de las comercializadoras independientes lleva un tiempo en el punto de mira de la CNMC. El regulador ha instado en los últimos días a reforzar los requisitos de acceso (como pedir un capital inicial mínimo para ejercer) así como los criterios de permanencia en el mercado (como una supervisión continua) para asegurar el suministro a los usuarios. Especialmente tras la crisis de los precios de la energía de 2021 y 2022.
«Entre 2022 y 2025, 39 comercializadoras fueron inhabilitadas por incumplir los requisitos legales. En consecuencia, se produjeron impagos para el sistema eléctrico cercanos a los 250 millones de euros. A ello, se sumaron las deudas con las distribuidoras por impago de los peajes de acceso a la red y cargos», detalla la CNMC. La multa por estas infracciones graves oscilan entre los 600.001 euros y los 6.000.000 euros.
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