La Fundación Atenea propone una agenda de reformas basada en la libertad económica, un Estado limitado y la disciplina fiscal. Leer La Fundación Atenea propone una agenda de reformas basada en la libertad económica, un Estado limitado y la disciplina fiscal. Leer
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La Fundación Atenea ha presentado un documento cuajado de rigor analítico y ambición reformista: Soluciones para España: un Programa Económico, elaborado por el economista Rubén Manso. En él, se realiza no solo un diagnóstico certero de los males estructurales que aquejan a la economía española, sino una propuesta alternativa inspirada en los principios de la economía de mercado, la subsidiariedad y un Estado limitado. En la tradición de los grandes pensadores liberales clásicos, desde Adam Smith hasta Friedrich Hayek y Milton Friedman, el texto reivindica la centralidad del individuo, la propiedad privada y la competencia como motores del progreso humano.
El diagnóstico es implacable: un crecimiento extensivo, sustentado en el aumento de la población activa y de las horas trabajadas, acompañado de una precaria productividad y una acusada brecha de convergencia real con la UE-Eurozona. Este fenómeno no es coyuntural, sino consecuencia de un marco institucional deficiente: una regulación laberíntica derivada del «pluralismo legislativo» autonómico y local que genera costes equivalentes al 2% del PIB, una fiscalidad confiscatoria que desincentiva la inversión y el ahorro, y un sistema de pensiones de reparto insostenible cuya deuda implícita sextuplica el PIB. El informe desmonta esa ilusión óptica y subraya la necesidad imperiosa de reformas de oferta profundas.
Los cuatro ejes transversales del programa -disciplina fiscal rigurosa, reformas estructurales de oferta, un Estado limitado que fortalezca la sociedad civil y el principio de subsidiariedad como criterio universal- articulan una visión coherente y holística. En materia fiscal, se propone la sustitución del actual IRPF progresivo por una flat tax combinada con un potente mínimo exento familiar para incentivar el trabajo, el ahorro y la inversión; la reducción del tipo de sociedades hacia niveles competitivos (18-22%, al estilo irlandés) o la deflactación automática de tramos por inflación.
La sostenibilidad de las finanzas públicas ocupa un lugar central. El informe aboga por límites constitucionales o legales no solo al déficit, sino a los ingresos públicos consolidados como porcentaje del PIB. Privatizaciones selectivas -incluyendo la desinversión total del Estado en participaciones como AENA, Enagás o Red Eléctrica- y la enajenación de patrimonio inmobiliario excedentario, con destino íntegro a la amortización de deuda. En el ámbito autonómico, se defiende la corresponsabilidad fiscal real, quien gaste debe recaudar, y la reducción de duplicidades administrativas que podrían liberar entre 0,3% y 0,7% del PIB.
El capítulo de pensiones destaca por su realismo actuarial. El tránsito gradual hacia un modelo mixto de reparto y capitalización individual, donde el trabajador sea propietario efectivo de sus aportaciones, mitiga el riesgo demográfico asociado al baby boom. En sanidad se propone generalizar el modelo Muface, preservando la cobertura universal, pero otorgando libertad de elección entre red pública y aseguradoras privadas. En educación, el cheque escolar universal empodera a las familias y fomenta la competencia entre centros, mientras un currículo básico blindado por expertos reduce la inestabilidad legislativa (ocho leyes orgánicas desde la Transición).
En el mercado de trabajo y la vivienda, el informe despliega propuestas igualmente incisivas. La creación de un «patrimonio de afectación» para autónomos limitaría la responsabilidad universal del Código Civil, protegiendo el patrimonio familiar y estimulando el emprendimiento entre los más de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia. Para el sector inmobiliario, la liberalización del suelo mediante silencio administrativo positivo, la reducción de plazos burocráticos (actualmente de 8 a 15 años) y el rechazo a los controles de precios de alquiler son medidas ortodoxas y eficaces. Incentivos fiscales a contratos de larga duración completarían un marco que equilibra flexibilidad y seguridad.
El principio de subsidiariedad impregna todo el documento: el Estado debe abstenerse de intervenir allí donde la sociedad civil, el mercado o los niveles inferiores de gobierno pueden resolver los problemas con mayor eficiencia. Esto implica competencia regulatoria entre autonomías (elección de regulación por las empresas multinormativas) y una reducción drástica de la carga normativa que asfixia especialmente a las pymes. En inmigración, se subraya la necesidad de control estricto de flujos irregulares para preservar la sostenibilidad financiera de un Estado del bienestar universalista.
En conclusión, Soluciones para España: un Programa Económico de la Fundación Atenea y Rubén Manso es una importante y valiosa contribución intelectual al debate público español, lejos de utopías intervencionistas o fatalismos resignados. Su implementación exigiría coraje político y una mayoría capaz de llevarle adelante, pero sus beneficios -mayor crecimiento potencial, productividad elevada, libertad individual ampliada y cohesión territorial basada en la unidad nacional- justificarían ampliamente el esfuerzo. En estos tiempos de incertidumbre, Atenea ha iluminado un camino de esperanza racional para una España próspera y libre.
*Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.
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